Las autoridades de la petrolera estatal PDVSA y del Ministerio de Trabajo, han separado de su puesto al compañero Orlando Chirino, reconocido dirigente sindical y de la izquierda que, junto a los millones de trabajadores y trabajadoras y de los sectores populares, enfrentó el golpe de estado proimperialista de abril de 2002 y el posterior paro-saboteo patronal, en el que trabajadores y trabajadoras y el pueblo pobre, recuperaron y pusieron a producir varias plantas de PDVSA, que la reacción proimperialista quería paralizar.

El compañero, aunque impulsó la campaña de Chávez por los 10 millones de votos para las elecciones de 2006, ahora correctamente se negó a apoyar la reforma constitucional que Chávez proponía para conseguir la reelección indefinida, aumentar sus poderes y regimentar aún más a las organizaciones sociales y sindicales, llamando a votar nulo. El despido de Chirino, ilegal y sin fundamento, se enmarca entonces en una represalia política y constituye un ataque más a los derechos y autonomía sindicales. Más indignante aún, es que al mismo tiempo, Chávez ha amnistiado a varios participantes del golpe de 2002, siniestras figuras de la reacción proimperialista interna.

Este avance del gobierno de Chávez sobre la autonomía sindical empezó ya con la formación del PSUV al que debían subordinarse todas las organizaciones. Chávez declaró en ese momento que quien no entrase al partido, era un “traidor a la revolución”. Luego siguió con la nombrada reforma constitucional que fracasó en el reciente referéndum. Estos intentos por reforzar el poder del régimen y disciplinar a quienes no se subordinan a su “socialismo con empresarios”, tuvieron su expresión más clara en la marginación y posterior represión a los trabajadores de Sanitarios Maracay que exigían la expropiación bajo control obrero de la empresa [1].

El despido de Chirino es un nuevo ataque a todos los trabajadores y sus organizaciones que repudiamos enérgicamente y por lo que adherimos e impulsamos con todas nuestra fuerzas la campaña internacional por su inmediata reincorporación y contra cualquier tipo de represalia política.