FT-CI

Análisis y opinión - Diarios de México

07/11/2006

Oaxaca, México

Luis Hernández Navarro, La Jornada

Durante meses, el conflicto en Oaxaca fue rehén de la situación política nacional. Pero ahora, en un vuelco de 180 grados, la coyuntura inmediata del país está atravesada por la sublevación oaxaqueña. El problema de "una sola calle", como lo bautizó Ulises Ruiz, define ya muchas de las grandes decisiones políticas nacionales.

Las elecciones federales de julio de 2006 colocaron las protestas magisteriales en la entidad y las movilizaciones de la naciente Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en un segundo plano. Roberto Madrazo aseguró que tenían "aroma de mujer", insinuando que detrás de ellas se encontraba Elba Esther Gordillo. No fueron pocos los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador que vieron en la sublevación una maniobra para dañar la imagen de su candidato.

El conflicto poselectoral dio vida artificial a Ulises Ruiz. Las grandes movilizaciones contra el fraude electoral oscurecieron el levantamiento oaxaqueño. Cargando a cuestas un grave déficit de legitimidad, Felipe Calderón necesita del apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para llegar a la Presidencia de la República y para mantenerse en ella con los menores sobresaltos posibles. El tricolor ha puesto precio a esta alianza: el sostenimiento en su cargo del gobernador de Oaxaca.

Sin embargo, ahora la situación ha cambiado. Oaxaca está en el centro de la agenda política nacional. A punto de terminar su mandato, Vicente Fox confesó que heredará el conflicto a su sucesor. El próximo 20 de noviembre, fecha en la que López Obrador tomará posesión como presidente legítimo, distintas fuerzas han anunciado la realización de un paro nacional en apoyo a la APPO. Los insumisos oaxaqueños han dado un jaque al rey al declarar que, si Ulises Ruiz no se va, piensan trasladarse a la ciudad de México para impedir que Felipe Calderón se convierta en presidente de la República.

Una y otra vez, el gabinete de transición del abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) declara a la prensa que sigue atento el conflicto, pero que es ajeno al manejo que el gobierno federal le está dando. La mentira no confunde a nadie. Dentro del movimiento se sabe con absoluta certeza que el envío de la Policía Federal Preventiva (PFP) a Oaxaca fue una exigencia del presidente electo a Vicente Fox. Josefina Vázquez, habilitada como operadora para "desactivar el conflicto", dejó a su paso demasiadas huellas de su infructuosa labor. Temeroso de tener que lidiar con un problema que ni entiende ni puede resolver con la política de "mano dura" que ha ofrecido a los círculos empresariales, Calderón presionó con todo para que fuera este gobierno y no el suyo el que pagara el costo de la represión en la entidad. Pero todo fue inútil. Las cosas son hoy más complicadas de lo que eran antes de la Batalla de Oaxaca.

Por si fuera poco, la prensa de todo el mundo informa sobre lo sucedido en Oaxaca. Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y de países de Europa han pedido a sus conciudadanos que no viajen a la entidad. Reconocidos intelectuales del mundo entero han exigido al gobierno mexicano la salida de la PFP del estado y la renuncia de Ulises Ruiz. Decenas de consulados mexicanos en el exterior se han convertido en el centro de furibundas protestas contra el gobierno de Vicente Fox. Impávida, la diplomacia mexicana hace agua, mientras su capitán abandona el barco antes de tiempo y su vocero declara que los costos a pagar ya "estaban contemplados".

Las imágenes de las siete horas de enfrentamiento entre los robocops made in Mexico y los estudiantes y colonos oaxaqueños que defendieron la universidad el pasado Día de Muertos dieron la vuelta al planeta. La policía mexicana fue derrotada por un levantamiento popular y los medios de comunicación fueron testigos. La Comuna de Oaxaca ha levantado una enorme ola de admiración, simpatía y solidaridad en miles de jóvenes. Muchos se aprestan a viajar a territorio mexicano para servir de escudos humanos ante la barbarie.

El desaguisado hoy es más grande ahora que cuando los gendarmes federales ocuparon Oaxaca. Alimentada de una compleja e intensa vida comunitaria y de una sabiduría política de decenas de años de lucha, la resistencia oaxaqueña ha mostrado hoy ser mucho más hábil que el gobierno federal y estatal. Sus dirigentes marchan siempre dos o tres pasos más adelante que los políticos profesionales.

