Fracción Trotskista Cuarta Internacional

Liceo A-90 autogestionado: un cuestionamiento a las estructuras de poder de la educación pinochetista

Juan Valenzuela — 2011-10-20T06:45:00Z

Por Raúl Fernández

En San Miguel, una comuna de la zona sur de Santiago, se encuentra el Liceo A-90, con casi 50 años de historia. Este liceo es una muestra viva de la ruina de la educación pública en Chile. Si en sus mejores años atendió a más de 4.000 estudiantes, hoy cuenta con una matrícula de apenas unos 170 jóvenes. A su alrededor, han surgido una serie de liceos particulares subvencionados, que captan la matrícula de los estudiantes del sector. El 2010, este colegio sufrió un importante golpe: el alcalde Julio Palestro, del Partido Socialista, decidió cerrar la matrícula desde kinder a 6° básico.

El enorme movimiento estudiantil que se ha desarrollado durante el 2011, también ha tocado la puerta de este liceo periférico. El 13 de octubre se cumplieron cuatro meses de toma. Los estudiantes han resistido 8 desalojos y prepotentes acusaciones de parte de la autoridad municipal.

Desde los primeros días, un grupo de profesores del liceo buscó solidarizar con los estudiantes en toma. La presencia diaria, el intercambio de ideas sobre el movimiento, la defensa ante la represión y las calumnias, permitió que se fueran generando importantes lazos entre estos docentes y los alumnos. Los múltiples desalojos y las amenazas de los guardias municipales que encañonaron a los estudiantes, activó a los padres y apoderados que apoyaron una retoma del liceo y comenzaron a organizar sus propias asambleas y a coordinarse con apoderados de otros colegios en lucha. Todo esto ocurría mientras el equipo directivo del liceo tenía prohibido el ingreso al establecimiento. Los estudiantes en toma, desde el comienzo, no quisieron nada con los personajes que encarnan la “autoridad” designada por el “sostenedor”, el alcalde de la comuna.

Durante septiembre el gobierno de Sebastián Piñera lanzó a la luz pública su plan “Salvemos el año escolar”, dirigido a los alumnos de establecimientos tomados. Este plan buscaba aislar a los activistas que sostienen las tomas, y captar a sectores del estudiantado para que hagan clases en recintos alternativos. Pero este plan fue un fracaso: alrededor de 40.000 estudiantes en todo el país no se inscribieron. En Santiago Centro, 11.000 estudiantes –la mitad de los matriculados- no se inscribió. En el Liceo A-90, según los datos que nos han dado los protagonistas de su lucha, apenas se inscribieron 30 personas.

El gobierno lanzó una “campaña del terror”: los alumnos que no se inscribieron, repetirán de curso. Buscaba con eso generar un efecto de castigo, y poner a sus padres y apoderados en contra de la lucha. Mientras ocurría esto, los principales dirigentes del movimiento aceptaban por segunda vez subirse a la mesa de dialogo con el gobierno, sin exigir la educación gratuita como piso mínimo. Se producía, de ese modo, una situación de incertidumbre. Había que evitar que los activistas que sostienen la toma quedaran aislados del resto de sus compañeros y de sus padres y apoderados. Por esos días también estudiantes del A-90 asistían a una charla de obreros de Zanón en la Casa Central de la Universidad de Chile.

Fue de ese modo como surgió la idea de la autogestión. En primera instancia operó como una política defensiva. Sin deponer la toma y sin permitir el ingreso de los directivos al establecimiento, se realizarían clases. Los estudiantes que por cansancio habían dejado de ir a la toma, volverían a transitar por el colegio y a ponerse en contacto con sus compañeros más activos, motivados por la realización de clases que un sector de profesores haría en la toma. Sin embargo esta política defensiva contenía los gérmenes de un ofensivo y profundo cuestionamiento a las estructuras de poder de la educación escolar. Por ejemplo, si el colegio estaba tomado ¿cómo se iban a organizar los horarios? La respuesta fue clara: en coordinación con los estudiantes. Los dirigentes del movimiento, junto a los apoderados, tomaron con los profesores una tarea que “tradicionalmente” le corresponde sólo al estamento directivo. En los hechos, tomaron en sus manos una tarea de gestión. Del mismo modo ocurrió la “disciplina”, necesaria para el funcionamiento del colegio. Si en normalidad existe la figura del “inspector general” que es el encargado de velar por el “orden” tanto entre estudiantes como entre los profesores, si el establecimiento está tomado por estudiantes, ¿van a aceptar estos que llegue un “inspector general” e “inspectores de patio” a “vigilar” el comportamiento? No. Los estudiantes tomaron en sus propias manos, junto a apoderados y profesores, las funciones de “disciplina”, constituyendo un comité triestamental. Los profesores, a su vez, están subordinados a los intereses del movimiento estudiantil: cuando hay marchas y paros no se hacen clases.

