Este artículo es el primero de una serie que publicaremos en La Verdad Obrera sobre la situación en Venezuela, las políticas del gobierno de Hugo Chávez y el impacto de su discurso en nuestro continente.

Desde la cuenca del Orinoco al Mar Caribe existen 31 millones de hectáreas aptas para la producción ganadera y agrícola, el 80% están ociosas, y muchas de las mismas en manos privadas cuando no del Estado. Venezuela tiene cerca de 25 millones de habitantes y 14% vive en zonas rurales, pero el 80% del área cultivable está en manos del 5% de los propietarios, mientras que 6% del territorio es aprovechado por 75% de los campesinos o pequeños productores agrarios. Existen propiedades en manos de una sola persona que superan las 300.000 hectáreas.

Una falsa titularidad de la tierra en manos de un puñado de terratenientes

Una gran parte de las tierras en manos privadas en Venezuela tienen “titularidad precaria” [1], siendo producto de un verdadero saqueo territorial al apropiarse de dominios que de hecho pertenecen al Estado y sobre la base de la expulsión de campesinos de sus tierras. Sus “dueños” se amparan para su actual “titularidad” en instrumentos “legales” hechos a la medida de los usurpadores terratenientes en el Código Civil o el Código Comercial, desde la época de Guzmán Blanco [2], que establecen la prescripción de la propiedad del Estado a una persona que haya explotado o mejorado una extensión de tierra en unos casos de 10 o 20 años y que, de acuerdo a dichos instrumentos, por tal hecho tiene derecho a la propiedad [3].

Sobre estas tierras está actuando centralmente el gobierno de Chávez. Si el latifundio es legal y se mantiene productivo no es sometido a la Ley de Tierras. Según esta nueva Ley, se considera latifundio a una extensión mayor a 5.000 hectáreas -que según el último censo alcanzan unas 526 en total. Pero existe una gran cantidad de extensiones en la escala de las 250 y las 5.000 [4] hectáreas que no serán tocadas, por lo que los campesinos que vivan en esas áreas jamás tendrán el derecho a las mismas a no ser que el gobierno decida comprarlas directamente.

La tímida ”reforma agraria” de gobierno de Hugo Chávez

Pasaron ya más de 10 meses desde que Chávez anunció a viva voz el inicio de la “guerra contra el latifundio”, produciendo, como es lógico, la alegría de los campesinos pobres y el pueblo pobre en general. “¡La guerra contra el latifundio es esencia de revolución bolivariana! ...Tierra para los campesinos, tierra para quien la trabaje” enfatizó aquel 10 de enero en un discurso que tuvo también gran eco internacional. Pero nuevamente volvió a ser noticia en todos los medios locales e internacionales, por las diversas haciendas intervenidas por el Estado en los últimos meses, siendo la más simbólica, La Marqueseña en el estado Barinas. Para fines de 2005, según el gobierno, se espera procesar un total de 55 fincas de las 317 que se ha determinado como susceptibles de intervención ya sea por la ociosidad o por la precariedad de sus títulos. El total de áreas inspeccionadas asciende a 3,6 millones según el presidente de Instituto Nacional de Tierras, Richard Antonio Vivas [5].

Pero el Ministro de Agricultura y Tierras, Antonio Albarrán, luego del célebre discurso de Chávez rápidamente aclaró: “no tiene nada que temer aquel que demuestre que las tierras son suyas y que las tiene produciendo. Si se demuestra la titularidad de la tierra, y que no la tiene produciendo, deberá pagar un impuesto justo” [6]. Es aquí donde se devela el contenido real de la “guerra contra el latifundio”. Esto es porque la mayoría de las intervenciones están ligadas a aquellas tierras cuyos propietarios no pueden demostrar la propiedad de la misma o que se mantienen ociosas. El propio gobierno reconoce que combatió las ocupaciones de tierras realizadas por campesinos de forma independiente en áreas productivas y donde los latifundistas son fehacientes dueños de las tierras, siendo penalizados a no tener derecho jamás a la tierra. Elías Jaua, ministro de Economía Popular, afirma categóricamente, “más bien hemos combatido las ocupaciones” [7], refiriéndose a las ocupaciones realizadas por campesinos por fuera de la tutela del gobierno y las Fuerzas Armadas.