Apenas una semana después de la entrada de la PFP en la entidad, cientos de miles de oaxaqueños tomaron la capital del estado para exigir su salida. El intento de presentar la acción policial como una iniciativa "imparcial" para restaurar el orden fracasó. La movilización hizo evidente que los gendarmes federales están allí para sostener a Ulises Ruiz.

La inteligencia táctica de la APPO es sorprendente. Cuando el gobierno federal se prepara para que el movimiento popular responda con la violencia, éste se defiende pacíficamente. Cuando el poder se cree militarmente victorioso y emprende lo que supone será la "ultima batalla" en la universidad, la sublevación resiste con palos, piedras y molotovs y le propina una apabullante derrota. Cuando Bucareli anuncia el regreso a clases, los maestros se quedan afuera de las aulas. Cuando el gobierno federal cree que puede obligar al movimiento a sentarse a negociar su rendición, éste la descarrila. Cuando Abascal quiere llevar a los dirigentes a dialogar a la ciudad de México en lo oscurito, éstos abren una mesa de negociación con la sociedad en Oaxaca.

La última maniobra del movimiento popular ha sido convertir su protesta en asunto central de la agenda política nacional. Las grandes definiciones de los próximos meses estarán marcadas por el conflicto. El gobierno federal se ha metido en un pantano del que no podrá salir. Oaxaca es hoy, más que nunca, México.


Bombardeo dirigido

Julio Hernández López, La Jornada

Las explosiones de ayer abonan el camino a la represión política. Las derrotas gubernamentales frente a masas oaxaqueñas podrían buscar venganza selectiva mediante acusaciones de terrorismo contra líderes políticamente insurrectos. Por lo pronto, se prepara a la población televisivamente manipulable para que aplauda todo acto de mano dura que ponga fin a acciones que estarían atentando contra la paz y el orden públicos. Y la mira del miedo institucional no está puesta solamente en el conflicto sureño sino, también, preventivamente, en las movilizaciones de seguidores de Andrés Manuel López Obrador que pretenderán impedir la toma formal de posesión de FelIFE Calderón.

Bombazos, supuestamente reivindicados por cinco organizaciones guerrilleras, que muy bien servirán para cerrar el puño y justificar abusos. Detonaciones políticamente correctas: un banco, pero no el Bancomer de los aliados españoles ni el Banamex comprado a un financista Amigo de Fox (y de Calderón); un ente electoral, pero no el amado IFE donde Luis Carlos Uh Fraude trata de seguir prestando servicios de adulteración electoral, sino el Trife en transición, y un partido, pero no el PAN en el poder sino el PRI agónico, que es usado para sugerir que los estallidos están relacionados con Oaxaca.

La historia de las represiones gubernamentales tiene muchos ejemplos de provocaciones montadas. En estos momentos el gobierno federal necesita justificaciones para pasar a un grado más agresivo de confrontación con movimientos sociales a los que no ha podido controlar mediante estrategias políticas. La displicencia foxista que se va, y el despecho calderonista que llega (con Jorge Tello Peón como comandante en jefe de asuntos policiacos y de seguridad), han fracasado en el tratamiento del asunto Oaxaca. La peor demostración de esa derrota ha sido el envío de tropas federales a la entidad, creyendo que mediante el uso de la fuerza podrían encontrar salida a un cuadro de problemas políticos y sociales acumulados. Vicente Fox, es decir Calderón, convirtió a la PFP en su brazo político y hoy, cuando los toletes y los gases no logran someter a la población, se exploran las posibilidades represivas mediante expedientes de inteligencia civil y militar filtrados a columnistas manejables -poner el dedo periodístico sobre alguien hará que "nadie" se asombre si ese alguien sufre un accidente o es detenido o desaparece- y creando "motivos" para que pueda intentarse el cumplimiento de 200 órdenes de aprehensión contra líderes de la APPO que están listas para ser ejecutadas en cuanto los políticos-policías así lo decidan.