De ese modo las “relaciones tradicionales” en el colegio se vieron profundamente transformadas. Los jóvenes pueden asistir con “ropa de calle”, dejando de lado los “uniformes” que impone la institucionalidad con el afán de disciplinar para producir gente sumisa. La “jornada escolar completa”, que los obligaba a pasar largas horas en el colegio, de 8:30 a 17:30 –sin hacer talleres, lo que, supuestamente, era el sentido de esa jornada-, fue cuestionada, y los jóvenes salen todos los días a las 13:30. También han asistido voluntarios de universidades para realizar talleres de algunas materias y de teatro. Los profesores combinan sus clases “tradicionales” con clases no tradicionales donde se tocan temas de contingencia. Los compañeros de Registro Obrero y TVPTS, asistieron al colegio a hacer un documental. Cambió en todo sentido la vida cotidiana. El colegio funciona bien sin necesidad de directivos puestos a dedo por la autoridad municipal, sin necesidad de “amonestaciones” desde arriba, sin un régimen de autoritarismo. Tanto los estudiantes, como los apoderados y los profesores hacen la experiencia de controlar el funcionamiento del colegio.
Un sector de ellos, ha comenzado a ligar esta experiencia con la necesidad de cuestionar las estructuras políticas antidemocráticas que rigen al interior de los colegios y comienza a plantear el objetivo de constituir un cogobierno, en el que estudiantes, profesores, apoderados y no docentes tengan poder de decisión. No lo ven como una experiencia transitoria antes de volver a la normalidad, sino como el paso a derribar el autoritarismo al interior de los colegios. Esto contrasta con dos visiones que se dan al interior de la izquierda: con los “estatistas”, que ven en un retorno de la educación escolar al Ministerio de Educación la solución de todos los problemas, sin responder si el poder va a recaer en el personal gubernamental del ministerio o en los trabajadores de la educación junto a los estudiantes, funcionarios y apoderados; y con los defensores de la “educación popular” que en vez de buscar arrebatarle las escuelas y universidades a los capitalistas y a su estado crean una educación “paralela”, en poblaciones, dejando intacto el sistema educativo.

Quienes militamos en el Partido de Trabajadores Revolucionarios – Clase contra Clase, reivindicamos la experiencia del liceo autogestionado A-90, pues es una muestra de que la pelea por la educación gratuita 100% financiada por el estado, está en conexión con un cuestionamiento al régimen político autoritario y a sus ramificaciones en las instituciones educativas que operan con criterios de mercado. Si hoy los no docentes y los profesores pueden ser despedidos arbitrariamente en base a consideraciones de “costos económicos”, por los directivos y sostenedores; si los estudiantes pueden perder su matrícula porque son considerados “indisciplinados” ¿ocurriría lo mismo si profesores, estudiantes y apoderados pudieran gobernar en los colegios? Lo que ocurre en el Liceo A-90 debe ser conocido e integrado como una lucha por el conjunto del movimiento estudiantil.

20 de octubre de 2011

Les affrontements de rue contre la police et la lutte de la jeunesse chilienne

Juan Valenzuela — 2011-08-27T20:42:00Z

Juan Valenzuela est enseignant, membre de la direction du PTR.

La journée de mobilisation historique du 25 août a été l'occasion de rediscuter, au sein de la gauche radicale, du rôle des affrontements de rue dans le cadre d'un processus de mobilisations. (…). [A Santiago, au cours de la manifestation du 24], lorsqu'un large secteur de manifestants a commencé ã jeter des pierres sur la police, les dirigeants syndicaux, les militants des Jeunesses Communistes et de la Concertation ont formé un cordon entre les manifestants et la police pour la protéger des pierres. Alors que tout un secteur dirigé par le PC et la Concertation se montrait réticent face aux affrontements avec les forces de répression, un autre secteur, composé principalement par des jeunes des lycées municipaux, professionnels et industriels, les « sopaipas » selon les médias chiliens réactionnaires et la droite, bientôt rejoints par des étudiants, ont montré qu'ils étaient disposés ã s'affronter aux carabiniers et à la police et ont commencé ã ériger des barricades. (…)

Arturo Martínez, dirigeant de la CUT, est revenu le lendemain dans La Nación sur ces jeunes qui se sont battus dans les rues : « le mouvement social a toujours eu quelques problèmes, la répression de la droite et des gouvernements d'un côté et l'extrême-gauche qui travaille pour la droite de l'autre. Ceux qui sont aujourd'hui sur les barricades, les voyous, ceux qui profitent de nos appels à la mobilisation, ce ne sont pas nos jeunes, nous ne sommes pas d'accord avec eux, ils agissent en accord avec la droite ».

Les paroles de Martinez font du mal au mouvement ouvrier et populaire. De notre point de vue, les affrontements de rue sont un des acquis du mouvement actuel, absents d'ailleurs de celui de 2006 [au cours de la « révolte des pingouins », le mouvement lycéen]. Arturo Martínez fait l'amalgame entre les jeunes manifestants et la droite. Mais est-ce que les milliers de jeunes qui se sont affrontés à la police le 4 août sont des casseurs qui répondent à la droite ? Que serait-il advenu si lorsque le gouvernement décrétait l'interdiction de manifester et ordonnait que les forces de répression mettent fin aux occupations nous n'avions pas répondu en construisant des barricades ? Si Piñera n'a pas réussi son coup le 4 août, c'est parce que des milliers de jeunes n'ont pas accepté la répression policière et ont combattu dans la rue. Et aussi parce que des milliers de personnes se sont solidarisées avec la lutte ã travers des « caceroladas », les concerts de casseroles, dans les quartiers populaires. C'est en ce sens que les affrontements de rue avec les carabiniers et la police représentent un point d'ancrage dans la conscience des milliers de jeunes et de travailleurs.

