Uruguay
Profundizando y confirmando su política pro imperialista y antiobrera, el gobierno “progresista” está dando nuevas muestras de su verdadera cara.
Esta vez le tocó el turno a los derechos humanos:
Ya antes de asumir, el congreso del Frente Amplio (FA) dejó bien claro que no pensaba anular la ley de caducidad, que protegió y amparó a los represores de la dictadura, impidiendo el conocimiento de los hechos, y el juicio y castigo a los culpables.
Ahora parece ir más allá, anunciando “el punto final y la reconciliación entre los orientales” así como la “vuelta de página” para cerrar una etapa y dejar atrás la época de la dictadura.

Como dijo el Presidente Tabaré Vásquez en el acto de conmemoración de sus 2 años de gobierno “El dolor de la pérdida de un padre, de un hermano, de un hijo, no tiene atenuantes ni adjetivos. Es dolor y punto. Nunca más enfrentamiento entre uruguayos, nunca más y para todos”.

En estos días, en un gesto aberrante que supera todo lo imaginable, hizo suyo el proyecto de ley de la agrupación “14 de Abril” que integra el diputado derechista Daniel García Pintos y otros reconocidos apologistas del régimen dictatorial, que hace una cerrada defensa de lo actuado por los militares reivindicando el Terrorismo de Estado, las acciones de los escuadrones de la muerte y a la dictadura en general.

En los considerandos del texto presentado por Tabaré al Parlamento se afirma que “se pretende cerrar definitivamente una dolorosa etapa (...) teniendo en cuenta el ambiente de violencia extrema reinante en el país y la inquebrantable defensa que hicieron militares y policías de una sociedad que se encontraba conmovida por dicha situación”.

La iniciativa pretende reparar económicamente con 150.000 dólares a los represores impunes de ayer, torturadores y asesinos que según la nueva versión de la historia “perdieron su vida en ocasión o a consecuencia del enfrentamiento armado con la sedición...”

En el colmo de los absurdos la iniciativa del poder ejecutivo pretende reparar a personal militar o policial que fue muerto en represalia por sus propios crímenes, en tanto eran integrantes de Escuadrones de la Muerte, pero ignora y deja de lado a las víctimas de su accionar.
La ley consagra explícitamente la teoría de los 2 demonios unificando en un mismo texto normativo diferentes situaciones; al poner en un plano de igualdad al Terrorismo de Estado y la violencia política, equiparando víctimas y victimarios como si se tratara de una guerra de 2 bandos con caídos de un lado y del otro y con una sociedad ajena a los hechos y tomada como rehén.

Omite y oculta deliberadamente que fue una carnicería contra un pueblo en una lucha con hondo contenido político que hacía su experiencia y tomaba cada vez más contenido anticapitalista, parte de la marea revolucionaria que sacudía el cono sur, y tuvo su mayor expresión en nuestro país en la gran huelga general con que la clase trabajadora enfrentó el golpe de Estado.

Cabe agregar además que en esta “versión oficial” de los hechos de la dictadura, sólo se habla de los desaparecidos, que son alrededor de 200 (26 en Uruguay y los restantes de ellos ocurridos fuera del país, en especial en Argentina, debido a las coordinaciones del Plan Cóndor).
Con esta visión se disminuyen drásticamente a las víctimas del Terrorismo de Estado, ya que no incluye los miles y miles de presos, torturados y exiliados, metodología represiva que, a diferencia de Argentina donde predominó claramente la desaparición de personas, fue la utilizada en Uruguay.

Siguiendo esta línea argumentativa, en el mejor de los casos sólo un ínfimo numero de represores podría ser juzgado, siendo utilizados como “cabeza de turcos” y dejando intacta toda una maquinaria siniestra de represión que funcionó en el país.

Persecución y cárcel para los luchadores

La otra cara de esta política viene siendo la represión a la protesta social. Un claro ejemplo fue el 4 de noviembre de 2005 durante la visita del carnicero Bush. Como consecuencia de la salvaje represión a la marcha de repudio, un manifestante fue enviado a la cárcel por roturas en un Mc Donalds, al ser identificado en videos como autor de los destrozos en una verdadera operación de caza de brujas. El cargo que se le imputa es el de sedición, razón por la cual es ésta la segunda oportunidad en que el gobierno del FA tiene presos políticos.
En esos días, estrenaba cargo la nueva ministra del interior, Sra. Daisy Tournee, quien aceptó ante el Parlamento haber tomado la “progresista” medida de infiltrar la marcha por policías de civil (“tiras” como se los conoce en Uruguay).

El organismo de derechos humanos Plenaria Memoria y Justicia y el Partido de los Trabajadores, convocaron a una marcha por la libertad de Fernando Masseilot para el jueves 12 de abril. Lamentablemente ninguna otra organización social ni política se sumó a la convocatoria.
La concentración y marcha transcurrió en la más absoluta normalidad, aunque es de destacar el mayor número de policías infiltrados que hubo, así como las filmaciones y “fichajes” de los participantes. En esos días también diferentes personas ligadas a las organizaciones “radicales” manifestaban su convicción de ser seguidos o tener sus teléfonos intervenidos.

Terminada la marcha, se supo que también participaba de la misma de manera anónima, una Jueza, atenta a si ocurría algún acto fuera de la ley. Fue así que en determinado momento señala a un participante de la misma a los policías de civil quienes rápidamente se lo llevan en un auto policial. El motivo de la detención de Washington Muñiz es quemar una bandera yanqui en una acción digna de figurar en el libro Guiness de los Records.

Ex preso político, y ex integrante del MLN-Tupamaros, se encontraba así paradójicamente preso por el gobierno de sus propios ex compañeros, quienes habían quemado banderas en los ‘70 y seguramente algunas cosas más.
La quema de la bandera yanqui es caratulada como “vilipendio a emblemas extranjeros” figura delictiva, que al igual que el de “asonada”, “sedición” y otras, son tomadas en nuestro Código Penal de las leyes italianas de la época de Mussolini.
La “progresista” ministra de Interior, a cargo del operativo dijo que no tenía alternativa, ya que debía asegurar el cumplimiento de la medida decidida por el Poder Judicial “independiente”.

Obviamente no consideró que estas siniestras figuras penales, solo sirven a los efectos de criminalizar la protesta y el descontento, y que el FA con su mayoría en ambas cámaras podría derogarlas sin dificultad.
La absurda detención provocó que algunos manifestantes se mantuvieran en las cercanías del Juzgado, pidiendo la libertad del detenido, quemando reproducciones de la bandera yanqui y algunas cubiertas.
También fueron citados a declarar Irma Leites de la Plenaria Memoria y Justicia (organización de DD.HH.), y Rafael Fernandez del Partido de los Trabajadores, por ser convocantes.

Por ahora todos han quedado en libertad, aunque continúan las actuaciones judiciales.
Los partidos que se reivindican democráticos, los sindicatos y organizaciones sociales deben repudiar activamente este tipo de hechos que atentan contra los más elementales derechos de expresión y manifestación.
Hay que abandonar las ilusiones y romper con el FA, y poner en pie una herramienta política de los trabajadores que luche por la independencia de clase y abandone cualquier política de conciliación de clases como la promovida por el FA.