Hasta ahora el movimiento social oaxaqueño había solicitado a las organizaciones guerrilleras que se abstuvieran de realizar acciones que sirvan para colocar etiquetas de peligrosidad a ese movimiento y justificar la represión. Algunas de esas organizaciones enviaron comunicados advirtiendo que sólo en caso de una masacre contra el pueblo habrían de actuar. Pero nada ha sido atendido. Por el contrario, en sus comunicados oficiales -que pueden ser vistos en www.cedema.org, la página del Centro de Documentación de los Movimientos Armados-, los supuestos responsables de los bombazos dejan constancia clara e inequívoca de que el móvil está relacionado con el caso Oaxaca ("¡Fuera Ulises Ruiz Ortiz y las fuerzas federales del estado de Oaxaca!", reza la línea inicial del primer comunicado). Resultados que mueven a suspicacia: con esa supuesta aparición de grupos guerrilleros, cambia el foco de atención de Oaxaca a la ciudad de México y da pie a calificar a Oaxaca como un peligro para México.

Las bombas entran en escena cuando López Obrador anuncia un segundo intento de engancharse con la APPO y cuando el subcomandante Marcos busca la manera de conectarse con ese movimiento. También es el momento más alto de la resistencia oaxaqueña, luego de echar en retirada a las tropas federales que pretendían entrar a la zona universitaria y luego de la megamarcha dominical que volvió a demostrar la base social del movimiento. Truenan los explosivos cuando fatigosamente comienza a abrirse paso la idea de un nuevo diálogo, esta vez con la participación y aval de organizaciones civiles y de la propia Iglesia católica, que en Oaxaca tiene una notable vertiente conectada con los intereses indígenas y populares.

No se necesita ninguna maestría en espionaje para darse cuenta de quiénes son los beneficiarios políticos de los antes mencionados estallidos. El PRIAN, desde luego: el tricolor se declara víctima y pide reparaciones de su patrimonio material y político maltrecho, mientras el blanquiazul afina su discurso del respeto a las leyes y al estado de derecho. Y el calderonismo, que necesita a como dé lugar crear condiciones propicias para los actos de autoridad extrema que podrían necesitarse a partir del 20 de noviembre y, sobre todo, del 1° de diciembre. En el juego electorero de partidos, el PRI y el PAN se colocan de inmediato en la franja de los ofendidos y con ello tratan de arrojar sospechas sobre el PRD. Y en el plano de confrontación del gobierno federal -en defensa de Ulises Ruiz para que el PRI ayude a Calderón a pasar en alianza el trago amargo de la imposición- con la parte mayoritaria del pueblo oaxaqueño, el manejo de lo sucedido en la madrugada del lunes tiende a culpar a los movimientos sociales y a reivindicar el uso de la fuerza represiva.

Desde luego, la cercanía de las fechas claves de la segunda fase del movimiento lopezobradorista hace necesario al poder que se exacerben con simplismo los ánimos cívicos contrarios a la violencia. Como si no hubiera motivo justificado para la irritación popular, como si no hubiese habido fraude electoral y estrategias de exterminio del candidato indeseado y de la franja social que le apoya, como si no fuese culpa del foxismo, y ahora del calderonismo, lo que está sucediendo en Oaxaca, los ocupantes de las cúpulas del poder pegan el grito en el cielo porque crujen las estructuras tradicionales de convivencia social. Y, mientras en Chilpancingo son rotas las reglas mínimas del combate entre policías y narcotraficantes, pues la esposa y el hijo de tres años de un comandante de la Federal de Caminos fueron secuestrados, ¡hasta mañana!


Aquellos que siembran bombas

Editorial, El Universal

Las explosiones terroristas ocurridas durante la madrugada del lunes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Partido Revolucionario Institucional y una sucursal bancaria, tienen un objetivo evidente: pavimentar el camino a los duros, los partidarios de la represión antes que el diálogo.

La premisa de no perder tiempo en negociar si lo podemos arreglar todo con la fuerza es visible detrás de los estallidos concertados y ejecutados por expertos, que hasta se dieron el lujo de avisar unos minutos antes a los teléfonos de emergencia.

El recurso es deleznable. Busca sembrar el pánico, confundir, desestabilizar, crear un caos propicio para el medro de los audaces y la calumnia, para que la sociedad alarmada clame por el retorno de los gases, las macanas y los fusiles de azules, verdes y paramilitares.