Depuis cette date le PC a systématiquement acceptée l'interdiction promulguée par le gouvernement de manifester ã partir de Plaza Italia [dans la capitale, ã santiago]. Au cours de ce que l'on a appelé la manifestation des parapluies du 18 août (« Marcha de los paraguas ») grâce ã son influence au sein du syndicat enseignant (« Colegio de profesores »), le PC s'est déclaré hostile ã tout affrontement avec la police, et ce en accord avec la Mairie de Santiago. Après avoir désobéi au décret antidémocratique du 4 août le PC a effectué un virage ã 180° vers l'obéissance afin d'éviter le plus possible les affrontements de rue entre la jeunesse et les forces de répression. Comment faire passer l'idée d'un « plébiscite » si les affrontements avec la police devenaient quotidiens ? Camilla Vallejo et Jaime Gajardo auraient-ils pu négocier avec le gouvernement et les députés au moment où des milliers de personnes affrontaient la police ? Pour eux les méthodes de manifestation ne doivent pas aller au-delà de la « norme » puisque le but est de canaliser ce processus dans le cadre des institutions.

Cependant, ils n'ont plus le contrôle. Durant la manifestation du 25 ils voulaient être plus « gardiens de la paix » que les carabiniers eux-mêmes mais dix ã vingt mille jeunes se sont battus contre la police. Même les « collectifs populaires », [organisation populistes de gauche radicale] habitués aux accrochages avec la police mais déconnectés du mouvement réel sont passés ã côté ce jour-là ainsi que lors des journées précédentes. Pour notre part, une commission d'autodéfense avait été élue ã partir d'une proposition de « Armas de la Crítica » à la faculté de Philosophie de Santiago lors d'une assemblée le 24 au matin. Cette commission a préparé et dirigé le combat contre la police pendant plus de trois heures alors que les organisations « populaires », qui fétichisent habituellement les affrontements de rue sont restées à l'écart, en spectateurs. Au cours de ces affrontements ce qui était en jeu c'était la colère d'une grande partie de la jeunesse et non l'héroïsme stérile des petits groupes habitués aux escarmouches avec les carabiniers. La haine et la rage contre cette société qui n'offre que la misère et contre ce gouvernement de droite qui répond au patronat se font sentir ã chaque affrontement. Une jeunesse combative et qui n'a plus peur commence ã émerger. Le poids de la dictature, qui pèse beaucoup sur les générations précédentes, commence ã s'estomper chez les jeunes qui se battent dans les rues et sur les barricades.

Il faut encore que la classe ouvrière se débarrasse de cette peur. Dans la manifestation du 25 août ã Santiago, au moins la moitié des manifestants étaient des travailleurs du secteur public. Mais sur les barricades et les blocages de rues il n'y avait que des jeunes. Les travailleurs qui étaient présents regardaient avec sympathie. D'autre semblaient plus réticents. Le PC et la Concertation ont cherché à les utiliser pour mettre un frein aux affrontements de rue mais cela n'a pas été possible une fois la répression commencée.

Ce n'est pas un hasard si les dirigeants de la CUT n'ont pas cherché ã préparer la grève de façon active dans des secteurs stratégiques et/ou précaires de la classe ouvrière. Si dans la manifestation il y avait eu des détachements d'ouvriers industriels, sous-traitants, mineurs, dockers ou routiers, cela aurait été beaucoup plus difficile d'arrêter les affrontements de rue. Ce sont effectivement les mineurs sous-traitants et les dockers qui ont été à l'origine du plus grand nombre d'affrontements avec la police lors des derniers mouvements sociaux.

En tant que marxistes révolutionnaires nous revendiquons les affrontements de rue et nous y participons dès qu'ils sont massifs, dès lors qu'ils dépassent le cadre des petits accrochages entre groupes populistes et la police. Ceci ne fait pas le jeu de la droite comme le soutient Martinez. Ce sont ces déclarations qui stigmatisent et criminalisent des milliers de jeunes qui font le jeu de la droite.

Même si les affrontements de rue ont une grande valeur morale et une capacité ã interrompre la normalité routinière dans une ville, ils n'ont pas la même force que la grève générale qui frappe au cœur de la société capitaliste. La grève générale met en position de lutte des milliers ou des millions de travailleurs et elle affecte directement les bénéfices des capitalistes et désorganise les forces de l'ordre. La classe ouvrière chilienne n'a pas encore déployé toute sa force. Cependant l'intransigeance du gouvernement et la violence du patronat mettent cette question de plus en plus à l'ordre du jour.

Pour gagner sur la revendication d'une éducation gratuite et faire tomber le régime de la démocratie post-Pinochet, basé sur le système binominal [1], il est indispensable de combiner ces méthodes de lutte. Le pouvoir politique des patrons, ã tous les niveaux, est lié aux institutions d'enseignement privé. C'est pour cela qu'ils défendent bec et ongles « l'éducation de marché ». Ils n'hésiteront pas ã déployer de façon plus offensive encore leurs forces de répression si la lutte s'approfondissait.

La « Federación de Instituciones de Educación Particular » [qui regroupe une partie des instituts d'enseignement privé], consciente du fait que le processus actuel remet en question ses bénéfices, a publié un communiqué où elle fait appel aux propriétaires des lycées subventionnés pour utiliser tous les mécanismes répressifs à leur disposition. Elle n'a pas hésité ã menacer de sanctions les dirigeants syndicaux t ã signaler que les personnels faisant grève subiront des retenues sur salaire. Elle fait appel à l'application de la loi 20.084 pour tous les mineurs de plus de 14 ans et à l'intervention de la police lorsqu'il y a des blocages. Ces gens-là n'ont aucune intention de céder de façon volontaire leurs propriétés, même si l'option « éducation gratuite » était majoritaire au plébiscite dont parle le PC. Tout ce qui devra leur être imposer ne pourra se faire que par la force des travailleurs et des étudiants.

