El segundo paro nacional, a tan sólo una semana del primero, logró la adhesión nuevamente de más de 500 colegios y 600.000 estudiantes, junto a la paralización en solidaridad de todas las Universidades públicas y gran parte de las privadas, sumando otros 350.000 estudiantes. Fueron así casi 1 millón de estudiantes en todo Chile.

Junto a ellos, paró el Colegio de Profesores, y parcialmente, algunos sectores de trabajadores públicos como trabajadores de la Salud en San Antonio, el Servicio de Impuestos Internos por una hora en todo el país, y los funcionarios del Ministerio de Educación. Sin embargo, la CUT y la mayoría de los sindicatos sólo declararon su solidaridad, pero rechazaron parar. El llamado a paro social de los estudiantes no pudo lograrse. Los dirigentes oficiales mayoritarios de la CUT habían mantenido una reu-nión a últimas horas de la noche del jueves 1° con Bachelet, justo antes de su discurso en cadena nacional con su propuesta, que explicaría esta decisión.

Una nueva prueba de fuerza

Sin embargo, el segundo paro nacional secundario reafirmó su capacidad de paralización y su disposición a la lucha, así como a la Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios (ANES) como su organismo dirigente y aglutinador. Y contra todas las presiones del gobierno, los partidos del régimen y los medios de comunicación, la huelga estudiantil continúa. Los estudiantes exigen ahora “el 50% más uno de representación estudiantil y de organizaciones sociales” en la comisión que propone el gobierno, con plazos y un compromiso por escrito de Bachelet de que cumplirá esto, por lo que se mantendrán los paros y tomas mientras tanto. El gobierno comenzó respondiendo que no.

La lucha ahora se concentra en las demandas políticas referidas al negocio de la educación, que desde el gobierno y la derecha se intenta desviar a un problema general y vago sobre la calidad.

Es de esta manera, que las asociaciones de empresarios privados de la educación vienen pronunciándose por la necesidad de deponer la lucha, proteger la libertad de enseñanza, y además avanzan y piden: aumento de las subvenciones estatales, reforma al Estatuto Docente (para flexibilizar más el trabajo de los profesores). La derecha, sus políticos de la UDI (Unión Demócrata Independiente) y RN (Renovación Nacional) y sus expertos, exigen resguardar el negocio de la educación, y piden mayor descentralización. La Concertación, a través de sus parlamentarios, intenta acelerar el proceso de parlamentarización de la lucha, asegurando que garantizaría la discusión de las propuestas estudiantiles en el Parlamento. El Gobierno de Bachelet, por último, bajo el discurso general de la calidad, una vez más intenta conciliar lo inconciliable: por un lado la llamada libertad de enseñanza que no es más que libertad de empresa para el negocio de la educación junto a reafirmar la descentralización (municipalización), por otro lado el derecho a la educación, pero entendido como el estéril derecho a interponer recursos judiciales si el colegio no satisface los parámetros de calidad (es decir, una salida individual a un problema público y social).

Junto a esto, el Gobierno ha intentando dividir al movimiento estudiantil previo al paro (con la reunión en el Ministerio de Educación), haciendo una campaña de los medios de prensa masivos resaltando las diferencias políticas de los dirigentes de la ANES, e intentando nuevamente señalar chivos expiatorios, si ayer fue el PC (Partido Comunista), hoy es el FPMR (Frente Patriótico Manuel Rodríguez).

De conjunto, todos intentan retomar la iniciativa y pasar a la ofensiva. Aunque no han logrado hasta el momento hacer retroceder al movimiento estudiantil secundario en lucha. Tampoco el segundo paro nacional estudiantil ha logrado hasta el momento, por el boicot de la CUT al “paro social”, derrotar la política del gobierno y abrir definitivamente el camino hacia una política para terminar con el negocio de la educación. Se sigue en un momento de tensión de fuerzas (ver declaración de CcC del 3/6/06 en www.ft-ci.org).

El segundo paro nacional mantiene la lucha pero se notan los primeros signos de desgaste, y se redoblan los esfuerzos de los partidos patronales de la Concertación, la derecha, y del gobierno por dividir al movimiento.

Es necesaria una política que permita que la imponente fuerza del movimiento estudiantil se potencie y triunfe plenamente frente al gobierno y el régimen.