De ello debemos cuidarnos. En tres semanas y media cambia el gobierno federal; en dos semanas hay presidente autoproclamado legítimo; aún no se acaban de apagar los rescoldos de la protesta postelectoral; Oaxaca bulle en medio de agitadores e ineptos; y el crimen grande, organizado o desorganizado, campea en cada vez más territorio nacional.

El momento pareciera ser particularmente sensible porque todos estos factores se concatenan, a su vez, con las flaquezas institucionales de nuestra democracia y el desconcierto mostrado por el gobierno para la negociación de conflictos sociales. Sin embargo, aun así, no nos encontramos en la puerta hacia el caos. El río está revuelto y muchos pescadores quieren sacar su ganancia, pero no debemos caer en su juego.

El terreno es fértil para que los provocadores se den vuelo y para que los represores se hagan los aparecidos, seguros de que los nuevos funcionarios, inexpertos y atemorizados, según sus cálculos, les rueguen que sofoquen los conflictos que la desidia política dejó crecer.

Hubo explosiones en tres lugares. Los grupos políticos, las facciones y los partidos, fieles a su incapacidad para dialogar, se echan unos a otros la culpa de ser responsables, directos o indirectos, de los hechos.

Desde la clandestinidad, grupos guerrilleros, reminiscencias de los movimientos de Lucio Cabañas, el Partido de los Pobres, Unión del Pueblo y alguna que otra escisión del EPR, dicen ser los autores de los atentados de la madrugada del lunes. De ser esto verdad, sólo estarían demostrando que sus estrategias de lucha no han variado desde hace 30 años, cuando, después de un florecimiento de pólvora, el pueblo no se les unió masivamente. Las condiciones sociales no estaban -como tampoco lo están ahora, por más problemas que haya- para que la revolución estalle. La sociedad teme al caos y a la represión, por eso no tiene futuro ninguna manifestación de fuerza.

Por ello insistimos en que quien haya sido efectivamente el autor intelectual y material de los estallidos, está llamando a guerra, en una sociedad que quiere vivir en paz y que tiene todavía suficientes recursos democráticos para salir adelante en medio de la turbulencia política.

Provocadores y duros sienten que ya les llegó su hora para entrar en escena. Demostrémosles que están equivocados; que es, en realidad, la hora de la sociedad organizada.


Defensa hasta morir

Javier Corral Jurado [1], El Universal

El PRI se retrata en Oaxaca. Su fotografía actual es esa, un rostro que combina dos caras pero termina en una histórica faceta: la simulación. Mientras que en el Senado de la República la bancada priísta llama a Ulises Ruiz Ortiz a reconsiderar su renuncia al cargo de gobernador del estado, en la de Diputados se arropa con lenguaje de mafia al impugnado gobernante: "El grupo parlamentario definió en bloque defender a morir a Ulises Ruiz", dijo tal cual el diputado Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la fracción priísta en el Congreso federal.

No habían pasado 24 horas en que el propio Gamboa había llamado a "un acto de conciencia" a Ulises Ruiz para saber si podía seguir gobernando o no -"él sabe cómo están las condiciones de él con su pueblo, él sabe qué quiere la gente"-, cuando tuvo que rectificar por la presión de la corriente más autoritaria en ese partido que ve en la renuncia del gobernador, no una medida que contribuye a la solución del conflicto y la posibilidad de conjurar el riesgo de la violencia generalizada, sino una afrenta a la dignidad priísta a manos de revoltosos que de esta manera sentarán el precedente para derribar a otros gobernantes. Así ven los legisladores priístas el problema, así resuelve el coordinador, y actúan en consecuencia. En plena etapa de evaluación de su debacle electoral, listos para lanzar su enésima campaña del "nuevo PRI".

La dinámica negociadora sin escrúpulos lleva a estas contradicciones. Hay que estar bien con todos los que darán un voto para sacar adelante los multimillonarios negocios que ahora se diseñan en el Congreso, no importa que se pierda cara y se pongan en peligro más vidas humanas. Y para desesperanza del cambio democrático en México, ese es el PRI que dominará la negociación política en el Congreso, coalición de autócratas con negociantes, y hacia él será conducido el presidente electo Felipe Calderón en busca de acuerdos, si la izquierda perredista no rectifica su visión estrecha de las elecciones federales de 2006, y no es capaz de identificar yerros propios, pero también avances inimaginables en un país esencialmente conservador.