Les politiciens bourgeois de la droite et de la Concertation cherchent et chercheront toujours ã défendre les patrons de l'éducation, quel qu'en soit le prix. Notre combat est en ce sens étroitement lié à la lutte pour renverser les institutions de la démocratie post-Pinochet, le parlement binominal avec ses députés et ses sénateurs (…). La lutte contre « l'éducation de marché » est liée à la lutte contre le régime de la démocratie telle qu'on la connaît depuis 1990. Pour cela, il nous faut lutter avec les méthodes de la grève et des affrontements de rue. Pour que ces armes soient les plus efficaces possible il est nécessaire de construire des Assemblées ouvrières, étudiantes et populaires ainsi que des comités d'autodéfense dans le but de mettre en place une Assemblée constituante libre et souveraine basée sur la mobilisation des travailleurs.

27/08/2011

[1] Le « système binominal » est un système de vote utilisé lors des élections parlementaires chiliennes. L'objectif est de générer une situation dans laquelle les deux blocs majoritaires emportent la même quantité de sièges au Parlement même s'il existe une grande différence dans le nombre de voix que ces deux blocs ont obtenu. Son utilisation a été imposée dans la Constitution chilienne pendant le régime de Pinochet [NdT].

Desafiando a prepotência

Juan Valenzuela — 2011-08-11T23:10:00Z

No dia 4 de agosto o governo ocupou as avenidas com a polícia para realizar seu objetivo político: suspender o direito ã manifestação. Se houvessem conquistado seu objetivo os empresários da educação, entre outros o próprio ex ministro da educação J. Lavín, estariam respirando tranqüilamente. Cerca de 80% da população, segundo a última pesquisa CEP, rechaça o lucro na educação básica e universitária. Mas seu plano não funcionou. Os estudantes secundaristas e universitários desafiaram a prepotência do governo. Ainda que não tenha sido possível concentrar-se na Praça Itália. A imprensa direitista divulgou por toda a tarde que os estudantes “não conseguiram marchar”. Mas miilhares e mlhares protagonizaram enfrentamentos com a polícia, barricadas e pedradas. As 18h30min, num gesto patronal, o governo chamou repetidamente que se descumprisse a convocatória da Confech e do Colégio de Professores. Helicópteros policiais usavam luz de perseguição nas ruas da cidade. Mas novamente durante a tarde aconteciam enfrentamentos com a policia e dezenas de barricadas. Cerca das 21 horas começaram a bater as panelas em municípios como Cerro Navia, San Miguel, Maipú, em cidades do sul como Puerto Montt e também em bairros mais acomodados como Nuñoa. Existe um amplo apoio ao movimento. Todos estão fartos da educação de Pinochet.

A última pesquisa CEP mostrou que o movimento estudantil gerou um enorme desprestígio ao governo. Apenas 26% da população o aprova. 54% o rechaça. Mas o conjunto dos políticos empresariais atravessa um mal momento. A Concertação não possui mais que 19% de apoio e a Coalizão pela Mudança 24%. Tudo indica que há cada vez menos confiança nesses conglomerados que existem como pilares da “democracia protegida”. Tudo isso enquanto o debate sobre a educação contribui para a politização de amplos setores da sociedade.

Isso é o que podemos denominar de uma crise do regime da democracia protegida. A Concertación era um grupo de “falsos amigos do povo”. Bachelet, por exemplo, ganhou popularidade com a “proteção social”, subsidiando com pequenas quantias os setores mais empobrecidos da sociedade. Mas agora que muitos poucos acreditam no progressismo da Concertación, qual político patronal sairá fortalecido com a crise da direita ? Todo mundo reconhece a crise política. Por isso que tanto a direita quanto a oposição começam a acelerar os trâmites de reformas políticas como a inscrição automática, o voto voluntário ou dos chilenos que vivem em outros países. Seus analistas começam a discutir a necessidade de mecanismos plebiscitários e como acabar com a designação “a dedo” de parlamentares.

A atuação da polícia no 4 de agosto e noutros acontecimentos recentes como na denúncia de infiltrados nas marchas que aparecem na televisão aberta podem abrir também um maior questionamento em diversos setores sociais ao autoritarismo e a sua instituição. Sob quais pilares a patronal vai se apoiar para salvar seu domínio da sociedade ? Não é casual que Zalaquett e Chadwick responderam com tanta fúria no 4 de agosto. Zalaquett anunciou desocupações e que os pais dos estudantes nas ocupações teriam que pagar de seus próprios bolsos possíveis danos nas escolas. Chadwick disse que ninguém dá ultimato ao governo, aludindo ao prazo de 6 dias que deram a Confech e o Colégio de Professores e defendeu abertamente a repressão.

A CUT adiantou sua paralisação de outubro para agosto (25) mas não há sinais de que queiram paralisar conjuntamente com os estudantes e professores no dia 9. Deste modo a enorme simpatia pelo movimento estudantil não é transformada pelas direções da classe trabalhadora em um convite para a entrada em cena da luta operária. Na mina Escondida refluiu o movimento com um abono. Poderiam os dirigentes deste setor ter mantido o apoio da paralisação nacional ? Não são os trabalhadores uma enorme força quando utilizam seus próprios métodos de luta como a greve ? Para acabar com as divisões devem ser formadas assembléias operárias e populares em todo o país para organizar um plano de luta. Há que lutar por uma Assembléia Constituinte Livre e Soberana baseada na mobilização dos trabalhadores e do povo pobre.

