Un nuevo capítulo en la lucha obrera y popular en Perú comenzó a escribirse hace casi dos meses con la huelga de los comuneros del Puno, zona al sur del país fronteriza con Bolivia.

El presidente Alan García (saliente en un mes), lanzó un decreto de necesidad y urgencia para poder entregar en concesión el cerro de Santa Ana a la empresa canadiense Bear Creek Mining. El cerro está ubicado en una región fronteriza con Bolivia, al sur del país, algo prohibido por la propia Constitución peruana, para lo que tuvo que apoyarse en una ambigua excepción que establece la misma. Con ello, García provocó una fuerte reacción de los pobladores de la región, mayormente campesinos y aymaras. La cercanía de la concesión al lago Titicaca, principal fuente de agua de la región, constituye una seria amenaza debido a la contaminación que provocará la actividad minera.

Huelga y cortes de ruta

Los comuneros lanzaron una gran huelga con cortes de rutas desde principios de mayo. Walter Aduviri, su principal dirigente, impuso una corta tregua durante la segunda vuelta electoral para evitar cualquier afectación en una zona de fuerte influencia del ex militar nacionalista Ollanta Humala. Realizados los comicios se terminó la tregua de los pobladores de Puno, quienes volvieron a las rutas.
Mientras Aduviri negociaba el levantamiento del corte de la ruta a Bolivia, los pobladores de Azángaro mantenían una huelga que tenía paralizada la ciudad de Juliaca, y luego intentaban tomar el aeropuerto local, también en protesta por la contaminación de las aguas, en este caso el río Ramis. La respuesta del gobierno fue una brutal represión, que dejó como saldo a 6 muertos y decenas de heridos.
A pesar del luto, las protestas en Puno escalaron, y adquirió peso el reclamo por que se declare al sur peruano “zona libre de minería”. Este salto en el contenido de la protesta, sumado al costo político de los muertos populares y el contagio hacia otras localidades y sectores estudiantiles, como en Huancavelica donde la represión a la lucha por el presupuesto universitario dejó 3 muertos y varios heridos, obligaron a García a retroceder en el decreto, quedando embretado entre la furia popular y las amenazas legales de la minera canadiense.

Una primera victoria parcial

Esta es una importante victoria, aunque parcial, de la lucha popular, conquistada con la lucha y la sangre de los sectores movilizados y a pesar de la política conciliadora de su dirección, que apostaba a las negociaciones parlamentarias en Lima mientras el peso de la represión policial se cobraba la vida de los manifestantes en el aeropuerto de Juliaca. Tampoco ha habido política de parte de las direcciones de los conflictos ni de las organizaciones sindicales nacionales por unificar las luchas en curso y darle un sentido político unificado. Sin embargo, a pesar de haber sido levantada por el acuerdo entre Aduviri-Lescano y Alan García, esta lucha dejó planteada la perspectiva de echar a las multinacionales contaminadoras y expoliadoras del Puno.
El conflicto minero se enmarca en una importante oleada de conflictos populares, se habla de más de 220 conflictos en todo el país. El descontento popular tras una década de espectacular crecimiento económico basado en la entrega de los recursos del país y en el agravamiento de las condiciones de vida de la población ya se había expresado distorsionadamente en las recientes elecciones presidenciales, donde primó el voto-castigo a los partidos tradicionales y una fuerte polarización, donde el candidato nacionalista, Ollanta Humala, venció por escasos puntos a Keiko, heredera del neoliberal ex presidente (preso) Alberto Fujimori.

El cambio no vendrá de la democracia burguesa

Alan García, que deja el poder en menos de un mes, ha mostrado su cara más antipopular y reaccionaria, respaldando la represión y afirmando que “Yo no me creo ese cuento que dicen movimientos sociales”, lo sucedido en Puno fue “consigna política pura (…) así comienza el capítulo de la subversión”, reafirmando su política de criminalización de la protesta.
La próxima asunción de Humala, que se presenta como el representante de un cambio progresista, ha despertado grandes expectativas. Sin embargo, como presidente electo, Humala se ha dedicado a tejer la nueva ubicación de Perú en la escena latinoamericana presentándose como un “progresista moderado” del que no deben recelar los empresarios y las transnacionales, y que mantendrá el orden y la “gobernabilidad” en el país. Así, no emitió siquiera unas palabras de apoyo a las luchas populares en curso, limitándose por el contrario a pedir a los luchadores que dejen las calles, que abandonen la violencia (haciéndolos cargo en última instancia) y exigiendo abstractamente a García que “de una solución al problema” y no le deje a él la papa caliente.

Por la expropiación sin pago de las multinacionales mineras

Queda planteada la gran tarea de echar a las multinacionales explotadoras del pueblo, expoliadora de los recursos naturales nacionales y contaminadoras de las aguas y cultivos, uniendo para ello a trabajadores mineros y campesinos detrás de un programa común contra las transnacionales saqueadoras. Las lecciones que nos deja esta lucha, con su victoria parcial de haber derrotado la concesión del Santa Ana, es que la clave de la lucha está en la calle, y que es necesario unificar las luchas en curso para buscar una salida política de conjunto, sin depositar ninguna confianza en el futuro gobierno de Humala y sus promesas.