A base de protestas y de sacrificar vidas –más de 800 en la revuelta desatada el 25 de enero y casi 40 desde el sábado–, los egipcios están logrando imponer su agenda política. Las incógnitas sobre el futuro de la revolución proliferan y alguna asusta, pero la presión popular ha conseguido cuando menos purgar el Gobierno de fieles a Hosni Mubarak y que el dictador derrocado el 11 de febrero fuera juzgado. Ahora quieren escribir el epitafio del régimen militar que dirige el país desde entonces. Y tienen prisa. Tal vez demasiada para un proceso tan complejo y sembrado de escollos. Aunque hoy el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, organismo rector del país, cediera a las exigencias de la masa. “El Ejército está completamente preparado para entregar inmediatamente el poder... si la nación lo desea, a través de un referéndum si es necesario”, ha prometido hoy Mohamed Tantaui, jefe de la junta militar que dirige Egipto, en una alocución televisada a la nación.

Los féretros de las víctimas caídas en la represión policial eran aclamados por la multitud en la plaza de Tahrir, no tan repleta como en febrero, y algún oficial que se negó a castigar a los manifestantes era llevado a hombros y besado por manifestantes. A todos les resultaba insuficiente que el Consejo Supremo hubiera decretado días atrás la prohibición de participar en la pugna política a “quienes corrompieron la política...”. Para muchos de los manifestantes, Tantaui es uno de ellos.

El militar, que se ha mostrado alarmado por la coyuntura económica, ha aceptado la renuncia del Gobierno de Essam Sharaf; ha asegurado que las elecciones legislativas –que se celebrarán en tres fases a partir del próximo lunes– seguirán el calendario previsto, descartando así un aplazamiento al que se oponían casi todos los partidos. Y la concesión más importante: las elecciones presidenciales tendrán lugar antes de julio. No era su intención. El Consejo Supremo planeaba que las presidenciales se celebraran a finales de 2012 o principios de 2013. “Vete, vete”, clamaba la multitud segundos después de que Tantaui concluyera su discurso.

El mariscal, estrecho colaborador durante décadas del exdictador Mubarak, ha agotado su crédito. “El pueblo quiere la caída del mariscal”, gritaba hoy la muchedumbre en la plaza Tahrir empleando el mismo lema que corearon hasta derrocar a Mubarak, hastiada ya de los intentos tramposos del régimen por perpetuarse en el poder y proteger sus vastos intereses. Seguramente, intentará conservar esos privilegios y sus inmensas prebendas económicas: alrededor del 25% del producto interior bruto está en manos del conglomerado empresarial en manos de las fuerzas armadas. Es inverosímil que semejantes intereses económicos no vayan a tener su influencia en el porvenir egipcio, al margen del papel institucional que se pueda reservar a los uniformados.

Aunque diera marcha atrás en su pretensión de que un buen número de diputados fueran designados por los militares, el Consejo Supremo desea que el presupuesto de las Fuerzas Armadas sea secreto y pretendía tutelar una transición que se prolongaría al menos un año más. La mayoría de los egipcios no han tragado. Y la emblemática Tahrir ha vuelto a convertirse en un manifestódromo desde el pasado fin de semana. En Alejandría, segunda ciudad del país, Ismailia y Suez miles de ciudadanos han acompañado hoy la masiva protesta, la mayor desde que Mubarak fue defenestrado.

La coyuntura es delicada. El Gobierno presentó su dimisión ayer en este país de 80 millones de habitantes que está consumiendo sus reservas de divisas a pasos agigantados y que sufre el colapso del estratégico sector turístico: los ataques a la minoría cristiana copta, el juicio contra el dictador y sus hijos, la continua represión de la policía y el Ejército son también circunstancias que contribuyen a fomentar una inestabilidad provocada, a juicio de manifestantes y políticos opositores, por manos negras leales al régimen defenestrado que quieren que la transición a la democracia sea abortada. “La revolución continúa aunque hay intentos para que descarrile. Y también hay quien promueve el caos”, ha advertido el candidato presidencial Amer Musa, exsecretario general de la Liga Árabe.

Amnistía Internacional ha aprovechado la escalada de la violencia en el país para denunciar que la autoridades militares han "aplastado" las esperanzas de los manifestantes del 25 de enero. La organización, en el informe Promesas rotas: las autoridades militares egipcias socavan los derechos humanos, ha culpado además a la Junta de ser responsable de un catálogo de abusos que "bate el récord de Hosni Mubarak".