Una vez más: por un Congreso Nacional Educativo. Por un Pliego Único de Reclamos Nacional

El negocio de la educación mueve intereses poderosos: 1 billón 400 mil millones de pesos al año sólo en subvenciones (El Mostrador, 6/6). Es parte de la herencia de la dictadura de Pinochet conservada y profundizada por la Concertación, como la Justicia Militar, la entrega del cobre a las empresas privadas nacionales y transnacionales, etc.

Es necesario unir las fuerzas de secundarios y universitarios, junto con los pobladores, y agrupar todas estas fuerzas detrás de la clase trabajadora, que debe recuperar la CUT y sus sindicatos como herramientas para la lucha por nuestros derechos e intereses, y no para reuniones y diálogos sociales con el gobierno y los empresarios que nunca fueron ni serán en beneficio de los trabajadores. En esta ocasión, dejaron aislado el paro estudiantil secundario, aún cuando cuenta con la simpatía del 88% de la población según las encuestas.

Para esto, debe realizarse un Congreso Nacional Educativo para discutir cómo terminar con el negocio de la educación, uniendo esta demanda a las de los pobladores y agrupando sus fuerzas detrás de las fuerzas de la clase trabajadora, que acaba de dar un ejemplo de lucha contra la precarización con los mineros subcontratistas, uniéndose en un Pliego Único de Reclamos Nacional, que plantee en primer lugar la necesidad de luchar por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana.

Para prepararnos para esta lucha, y evitar los intentos de dividir y desarticular el movimiento estudiantil secundario en lucha, es necesario reafirmar los métodos de democracia directa estudiantil de la ANES, como el organismo que mantenga la unidad en la lucha a nivel nacional.

Por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana

A su vez, necesitamos discutir en las organizaciones estudiantiles, y en los partidos, sindicatos y organizaciones que apoyan su lucha, una salida de conjunto, que para nosotros es la lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana.
Los trotskistas de Clase contra Clase planteamos que sólo un gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre, basado en los organismos de la democracia directa de la clase trabajadora, podrá resolver íntegra y efectivamente todos los problemas, dramas y miserias que produce el Chile patronal.

La lucha de los secundarios, junto a diversas luchas obreras y populares, ha comenzado a poner en cuestión al régimen político y social heredado de Pinochet y continuado por la Concertación. Pero aún el pueblo trabajador no toma como propia la salida revolucionaria y socialista que nosotros postulamos. Por eso planteamos que es necesario que nos preparemos para luchar por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, como la forma más democrática posible de utilizar el sufragio universal en que los trabajadores y el pueblo aún confían, donde se puedan discutir y resolver los problemas que aquejan al Chile de los trabajadores, los estudiantes y los pobladores. Una Asamblea Constituyente Libre y Soberana con delegados revocables que ganen lo mismo que un trabajador medio, con capacidad resolutiva, que comience por terminar con el negocio de la educación, por una Educación Nacional Unificada (que no es única), Pública y Gratuita en todos los niveles. Para asegurar su financiamiento, es necesario re-nacionalizar el cobre. Las transnacionales, este sólo año, embolsan ganancias por 18.000 millones de dólares (sólo han invertido 16.000 millones desde que comenzaron a operar). Los delegados de una Asamblea Constituyente así, deberán además resolver que su re-nacionalización sea bajo control de los trabajadores, para terminar con la precarización del trabajador. En este sentido es necesario romper los lazos que someten a Chile al imperialismo yanqui, lazos afianzados por la Concertación mediante el TLC con EE.UU. Deberá también, entre otras medidas, asegurar el reconocimiento del pueblo mapuche, su derecho a sus tierras expropiando a las forestales, y su derecho incluso a la autodeterminación nacional, terminar con el negocio de la salud asegurando su financiamiento y gratuidad para todos, terminar con el negocio de la vivienda. Una Asamblea así deberá basarse en la activa movilización y organización de la clase trabajadora y todo el pueblo pobre.

