El paso del tifón Haiyan por las islas centrales de Filipinas ha generado una catástrofe humanitaria. El gobierno local de la isla Leyte (su capital Tacloban es una de la zonas más afectadas) ya habla de más de 10.000 fallecidos. Además hay casi medio millón de desplazados y miles de desaparecidos.

La catástrofe humanitaria no es sólo producto del tifón que por su gran potencia (categoría 5, la más grande que existe hasta ahora, con vientos que superan los 300 km/h) ha producido enormes daños materiales. A la catástrofe natural agravada por el aumento de la temperatura del agua, producida por el cambio climático a causa de la contaminación (es el tifón más importante registrado hasta hoy en la historia del país y uno de los mayores incluso a nivel mundial), se agrega un verdadero crimen social por parte del gobierno y las patronales filipinas que se han negado a invertir en obras públicas que eviten la muerte de miles ante hechos climáticos inevitables (unas 20 tormentas por año de diferente magnitud se producen en la zona y este año el número ha aumentado considerablemente).

La región de la ciudad de Tacloban permaneció inaccesible durante los tres primeros días. En esa zona miles de personas deambulaban por las calles en busca de comida, agua potable y medicamentos. Un 80% de las casas y estructuras de la ciudad, de construcción precaria, fueron destruidas, incluso centros de evacuación, hospitales y escuelas.

Aunque oficialmente plantean que decenas de miles habían sido evacuados previamente al tifón, ahora la respuesta del gobierno es dictar el toque de queda y mandar al ejército para garantizar la “ley y el orden”, como reclamaban los gobernadores locales y empresarios ante los saqueos producto de la falta de asistencia oficial. En uno de los países cuyo PBI per cápita se encuentra entre los más bajos del mundo, donde millones viven en la pobreza, el presidente Aquino describe como una "demostración de fuerza" el envío de la Policía Nacional. El director general de esa fuerza, Alan Purisima, dijo que "inundarán Tacloban con policías para restablecer el orden público". Como se ve, su fin es garantizar la propiedad de los grandes empresarios ¡mientras la población debe caminar ocho kilómetros hasta el aeropuerto para conseguir insumos básicos!

Desde Washington, el gobierno norteamericano se comprometió a enviar ayuda y movilizó hacia la zona un portaaviones y varios buques. Este gesto no persigue ningún interés “humanitario” como ya vimos en Haití donde la intervención (secundada por los gobiernos “progresistas” latinoamericanos) tiene como objetivo central amedrentar y reprimir a la golpeada población haitiana. El envió de dinero y de tropas norteamericanas busca reforzar su presencia política y militar en la región y se da en el momento en que negocian con el gobierno filipino la instalación de una base militar en una zona estratégica del Pacífico. Mientras la ONU ha anunciado el envío de 25 millones de dólares de ayuda y se calcula que las pérdidas podrían llegar a 12 o 15 mil millones de dólares, los países acreedores de la deuda externa de Filipinas no han dicho que estén dispuestos a algún tipo de condonación de la misma.

Al igual que se ha visto con otras tormentas e inundaciones, la catástrofe no es producto meramente de un evento climático, sino que se potencia enormemente por la precariedad en la que millones viven día a día y la falta de inversión estatal en obras que permitan mitigar sus efectos. Los que pierden todo son los trabajadores y el pueblo pobre, que ante la falta de asistencia son reprimidos por intentar conseguir alimentos, agua o medicamentos.

Lo que se ve en Filipinas es que seguido al tifón se da un verdadero crimen social contra los trabajadores y el pueblo pobre, mientras los empresarios y el imperialismo se preparan para hacer negocios con la reconstrucción de las zonas afectadas.

13/11/2013