Chile: se realizó el I Congreso de Clase contra Clase

Juan Valenzuela, Pablo Torres — 2010-11-18T23:09:33Z

Con la presidencia honoraria de los trabajadores y la juventud francesa, del compañero Mariano Ferreyra, y de León Trotsky a 70 años de su asesinato, sesionó los días 30 y 31/10 y 01/11 el I Congreso de Clase contra Clase, sección chilena de la FT-CI. Decenas de jóvenes trabajadores y compañeros de la “generación pingüina” de la enorme lucha de 2006 fueron parte de las apasionantes jornadas de debate sobre la crisis internacional y sus perspectivas, el Manifiesto Programático de la organización, la situación nacional y las tareas de los revolucionarios. A continuación, publicamos extractos del informe publicado en el periódico Clase contra Clase, que puede leerse completo en www.clasecontraclase.cl

(...) Hubo una rica discusión de la situación nacional y sus perspectivas tras un informe a cargo del compañero Fabián Puelma, dirigente nacional. Discutimos el fin de ciclo que significó la derrota de la concertación y el triunfo de la derecha en las últimas elecciones, y una mejor caracterización del gobierno derechista para prepararse ante nuevos acontecimientos, enfrentar los ataques de la derecha e intervenir revolucionariamente ante este nuevo ciclo político.

Luego, la compañera Dolores Mujica, dirigente nacional de la organización, abrió reflexiones sobre los nuevos desafíos. Una primera etapa de Clase contra Clase estuvo concentrada en reinstalar las banderas del trotskismo en Chile, a través de un balance de los principales procesos históricos de la lucha de clases en el país (…) y también estuvo concentrada en una sistemática elaboración política y programática, a través del periódico que desde 1999 hasta el día de hoy no ha perdido su regularidad primero mensual y ahora quincenal. También dimos los primeros pasos en la construcción de la organización en el movimiento estudiantil impulsando junto a compañeros independientes la corriente de estudiantes marxistas Las Armas de la Crítica y los primeros pasos en el movimiento obrero. Aun con nuestras modestas fuerzas, hemos participado de los principales procesos de la lucha de clases de los últimos años, como la lucha secundaria del 2006 o huelgas como la de los subcontratados del 2006, 2007 y 2008. En estos años se han forjado nuevos cuadros y dirigentes revolucionarios. En el Congreso discutimos la necesidad de pasar a una nueva etapa que condense lo mejor de la etapa anterior y que sea capaz de superar las características de un grupo inicial. Una etapa en la que cobren más peso los elementos de acción, es decir, la actuación de los militantes revolucionarios en la lucha de clases.

Aun hay muchos pasos por dar en este sentido. Será necesario construir la organización en el movimiento obrero, con el fin de levantar una alternativa a la colaboración de clases del PC y a las políticas del PS y la Concertación. El compañero Diego C., dirigente obrero, abrió este punto. Además, las compañeras Alicia Sepúlveda y María Rojas, obreras y dirigentes de Pan y Rosas abrieron una muy rica discusión en torno a la explotación de la mujer trabajadora y cómo ésta, junto a la juventud trabajadora, es un sector estratégico para los trotskistas revolucionarios al cual debemos dirigir nuestra inserción. Se dieron apasionados debates en esta sesión del congreso. Se discutió las contradicciones del grupo. Cómo nuestra fortaleza podía transformarse en una debilidad si no éramos capaces de ligar nuestras ideas a un sector de los trabajadores. Porque no bastan las ideas revolucionarias. Es necesario que esas ideas sean tomadas por millones de hombres y mujeres explotados y explotadas. Es la única forma de enfrentar al capital seriamente y no permanecer en declaraciones. Diversos compañeros señalaron la dificultad de este trabajo en las distintas fábricas y empresas y contaron las ricas experiencias del trabajo que venimos haciendo en el movimiento obrero. La conclusión es que la organización debe avanzar a ponerse a tono en esta tarea estratégica, que avanzará aun más en la medida en que surjan sectores de vanguardia de los trabajadores en Chile.

Los compañeros del PTS fueron un enorme aporte para pensar una inserción orgánica del movimiento obrero ante la experiencia que vienen teniendo en el sindicalismo de base, y luchas tan importantes como las de Zanón y Kraft. Plantearon la necesidad de recomponer los lazos de solidaridad en los lugares de trabajo, destruidos por la dictadura. Lazos que resurgirán no solamente por ideas políticas, sino por retomar prácticas efectivas de unidad obrera, creando instancias sociales, que vayan generando una unidad capaz de contrarrestar el individualismo impuesto por años de derrota.

El Congreso resolvió cambiar el nombre de la organización a Partido de Trabajadores Revolucionarios. No porque seamos ya un partido, sino como bandera de lucha. En un Chile donde la clase trabajadora es dirigida por partidos que defienden la colaboración de clases, es necesario levantar una alternativa partidaria obrera y socialista (…)

11 de noviembre

La gran farsa de Piñera

Juan Valenzuela — 2010-10-19T03:00:00Z

El gobierno de Sebastián Piñera busca sacarle el máximo provecho al rescate de los mineros. Aprovechando el aumento de su popularidad, se propone no solamente implementar políticas neoliberales y antiobreras –como el Contrato de Primer Empleo-, engañar con demagogia al pueblo trabajador y potenciar figuras políticas para que se transformen en posibles recambios presidenciales. Busca también crear un clima de “unidad nacional”, que no es más que una máscara de la explotación y la impunidad patronal.