Por el contrario, el PC haciendo declaraciones generales de apoyo a la lucha de los secundarios, se reunió con el Ministro del Interior Andrés Zaldívar el mismo día que Bachelet hizo sus anuncios por cadena nacional, y al salir declaró que ambas partes debían flexibilizar sus posiciones. A su vez, en un discurso del Presidente del PC, G. Teillier, se denuncia la institucionalidad heredada de la dictadura, pero se plantean para modificarla el mecanismo del plebiscito, que sólo permite pronunciarse por sí o no a propuestas del Gobierno, y hacerlo mediante una exigencia a este, alimentando expectativas y confianza en él, y mediante una “Convergencia por la Democracia y la Justicia Social”, que incluya a partidos progresistas incluso de la misma Concertación: “Cambiar la LOCE, para lo cual se necesita quórum calificado, significa un paso trascendental porque sería un cambio en la Constitución y si se cambia la Constitución para solucionar la crisis de la educación, quiere decir que podemos cambiar la Constitución en otros aspectos y finalmente podremos cambiar la Constitución entera, que es uno de nuestros objetivos primordiales, para al fin desterrar la nefasta herencia de Pinochet que los gobiernos de la concertación no han querido enfrentar con la decisión que se requiere” (...) sostuvo que es importante fortalecer la convergencia por la democracia y la justicia social, con el fin de exigir al gobierno, si la derecha cierra el camino legislativo, un plebiscito o una consulta nacional” (Crónica Digital, 4/6). El PC se vuelve a ubicar como el sostén por izquierda del régimen.

Para luchar por esta política que planteamos es necesaria la construcción de un nuevo partido revolucionario, marxista, proletario e internacionalista, que es la tarea que se plantea Clase contra Clase.

Santiago de Chile, 7 de junio.

Qué es la Concertación

Conserva y profundiza la herencia de Pinochet

La Concertación (Partido Socialista (PS), Partido Por la Democracia (PPD), Democracia Cristiana (DC)) es la coalición que siguió al fin de la dictadura de Pinochet. Con ella, se ha logrado hacer ver la política chilena como una oposición entre democracia (la Concertación) versus dictadura (la derecha de la Alianza por Chile -Unión Demócrata Independiente (UDI) de Lavin y Renovación Nacional (RN) de Sebastián Piñera) ocultando así, las contradicciones de clase, y presentándose falsamente como “amigos del pueblo”, mientras administran los intereses de la clase patronal.

Durante la Concertación, tantolas figuras de las FFAA en el Parlamento como la imposibilidad del Presidente de remover a los Comandantes en Jefe (elegidos por ellos mismos) eran todos signos irritantes de la presencia de la dictadura.

Para limar algunos de sus aspectos más irritantes, en 2005 se reformó parcialmente la Constitución de 1980. Hoy la presencia de la dictadura es menos visible. El rol de la Concertación ha sido alimentar esta oposición democracia-dictadura que permitió conservar lo fundamental de la herencia pinochetista. Hoy comienza a ser menos efectivo, pero garantizó estos 16 años de estabilidad de esta democracia para ricos, la de los consensos entre el pinochetismo militar y civil, y la Concertación.

La obra de la dictadura sigue en pie:

– Entre 1995 y 1997 las juntas de accionistas de las 9 empresas privatizadas (...) votaron por directores con un claro perfil político: 39 de las 40 personas elegidas fueron de derecha, la mitad de las cuales habían ocupado cargos en el equipo económico del régimen militar (C. Huneeus, “El régimen de Pinochet”).

– Se mantiene la Justicia Militar (incluso para juzgar a civiles) y continúa la impunidad para los represores de la dictadura.

– Existe un verdadero “Estado dentro del Estado”, las FFAA son “la mayor empresa de Chile”. El ingreso anual de un militar es tres veces mayor al de un civil.

– La mercantilización y privatización de todo lo imaginable, incluyendo la educación, con la LOCE que garantiza un negocio millonario.

– Las leyes laborales, que aseguran un régimen de impunidad patronal, de verdadera dictadura en el lugar de trabajo. La imposibilidad efectiva de ejercer el derecho a huelga (es legal contratar reemplazantes y permitir las represalias de la empresa).

– La privatización casi total de la economía nacional, incluyendo su principal activo, el cobre. Un 60% del mineral producido se lo quedan las grandes empresas privadas, y sólo un 40% la estatal Codelco -que además debe entregar el 10% de sus exportaciones a las FFAA-.

– La profundización de la entrega al imperialismo por medio del Tratado de Libre Comercio con EE.UU. (Firmado en 2003 por la Concertación).