Al cierre de esta edición se discutían en la Cámara de Diputados las principales leyes de la “reforma judicial” impulsadas por el gobierno kirchnerista. Si sacamos el discurso, lo que queda detrás es algo bien distinto a la mentada “democratización de la justicia”. No se toca ninguno de los innumerables privilegios de la poderosa y cerrada corporación judicial y los proyectos del oficialismo más bien tratan de una combinación de medidas efectistas e inocuas junto a algunas completamente reaccionarias y antidemocráticas.

En términos políticos, la tenemos que definir como una reforma bonapartista, dirigida a aumentar el poder del Estado, y particularmente del gobierno kirchnerista en desmedro de los derechos democráticos de las personas. En lo inmediato, buscará a través de una boleta electoral que se uniría al resto de las boletas oficialistas en las próximas legislativas, un triunfo K nacional en unos comicios en los que el gobierno tiene las de perder en varios de los principales distritos. La reforma del Consejo de la Magistratura implica un dominio total del oficialismo buscando por esta vía la impunidad para los cientos de funcionarios kirchneristas pasibles de ser investigados por ilícitos varios. Asimismo, con la creación de nuevas Cámaras de Casación, lo único que se lograría es que los juicios se extiendan casi por tiempo indeterminado dejando, por ejemplo, a los trabajadores aún más desamparados en los juicios laborales, beneficiando todavía más a los patrones.

A la par que nos oponemos a esta reaccionaria y antidemocrática reforma, señalamos que la oposición parlamentaria, desde el PRO hasta Pino Solanas, pasando por Carrió, utilizan críticas –algunas correctas– contra estas leyes, pero haciendo una cerrada defensa de la oligárquica casta judicial que de “independiente” no tiene nada, ya que sus jueces, fiscales y secretarios vitalicios son la personificación de una Justicia de clase en favor de la clase explotadora, contra el pueblo trabajador. No mezclamos nuestras banderas con las suyas. Son enemigos, al igual que los K, de medidas elementales de cualquier verdadera democratización, como el cese en sus funciones de todos los magistrados vitalicios que fueron elegidos por peronistas, radicales y hasta la dictadura, para ir a la elección popular de todos los jueces sin excepción, que ganen lo mismo que un docente y puedan ser revocados por sus electores, juicios cuyo veredicto sea dictado por jurados populares. Con medidas como estas, engendros institucionales como el Consejo de la Magistratura que gastan millones de pesos del dinero público, dejan de tener razón de ser. En la anterior edición de La Verdad Obrera denunciábamos que dentro de la ley de reforma de las cautelares, se incluía un artículo que atacaba directamente al derecho de huelga. Este artículo fue parcialmente modificado, pero aún así la ley sigue siendo extremadamente antidemocrática, porque le da más poder al Estado ante el pueblo trabajador.

En esta página criticamos algunas de las medidas que se discuten en el Congreso al cierre de esta edición.

LAS ELECCIONES A CONSEJEROS
FPV: “gano o gano”

NUEVAS CáMARAS DE CASACIÓN
Juicios interminables para los trabajadores

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Nueva oficina de la Rosada

25 de abril de 2013