300 mineros han quedado en la calle…

El martes 18/10, Laurence Golborne, ministro de Minería, participó de una ceremonia en las afueras de la Intendencia de Atacama, en la que se exhibió la cápsula Fénix 3, construida para el rescate a los 33 mineros que soportaron más de dos meses enterrados en las entrañas del yacimiento San José. Para poder realizar el acto, tuvo que recurrir al resguardo policial. ¿No resulta extraño que este señor, que ha aumentado su “aprobación ciudadana” a niveles altísimos y que comienza a ser indicado como una posible carta presidencial de la derecha, gracias a sus lágrimas farsantes ante el accidente minero en la televisión y a la campaña que buscó mostrarlo como un “salvador”, tenga que recurrir a la policía? ¿Quién perturbó su tranquilidad?

Fueron los mineros de San Esteban que han quedado en la calle. A los 300 trabajadores de la empresa propietaria del yacimiento de San José, no les querían pagar sus salarios de septiembre ni sus aguinaldos. Los señores Bohn y Kemeny, propietarios de esta minera, se declararon en quiebra. Los trabajadores se movilizaron y obtuvieron que la Empresa Nacional de Minería –perteneciente al Estado- se hiciera cargo de lo que se les adeudaba. Pero ahora que es claro que no recuperarán sus puestos de trabajo en San Esteban, exigen que se les pague el finiquito. La patronal está respondiendo con una miserable propuesta, de pagar la mitad en diciembre y la otra parte en cuotas en 2011. El ministro Golborne, descartó cualquier intervención. “Está más allá de las atribuciones del gobierno” (La Tercera, 20 de octubre). Como vemos, no tiene ningún problema en aceptar que los trabajadores queden en la calle.

El miércoles 19 estos trabajadores marcharon en común junto a los huelguistas de Supermercados LIDER y cortaron algunas calles en señal de protesta. La policía respondió deteniendo al secretario del sindicato minero y a dos trabajadores del supermercado y desplegó un operativo con carros lanza-gases.

…pero nos muestran una farsa

Mientras se desarrolla esta lucha en Copiapó, los hogares son invadidos por las imágenes de una intensa campaña de “unidad nacional”. Uno de los ejes de esta campaña consiste en crear una farsa: el gobierno se preocupa de los trabajadores. Ya en agosto, el gobierno creó una Comisión de Seguridad Laboral, presidida por la ministra de Trabajo, Camila Merino. El informe de esta comisión estará listo en noviembre. Ya se han anunciado los ejes centrales de éste: una mayor rigurosidad en la fiscalización a las empresas; una mayor dotación de personal para el Servicio Nacional de Geología y Minería –que en la zona del accidente contaba con sólo 4 funcionarios para más de 300 yacimientos- y una mayor cantidad de dinero para estos cometidos. Haciendo gala de una hipocresía extrema, Piñera llamó a los empresarios a “preocuparse por sus trabajadores”. Pero la propia ministra Merino reconoció “involuntariamente” que todo era mera hipocresía, destinada a evitar cuestionamientos. En un “lapsus” reconoció que el gobierno tenía “indicios de estos problemas de seguridad (en San José). Planteó que se debía “haber actuado con anticipación”. Luego de una reunión con la vocera de gobierno, la UDI Ena Von Baer, intentó borrar sus palabras: “si a lo mejor me expresé mal, hay que corregirlo (…) los indicios son después. Yo me he refería a que después de este accidente hemos sabido que esta empresa tenía serios problemas”... ¿No es raro que ahora esta ministra hable de “indicios”? ¿Cómo puede hablar de “indicios” después de un derrumbe que es una evidencia del tamaño de un buque? La ministra nos miente en la cara.

Esta campaña de unidad nacional es favorecida a través de los medios de comunicación masiva. Los programas de farándula de los canales televisivos ya han comenzado a invitar a los mineros. Se anuncia un viaje a España de cuatro trabajadores y el mediático empresario minero Leonardo Farkas les organizó una cena en homenaje. Algunos “expertos” empiezan a aconsejar a los mineros respecto a su futuro ahora “promisorio”. Buscan instalar así la idea de que el estar sepultados a setecientos metros constituyó un “golpe de suerte”. ¡Farsantes! ¡Quieren ocultar su responsabilidad de este accidente! ¡Quieren ocultar que les interesa sólo aumentar sus ganancias a costa de la explotación obrera!

El royalty: la “oposición” al servicio del oficialismo

Casi al mismo tiempo que se realizaba el rescate, la derecha y la Concertación aprobaron en el Senado y en la Cámara de Diputados una “nueva” política tributaria para la minería, que en realidad no hace más que mantener intacto el saqueo del cobre. El resultado es una invariabilidad tributaria hasta 2023. Con Ricardo Lagos, en 2005, esta se iba a extender hasta 2017. Es decir, aunque los precios del cobre vuelvan a dispararse “a los cielos”, el Estado no podrá imponerle mayores impuestos a estos empresarios. Con ello revela que no es más que un comité que administra los intereses de los capitalistas.

