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México

La “narcopolitica” contra los luchadores sociales

24/10/2014

La “narcopolitica” contra los luchadores sociales

La conferencia del Procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, mostró que el gobierno quiere descargar toda la responsabilidad en los autores intelectuales y materiales inmediatos. Pero también muestra los alcances e intenciones de los vínculos entre el narco y el estado mexicano.

En la mencionada conferencia de prensa, Murillo Karam informó de la reconstrucción de los hechos y la investigación, la cual señala a José Luis Abarca Velázquez, alcalde de Iguala y a su esposa, como los principales operadores en la zona del Cartel Guerreros Unidos. Junto al director de la policía municipal y el operador de Guerreros Unidos (apodado El Gil) serían los responsables intelectuales de la desaparición de la masacre de Iguala y la desaparición de los estudiantes.

Los funcionarios públicos: en la nómina del narco

Según Murillo, la “contención” de los estudiantes (como cínicamente se denomina a su ametrallamiento, tortura y desaparición) pretendía evitar que los normalistas saboteasen un acto oficial de la “primera dama” de Iguala.

Los estudiantes iban a esa ciudad con el objetivo de recabar fondos para trasladarse a la marcha del 2 de octubre en la ciudad de México. Desde el momento que ingresaron a la misma, los informantes de Guerreros Unidos, junto a la policía de Iguala y de la vecina población de Cocula actuaron coordinadamente. Según el propio gobierno federal, los jefes y subjefes policiales de ambas ciudades están en la “nomina” de Guerreros Unidos.

Como se desprende de la misma investigación oficial, se trató de una verdadera emboscada perpetrada por las policías de Iguala y Cocula, que bloquearon la carretera, asesinaron a varios de los estudiantes y secuestraron al resto.

Entre ambas fuerzas policiales los trasladaron y entregaron a los sicarios de Guerreros Unidos. El líder máximo de esta organización, Sidronio Casarruvias, avaló que sus hombres secuestrasen a los estudiantes, bajo el supuesto de que se trataban de personas del cartel opuesto, “Los Rojos”. Los normalistas fueron puestos en camionetas y conducidos por caminos de terraceria con rumbo desconocido: hasta ese momento llega la información oficial, construida a partir de los testimonios de policías municipales y sicarios detenidos.

Una vez más se evidencia la asociación entre el narcotráfico y las instituciones estatales, donde según el especialista Edgardo Buscaglia, alrededor de 65% de los ayuntamientos municipales del país están coludidos con el narco.

Sin embargo, como ya comentan muchos analistas, a nadie puede engañar que los líderes de Guerreros Unidos “confundieron” a los estudiantes con sicarios rivales. En México, las bandas de narcotraficantes actúan muchas veces como bandas paramilitares contra los movimientos y luchadores sociales, como ya se vio, por ejemplo, en el año 2011, con el asesinado de varios líderes de comunidades rurales e integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

En Guerrero, tanto el gobierno estatal de Aguirre como los gobiernos municipales como el de Abarca, tienen como el principal foco de protesta social el magisterio nucleado en la CETEG y el normalismo. Contra los mismos actúan las bandas de narcotraficantes, en colusión con las fuerzas policiales, como ya se vio el 12 de diciembre del 2012, cuando la policia atacó y asesinó a dos normalistas de Ayotzinapa en la Autopista del Sol.

Un estado que huele a podrido

La presentación del procurador apunta en el sentido de la operación política que monta el gobierno: trasladar todo el peso de la responsabilidad a los autores inmediatos. Pretende conjurar la crisis política nacional, presentando el caso como el resultado de la corrupción existente en los municipios de Iguala y Cocula. En ese sentido apenas ayer se anunció una investigación sobre la participación, denunciada por muchos normalistas, del 27 Batallón de Infantería (una fuerza federal) en los sucesos de Iguala.

Pero la realidad es que la asociación entre el narcotrafico y el estado no se limita a esos municipios; ni siquiera a los niveles más bajos de gobierno local, como son los ayuntamientos municipales.

En los últimos años, altos mandos de las fuerzas armadas actuaron como protectores de los capos, como fue el caso de Jesús Gutiérrez Rebollo, pretendido zar antidrogas y protector de Joaquín El Chapo Guzmán.

Como denunciaba la periodista de investigación Anabel Hernández, los narcos contaban con toda una red de protección por parte de la Agencia Federal de Investigaciones y la misma PGR para descargar su mercancía en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La misma investigadora, bajo el gobierno panista, denunciaba los lazos directos entre la Secretaría de Gobernación y el ejecutivo federal con algunos de los principales carteles del narcotrafico y la venta de “plazas” o territorios para la distribución de drogas. Esta colusión histórica llegó al punto que uno de los principales y más salvajes carteles está conformado por fuerzas especiales (los GAFE) que se convirtieron en sicarios.

En el caso de los partidos, la asociación con el narco corre pareja entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). En Michoacán, el ex gobernador perredista Leonel Godoy y su familia fueron señalados por sus vínculos con el narco, cuestión que se repitió con su sucesor, el priista Fausto Trejo.

Y ahora, integrantes connotados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), liderado por López Obrador, aparecen implicados con el narcotráfico. Es el caso de Lázaro Mazón, ex secretario de Salud de Guerrero e integrante del Consejo Estatal de Morena, quien es señalado como el “padrino político” de José Luis Abarca, el alcalde de Iguala.

Lo que pone blanco sobre negro el movimiento de cientos de miles en las calles, es la podredumbre del estado capitalista, y la asociación entre los distintos niveles del estado y del régimen político con el narcotrafico. A los ojos de millones se hace evidente la degradación y descomposición del capitalismo mexicano y las instituciones de la llamada “alternancia democrática”.

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