El PRI que ve Oaxaca como chantaje de revoltosos y acuerpa a Ulises hasta morir, es el PRI que tiene el mando hoy, incluso con sus rasgos de simulación en el Senado. El PRI que "está dispuesto a colaborar con el gobierno que eligieron los mexicanos" pero venderá caro su apoyo, impondrá sus intereses por más aberrantes que resulten, como es el caso de Oaxaca.

Está a la vista el agotamiento de la acción del gobernador Ruiz, su patética controversia constitucional en contra del exhorto que le hizo la Cámara de Diputados para que renuncie, la temeraria declaración del dirigente estatal del PRI amenazando con responder de la forma que sea "cualquier provocación" de la APPO, la marcha priísta en defensa de las autoridades y del gobernador Ruiz en donde se documentó la presencia de porros y gavilleros, son pruebas del nivel al que se quieren llevar las cosas en esa entidad, y que constituyen precisamente lo que el mismo dictamen senatorial, que por un lado negó declarar la desaparición de poderes, por el otro admitió un estado de ingobernabilidad.

Este acuerpamiento priísta puede resultar muy caro al país. De hecho lo ha sido, pues además de sitiada la ciudad de Oaxaca por cerca de 4 mil elementos de la Policía Federal Preventiva, el saldo de víctimas, en lo que va del conflicto, llega a 14, en el que se incluyen tres muertos de la población que resistió el operativo de la Federal Preventiva.

En un texto dirigido al presidente Fox, 50 sacerdotes católicos de distintas parroquias de Oaxaca, tanto de la arquidiócesis de la capital, como de la diócesis de Puerto Escondido y de la prelatura de Huautla de Jiménez, describen así los saldos: "Alrededor de 30 detenidos sin orden de aprehensión, un número indeterminado de desaparecidos, casas cateadas sin orden judicial, tanquetas arrojando agua con ácido, helicópteros lanzando gases lacrimógenos frente a la indignación de un pueblo que resiste de forma tenaz y pacífica en prácticamente en toda la ciudad y en otros puntos del interior del estado. Hay una incongruencia inadmisible entre la promesa de un operativo que supuestamente brindaría protección a la población y los hechos terribles que hemos presenciado".

Los presbíteros, entre los que están párrocos, vicarios, coordinadores de pastoral, y un rector de seminario, advierten del riesgo mayor por el conflicto: "Las instituciones del gobierno federal están propiciando las condiciones para movimientos sociales de mayor magnitud no sólo en el estado de Oaxaca sino en otros lugares del país".

Hasta el momento de escribir este artículo, no tuve ningún elemento informativo para vincular los recientes bombazos en la sede del PRI nacional, en el edificio del Tribunal Electoral y en una sucursal bancaria al conflicto en Oaxaca, pero la lógica indica que pueden ser esos movimientos alertados por los señores curas los que reivindiquen más tarde esos hechos. Por algo lo anticiparon.

La pregunta es muy simple: ¿en serio tendremos que pagar ese costo, porque el nuevo PRI decidió defender al gobernador Ulises Ruiz hasta morir?


Felipe, bombas y resorteras

Ricardo Alemán, El Universal

Los comunicados guerrilleros demuestran que su activismo a favor de la APPO va más allá de la simpatía y la solidaridad

Por su contraste, por el ridículo papel de la fuerza pública en el conflicto de Oaxaca, las imágenes parecen salidas de una tira cómica. La policía federal enfrenta a los rebeldes de la APPO -que emplea bombas molotov como arma de protesta-, con resorteras cargadas con canicas de cristal. De caricatura. En tanto, en el DF grupos guerrilleros se acreditan los estallidos de tres artefactos -de un total de cinco localizados por la policía- en el TEPJF, en el PRI, dos en instituciones bancarias -una de ellas cercana al IFE-, y uno más sin estallar en una tienda de la cadena Sanborns.

Resorteras contra bombas; son bombas molotov o bombas químicas, en los dos casos de fabricación casera, que además de la destrucción física llevan un mensaje de miedo y una amenaza de desestabilización contra las instituciones del Estado mexicano.

