El gran empresariado nacional y extranjero, que bajo el amparo de Kirchner sigue haciendo superganancias, fue el principal instigador del golpe genocida de 1976.

Recientemente se difundió la colaboración de los gerentes de Ford (proveedora de los tristemente célebres “Falcon verdes” a la dictadura) en la desaparición de delegados de la planta de Pacheco. Años pasados cobró trascendencia el hecho de que en Mercedes Benz los gerentes, en complicidad con el sindicato, entregaban a los obreros al ejército.

Esta práctica no fue exclusividad de las patronales extranjeras sino también del “empresariado nacional”, tan alabado por Kirchner. Para recordar sólo un caso emblemático: en la metalúrgica SAIAR de Quilmes, propiedad de Federico Zorraquín, su gerente general Martínez Riviere comandaba directamente las requisas diarias a los obreros que derivó en la desaparición de 12 compañeros, incluida toda la comisión interna. Este gerente siguió trabajando impunemente, bajo esta democracia, para el Grupo Zorraquín hasta el año ’92 y luego como consultor de empresas entre quienes figuraban el Banco Nación, Edesur, Massalín Particulares, Sideco Americana y Skytel.

La misma complicidad entre empresarios y militares puede comprobarse con los dueños de los Astilleros Astarsa, los Braun Menéndez descendientes de los Menéndez Behety asesinos de obreros en la Patagonia. O con los Blaquier del Ingenio Ledesma en Jujuy; o con los Acevedo que en Acindar permitieron la instalación de un cuartel de la policía dentro de la planta, aún antes del golpe, como centro de detención. O con la señora Herrera de Noble, dueña de Clarín, que esta justicia dejó impune a pesar de la denuncia por la tenencia de dos hijos de desaparecidos. Por toda esta clase social habló Martínez de Hoz, cuando confesó ante una Comisión Bicameral en 1985: “Siendo yo presidente del Consejo Empresario Argentino, en el año ’75, fui con un grupo de empresarios a visitar a Videla y le expusimos nuestra preocupación de (...) que se debía asegurar el imperio del orden por sobre todas las cosas”.

Denunciamos que los grandes empresarios permanecen impunes bajo esta democracia que les garantiza la continuidad de su dominio de clase. Techint, Ford, Acindar, Arcor, Mercedes Benz, Astra, Celulosa, Bunge y Born, Aluar, Fate, Soldati, Pérez Companc, Macri, Fortabat, Garovaglio y Zorraquín, Pescarmona, Bulgheroni, Clarín y La Nación. Ellos también son culpables junto a los militares y a los políticos cómplices.

Cuando van a cumplirse 30 años del golpe militar, Kirchner pretende usufructuar la conmemoración del 24 de marzo. No hay en esto un ápice de “memoria” ni de “verdad” ni de “justicia”. Es puro cálculo mediático. Según varios analistas y encuestadores a los que son tan afectos en la Rosada, el presidente obtiene más popularidad como “defensor de los derechos humanos”. De allí que buscan montar una serie de actos oficiales que contarán con la colaboración de Hebe de Bonafini de Madres de Plaza de Mayo y Estela Carlotto de Abuelas. El plan oficial es que estos escenarios sean la primera plataforma (la siguiente sería un acto por el 25 de Mayo) en el camino de lanzar su reelección -o la elección de Cristina Kirchner- para el 2007.

El discurso oficial se basa en el descreimiento popular de la reaccionaria “teoría de los dos demonios” (según la cual se produjo el golpe del 76 porque la Argentina fue víctima de dos terrorismos, uno de derecha y otro de izquierda) ya desgastada porque fue el discurso oficial de Alfonsín, Menem y De la Rúa. El kirchnerismo ensaya otro discurso, definiéndose a sí mismo como “hijo de las Madres de Plaza de Mayo” y de la “generación de los 70”. Ha alimentado esta pose con ataques a militares genocidas ya decrépitos, pero absolviendo de responsabilidad en el genocidio de la última dictadura al empresariado, e incluso reivindicando a “la burguesía nacional” que golpeó las puertas de los cuarteles hace 30 años. Es una gran estafa, no solo por la “memoria” y la “verdad” de lo que sucedió en el pasado.

La clase empresaria no dudará en apelar nuevamente a los métodos de la dictadura ante la profundización de las luchas obreras y populares. Hoy mismo la papelera Botnia que está construyendo la planta contaminante frente al río Uruguay acaba de ser denunciada por el intento de “contratar” gente para infiltrar a los activistas de la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú que cortan la ruta contra su instalación. Las petroleras Repsol, Pan American Energy y Vintage Oil reclaman la presencia permanente de gendarmes en Santa Cruz. Es tanta la hipocresía del gobierno que mientras oficiará actos el 24 de marzo, mantiene militarizada la ciudad de Las Heras. Allí los gendarmes entran impunemente a los pozos petroleros para impedir las huelgas, hay seis compañeros presos por luchar, los familiares de los detenidos y los organismos de derechos humanos denuncian apremios ilegales, incluso contra un joven de 14 años, y persecuciones a los delegados petroleros y el pueblo que los apoya.