En un discurso reciente Hugo Chávez llamó a un acuerdo con los latifundistas: “Nosotros queremos hacer un acuerdo y juntos trabajar para elevar la productividad de las tierras” [8]. Y el pasado 23/10/05, en su programa Aló Presidente, volvió a afirmar: “Si usted cree que es dueño de esas tierras, defiéndalas. No vamos a pelear, vamos por la vía legal... Hago un llamado a llegar a un mejor acuerdo para todos... Aquí hay un gobierno que le extiende la mano a todos por igual”. La propuesta que hace el Presidente se basa en el acuerdo alcanzado en La Marqueseña, del terrateniente Azpúrua, popularizado por el mismo Chávez como el “método Chaz” [9]. En este caso, como el propietario no está en condiciones de demostrar la titularidad de la tierra, “cede” alrededor de 7.000 hectáreas dejándole el gobierno 1.500 en su propiedad, pudiendo ser indemnizado por las restantes, además de obtener créditos para poner a producir las mismas [10]. Resulta curioso cómo Chávez puede indemnizar y ceder tierras a terratenientes que son incapaces de demostrar ser dueños de las mismas, cuando en realidad lo que debería hacer en todas ellas es una confiscación directa [11].

El objetivo del gobierno es “fortalecer la producción agrícola nacional” dentro de su proyecto nacionalista burgués, sin importar quién produzca ni quién sea el propietario. Si los terratenientes son productivos y muestran la titularidad legal los dejarán tranquilos no importando si es latifundio de hecho. Como expresara Pedro Carreño, seguidor de Chávez y segundo vicepresidente del Parlamento, dirigiéndose a los terratenientes, “la Ley de Tierras les permitirá competir, en precios y calidad, con los rubros importados... La transformación agraria no perjudicará a quienes tienen unidades productivas... Al contrario, cuando se disipen las mentiras, los empresarios contarán con un gran aliado para modernizar, tecnificar la producción, como pasará en La Marqueseña... No se quieren cometer errores y excesos, como pasó al inicio de la aplicación de la Ley de Tierras” [12]. En fin, el latifundio continuará existiendo.

Por una verdadera revolución agraria

La nueva Ley comienza a ser cuestionada por los propios campesinos pobres, y con toda razón, ya que sólo permite expropiar, bajo indemnización, tierras superiores a 5 mil hectáreas, cuando sus dueños no puedan demostrar su titularidad y que estén ociosas o improductivas. Precisamente por la política timorata del gobierno con su tímida reforma agraria, no sólo no ha habido una distribución equitativa de la tierra, sino que se ha desatado una serie de crímenes contra campesinos. Además, al apoyarse centralmente en las Fuerzas Armadas, el gobierno es totalmente incapaz de dar respuesta a los asesinatos.

Los campesinos continúan su lucha por la tierra pero son fuertemente reprimidos. Ya se reconocen oficialmente más de 140 campesinos asesinados desde el 2001 sin un solo culpable preso, cuando se sabe a ciencia cierta quiénes son los responsables. Muchos campesinos que tomaron tierras directamente han sido violentamente desalojados mediante decisiones de jueces ligados a los terratenientes y que utilizan a la policía y la Guardia Nacional para echarlos, siendo perseguidos y asesinados por mercenarios pagados por terratenientes, que ostentan su condición de todopoderosos e intocables, bajo la protección de los jueces que legitiman a los latifundistas.

Los campesinos pobres deben tomar la lucha en sus propias manos con total independencia del gobierno hasta alcanzar todas sus demandas, aliándose a los únicos que apoyarán incondicionalmente su lucha, los trabajadores urbanos. Los trabajadores y los sectores populares deben brindar apoyo y ayuda incondicional a los campesinos pobres en su lucha por la tierra, impulsando diversas iniciativas para derrotar a los terratenientes y ganaderos. Una vez más, esta es la única salida realista para una verdadera revolución agraria.