Abrumada por la legitimación de Golborne y el gobierno, nuevamente la Concertación demostró ser una oposición “de cartón”. Bastó que el gobierno suba del 5% al 14% la tributación de las empresas, con un periodo de transición hasta 2012 donde subirá hasta un 9%, dependiendo de la magnitud de las operaciones. El senador Lagos Weber estuvo a la cabeza de las negociaciones con la derecha. Al realizarse las votaciones, sólo el senador Ruiz-Esquide, de la DC, votó en contra. La Concertación revela que predomina más su afán por defender los intereses patronales, que su intención de ubicarse como una oposición.

Estos intereses se pueden calcular en cifras. Codelco –que es estatal- posee sólo el 28% del cobre. Pese a eso aportará al fisco en 2010, 10 mil millones de dólares, mientras que la minería privada que posee el 72% restante, aportará sólo 2.500 millones. Los capitalistas del cobre saquean este recurso y ponen sus ganancias en bancos extranjeros, en los grandes centros capitalistas a nivel mundial. ¿Cómo creer entonces en toda la farsa piñerista de preocupación por el pueblo trabajador?

Hace falta una política obrera, independiente de toda variante patronal Que el gobierno de Piñera pueda montar esta enorme farsa, es fruto de la pasividad del movimiento obrero. Pero esta pasividad no es casual. Los dirigentes oficiales de los principales sindicatos como la CUT o la propia Federación Minera de Chile no movieron un dedo para solidarizarse con los compañeros en el fondo de la mina y con sus familiares. Con ello, permitieron que la iniciativa recayese en el gobierno derechista y en la patronal.

Quienes militamos en Clase contra Clase luchamos por desplazar a estos dirigentes del dialogo social. Luchamos por refundar la CUT con una política clasista y combativa y por una gran Coordinadora Sindical para unificar al conjunto de sindicatos y obreros aun sin organización.

Llamamos a levantar cuerpos de delegados de base en cada lugar de trabajo, para garantizar la seguridad laboral. Luchamos por la renacionalización del cobre bajo control de los trabajadores.

También llamamos a solidarizar activamente con los trabajadores de San Esteban. Es necesario rodear de solidaridad esta lucha, desde otros sindicatos. Es necesario que la Federación Minera de Chile, la Confederación de Trabajadores del Cobre y los principales sindicatos de la minería, llamen a un paro de al menos un día de los mineros del norte, y a acciones de apoyo, para que los compañeros reciban lo que se les adeuda y sean reincorporados en otros yacimientos.

Para dar este conjunto de batallas, es necesario poner en pie una Izquierda Obrera y Socialista, un Partido de Trabajadores Revolucionario. Esta es la batalla de Clase contra Clase.

Avec l'armée et "l'aide humanitaire" le gouvernement réussit ã calmer la situation… Mais pour combien de temps ?

Juan Valenzuela — 2010-03-11T22:25:00Z

Après la situation extrêmement chaotique qui s'était ouverte dans le Centre-Sud du pays à la suite du tremblement de terre et des Tsunamis du 27 Février, le déploiement de l'armée dans les régions du Maule et de Biobío ainsi que la mise en place de l'aide humanitaire sous la houlette de la bourgeoisie, ses politiciens, l'Eglise, les médias et autres institutions "caritatives" ont réussi ã stabiliser ponctuellement la situation.

En maniant la carotte et le bâton, le gouvernement a réussi ã "normaliser" partiellement la situation nationale, empêchant que ne se produisent dans l'immédiat un nouveau saut dans la lutte de classe en réponse à la situation catastrophique dans laquelle se trouve les millions de Chiliens victimes de la catastrophe. Mais l'ensemble explosif de misère qu'aggrave encore davantage le séisme dans les régions les plus touchées et de surexploitation qu'annonce le gouvernement pourraient générer une conflictualité sociale explosives et ã des processus d'organisation nouveaux.

"Unis par la peur"

Alors que le gouvernement de l'entrepreneur de droite Sebastián Piñera s'installe au pouvoir, les « Concertationnistes » [la « Concertación » ou coalition centriste ayant soutenu Bachelet et au sein de laquelle on retrouve notamment le Parti Socialiste et la Démocratie Chrétienne] comme la droite se font l'écho d'un discours d'unité nationale. Le 6 mars les présidents des partis concertationnistes ont accepté de coordonner leurs efforts afin de travailler à la reconstruction chilienne. Le PS et la DC notamment ont accepté que leurs militants restent à leurs postes le temps de la passation du pouvoir et même au-delà si nécessaire en raison du contexte dramatique que connaît le pays. El Mercurio, le journal de la droite, estime d'ailleurs dans son édition du 7 mars que "la Concertation dans la première étape du nouveau gouvernement fera profil bas et ne réagira pas aux mesures politico-économiques que Piñera pourrait annoncer".

C'est ainsi que la Concertation donne de l'espace au Piñerisme qui commence ã dire ouvertement que pour préserver l'ordre public il faudra faire davantage appel aux Forces armées et étendre l'Etat d'exception ã d'autres villes, et ce alors même que les généraux en charge des zones les plus touchées commencent ã réduire les heures de couvre-feu. C'est ain si qu'il a déclaré ã La Tercera « [qu'il allait] élargir l'Etat de catastrophe naturelle de manière sélective ã d'autres localités (….) ce qui signifie maintenir sur place les Forces armées ». Mais ce rôle nouveau dévolu aux militaires chiliens est également dû à l'incurie notoire de l'appareil gouvernemental face à la catastrophe. C'est ce qu'a démontré la désorganisation complète des secours juste après la catastrophe ou le fait que l'Office Nationale d'Urgence [sécurité civile chilienne] n'ait pas alerté de manière adéquat les localités du littoral du risque de tsunami, abandonnant à leur sort des centaines de personnes qui ont péri pour certaines dans les raz-de-marée postérieurs au séisme.

