Desde la reelección de Lula marcábamos que el 2° mandato sería más inestable. A pesar de la chorrera de votos que lo llevaron a la reelección, se inició en este año un tortuoso segundo mandato para la clase trabajadora. Luego de entrada, a pesar de los tres meses de indefinición abarcando los ministerios y los distintos intereses de los partidos de la base aliada, Lula mostró abiertamente a servicio de quién está su gobierno. Recibió el antipopular presidente Bush de los EE. UU. que, por los países donde pasó, levandó olas de manifestaciones radicalizadas. Ni bien había terminado de conformar su gabinete, Lula también lanzó su nuevo plan de gobierno bautizado PAC (Plan de Aceleración del Crecimiento), que para intentar agradar todos los intereses de la burguesía, ataca de conjunto los sectores del operariado y de empleados públicos. Mientras Lula promueve su “paquetón de crecimiento” para los industriales monopolistas y no monopolistas, le queda a la mayoría de la población la segunda fase de la reforma de la previsión social par alos empleados públicos (que ahora prevé entre otras medidas el aumento de los años de contribución de las mujeres), el congelamiento y vinculación de los salarios al PBI, la restricción al derecho de huelga para “servicios esenciales”, y el super-simples y la super-receita que le permiten a las empresas arrancar derechos históricos. Hace parte de la super-receita la enmienda n° 3 que determina que los fiscales de trabajo ya no pueden autuar o multar empresas que no cumplan las leyes laborales, es decir, que no tengan a sus empleados en blanco para eludir las obligaciones legales, dejando de pagar los derechos a los trabajadores. Esa ley se da en el marco de un giro ofensivo de todos los sectores burgueses para aplicar la reforma laboral y previsional. Aliados en atacar a los trabajadores, aprovechan la alta popularidad de Lula y cuentan con el papel que cumple la burocracia sindical que oscila entre responder con paralizaciones y huelgas parciales para darle respuesta a la base, y al mismo tiempo negocian con el gobierno el conjunto de los ataques.

Superar las direcciones burocráticas y unir a los trabajadores

A pesar de la alta popularidad que lula preserva ante las masas y del crecimiento de la economía que el año pasado llegó al 3,2% y que este año puede pasar los 4%, fenómenos de lucha de diversas categorías comienzan a dar respuestas más contundentes. La paralisación nacional del día 10 de abril llamada por la CUT y por Força Sindical expresó algunas huelgas y paralizaciones iniciales en el decorrer de este año que se esparcen por el país, además de las acciones coordinadas de los Sin Tierra y Sin Techo y, en algunos casos, luchas que superan el piso económico como es el heroico ejempolo de Fris Moldu Car de San Bernardo do Campo, ocupada por sus trabajadores desde febrero.

Entretanto, el día 10 también sirvió, en cierta medida, para renovar el varniz de “lucha” de esos burócratas sindicales y expone las contradicciones de esos dirigentes como furgón de cola del gobierno, abriendo una brecha para el surgimiento de nuevos fenómenos por izquierda entre los trabajadores. La política levantada por esas direcciones con la consigna “a favor del veto del presidente Lula” no lucha consecuentemente contra los demás ataques, desde la restricción al derecho de huelga y el ajuste salarial, hasta el super-simples y la reforma de la previsión social en 2003 que ayudaron a aprobar.

Esa situación, que permite que las organizaciones de izquierda denuncien el papel limitado y conciliador de la vieja burocracia se expresó el día 17 y en el día 23 [de abril]. Las acciones del día 17, convocadas por Conlutas, Intersindical, CUT, MST y otras organizaciones sindicales y de movimientos sociales, movilizaron importantes sectores de empelados públicos a nivel nacional, en conjunto con las organizaciones de los movimientos por tierra y vivienda. En el día 23 la nueva paralización contra la enmienda 3 llamada por la CUT, Força y ahora también por Conlutas (que correctamente llamó a los trabajadores a movilizarse contra el conjunto de las reformas) paralisó, entre otros sectores, el transporte público de San Pablo por dos horas y fue suficiente para generar una reacción de todos los medios burgueses de definieron como “criminal” esta acción política. La dirección del Metro de San Pablo, a mando del gobernador Serra, echó a 2 sindicalistas y alejó a 3 como respuesta a la movilización y disposición de lucha de ese sector. En el día 25, 15 mil manifestantes recorrieron la Esplanada de los Ministerios para exigir un piso nacional de los profesores superior al propuesto por el gobierno (R$800,00) en el Plan de Desarrollo de la Educación (PDE). Fue aprobado un piso de R$1.050 y R$1.575 reivindicado para los profesores de nivel medio y superior, respectivamente, además de la ocurrencia de veinte actos estaduales en el mismo momento. Los profesores estaduales de San Pablo aprobaron la huelga para el día 4/5 en un gran acto que terminó en asamblea en el hall del Masp. El MTST (Movimiento de trabajadores Sin Techo) bloqueó simultaneamente, en ese mismo día, el acceso a San Pablo, con grupos de 350 personas en la BR 116, Raposo Tavares y Castelo Branco.

Esas movilizaciones coordinadas permiten a los sectores de la izquierda como Conlutas e Intersindical denunciar los límites del sector oficialista e influenciar las bases de sus sindicatos. A lo largo de esta edición, discutiremos más precisamente y de conjunto las medidas necesarias para colocar a la ofensiva la clase trabajadora con una salida independiente del gobierno, de la burocracia y de la patronal.