La tarde de ayer los bombazos fueron reivindicados por el Movimiento Tendencia Democrática Revolucionaria, desprendimiento del EPR y red guerrillera que aglutina a Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos, Organización Insurgente 1 de Mayo, Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre y Brigadas Populares de Liberación, todos ellos con influencia en movimientos sociales radicales que operan en los estados de México, Hidalgo, Morelos, Guerrero y Oaxaca, entre otros.

Según fuentes de seguridad nacional, el Movimiento Tendencia Democrática Revolucionaria es el centro operativo que aglutina al resto de organizaciones guerrilleras que se han incrustado en movimientos sociales de todas esas entidades, en donde realizan proselitismo para su causa y que en las elecciones del 2 de julio se vincularon con candidatos locales de la coalición Por el Bien de Todos en sus respectivos centros de influencia y apoyaron la candidatura de López Obrador. Si bien es cierto que la APPO oaxaqueña se desmarcó de los bombazos en el DF, los propios grupos guerrilleros que reivindicaron los actos terroristas se vincularon con el movimiento de la APPO, al brindar apoyos logísticos, estratégicos y de movilización política.

Si bien nadie puede acreditar a la APPO los atentados de la madrugada del lunes en el DF, una revisión de los recientes comunicados emitidos por los grupos guerrilleros demuestra que su activismo a favor de la APPO va mucho más allá de una simple muestra de simpatía y de solidaridad. Más aún, los grupos guerrilleros hacen suyas las demandas de la APPO; que sea depuesto el gobernador Ulises Ruiz, que salga la PFP de Oaxaca, que "cese la represión" y que sean liberados los presos políticos. En pocas palabras, que los grupos guerrilleros responsables de los bombazos amenazan con trasladar al DF la ingobernabilidad, la inestabilidad política y con desplegar todo su arsenal político y militar, si el gobierno federal no deja en paz a la APPO. Es decir, si no dejan que hagan lo que les plazca.

Y si bien no existe una prueba contundente de que la APPO es parte de esos grupos guerrilleros, lo que sí se sabe es que el vacío de poder y la desestabilización en Oaxaca, la temerosa respuesta del gobierno federal -que con ineficaces llamados al diálogo y con resorteras enfrenta la mayor crisis política que ha conocido-, y la polarización política producto de la contienda electoral del 2 de julio han creado un clima inmejorable para la expresión violenta de los grupos guerrilleros que salieron en defensa de la APPO.

Está claro que tanto la crisis que se vive en Oaxaca como los bombazos en el DF tienen un hilo conductor; no sólo empañar la toma de posesión de Felipe Calderón, sino mostrar que el nuevo gobierno enfrentará un clima de inestabilidad general, que va más allá de Oaxaca. En pocas palabras, que la crisis de Oaxaca que no resolvió el gobierno foxista se extenderá al DF en el gobierno calderonista.

¿Por qué el Tribunal Electoral y el PRI? Porque el TEPJF fue el responsable de validar el triunfo de Calderón. Uno de los mensajes va dirigido a esa institución a la que un sector social intenta responsabilizar del presunto fraude contra AMLO. El PRI, a su vez, es el partido que se empeña en sostener en su cargo a Ulises Ruiz, responsable de la crisis que se vive en esa entidad, y cuya cabeza es o era el centro del litigio. De esa manera, al atentar contra el Tribunal Electoral y el PRI, el mensaje de los autores de los bombazos vincula la crisis de Oaxaca con el gobierno de Calderón, gestión que arrancará el 1 de diciembre próximo, dentro de 24 días.

Lo cierto es que son muchos los actores políticos que participan en el fermento del clima de inestabilidad. La APPO insiste en que si no cae Ulises Ruiz, caerá Calderón. La APPO rebasó todos los límites tolerables y a la inestabilidad creada se suma el activismo del "legítimo", quien también se empeña en el fracaso y derrumbe del gobierno de Calderón. Al montarse en las acciones de inestabilidad política y social en Oaxaca, el PRD le apuesta al clima propicio para el surgimiento de actos terroristas como los bombazos. Juegan con fuego. La sensatez no aparece por ningún lado, mientras que en el colmo del ridículo, el PRD imagina un nuevo complot, ahora de la derecha.

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  • [1Profesor de la FCPyS de la UNAM

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