Crise de la démocratie post-pinochétiste

Ce rôle croissant joué par les militaires dans la vie politique nationale qui ne se voyait plus depuis la fin de la dictature est symptomatique d'une crise du régime de la démocratie post-pinochétiste. Alors que le rôle joué par les Forces armées est jugé central par une fraction de l'opinion publique, notamment les classes moyennes qui subissent de plein fouet la campagne médiatique actuelle et ne voient pas d'autres moyens pour acheminer l'aide aux sinistrés. Si cette légitimation se consolidait, on pourrait assister ã un saut dans le poids des organes de répression dans le pouvoir d'Etat. Cela ne ferait que rendre plus apparente la faiblesse des "institutions démocratiques chiliennes", saluées à l'étranger, si le gouvernement devait avoir ã recourir à l'Armée pour stabiliser la situation et se renforcer dans le cadre de la crise nationale actuelle.

Le Parti Communiste face à la militarisation

La plupart des organisations de gauche radicale s'est prononcée contre la répression. Cependant, l'orientation politique concrète de la gauche radicale n'a souvent pas représenté une réponse conséquente face à la militarisation. C'est ainsi que dans son édito du 5 mars, El Siglo, l'organe du PC chilien, s'interrogeait sur les raisons du retard dans l'acheminement de l'aide : "pourquoi la FACh [l'aviation militaire] n'a pas immédiatement créé un pont aérien entre les villes les plus touchées de manière ã faire arriver l'aide d'urgence ?" Pour le PC chilien, qui a un poids important dans le mouvement syndical et compte sur trois députés nationaux, les 7.000 soldats aujourd'hui déployés dans les zones sinistrées auraient dû être déployés avant… Même si le PC ne soutient bien évidemment pas la répression, est-il concevable de songer ã un déploiement de forces militaires n'impliquant pas coercition et arrestations à l'égard de la population ? Cela n'aurait-il pas représenté en fait un Etat d'exception de facto ? Pour El Siglo, aucunement. Ce n'est pas un hasard dans la mesure où le PC chilien continue ã entretenir l'illusion selon laquelle les Forces armées pourraient agir de manière démocratique…

La classes ouvrière, ses organisations et les perspectives

La catastrophe sociale générée par le séisme a engendré un énorme élan de solidarité. Cette force sociale a été pour l'instant canalisé majoritairement par la bourgeoisie. Les organisations de la classe ouvrière ont tardé ã répondre. Ce n'est que depuis le début de la semaine du 8 mars que la Centrale Unitaire des Travailleurs (CUT, principal syndicat du pays) a commencé ã mettre sur pied des centres de collecte de dons et ã coordonner l'aide, un retard qui a continué à laisser le champ libre aux forces bourgeoises. De son côté, la fédération d'Etudiants du Chili (FECh) a organisé la collecte dès le lendemain du séisme avec prés de 2.000 militants. Mais au lieu de tirer profit du sentiment de solidarité existant en organisant un réseau alternatif d'aide opposée ã ceux du patronat et du gouvernement, la direction de la FECh a transformé dans les faits le réseau étudiant d'aide en la branche « jeune » de la Sécurité civile, dépendant du gouvernement.

Cela n'a pas empêché cependant qu'au sein de la FECh ne commencent ã se produire d'intéressants phénomènes de coordination avec des Comités de quartier [Juntas de vecinos] et des syndicats comme la FENATS (santé). C'est ainsi qu'un premier comité ouvrier-étudiant d'aide a vu le jour. Les phénomènes les plus intéressants d'organisation sont peut-être cependant la mise en place d'organismes de quartier dans les villes ou les bidonvilles les plus touchées par le séisme au sein desquelles s'organisent l'approvisionnement ou se structurent même des revendications relatives aux services qui ont été suspendues (eau, électricité, gaz, etc.). Alors que les partis Concertationnistes se trouvent en crise et que les organisations traditionnelles de la classe ouvrière n'ont jamais été aussi faibles, de tels phénomènes, même réduits, pourraient se transformer en une tendance sur le long terme, laissant entrevoir de nouvelles formes d'organisation qui pourraient voir le jour dans les processus ã venir de lutte de classe.

Du point de vue de la conflictualité de classe, l'impossibilité pour les secteurs sinistrés de renouer dans l'immédiat avec leur niveau de vie par le biais de l'aide gouvernemental (qui se limite ã de l'aide alimentaire et ã des abris qui ne suffisent pas ã tous les sinistrés) pourrait faire que l'on assiste ã des phénomènes spontanés d'explosion sociale, ã caractère « populaire ». Ils pourraient d'ailleurs se combiner ã des éléments de ras-le-bol ouvrier contre l'augmentation de l'exploitation annoncée par Piñera ou la probable hausse des denrées alimentaires. En effet la zone Sud-centrale, touchée par le tremblement de terre, concentre la majeure partie de la production agricole du pays.

C'est pour ces raisons que nous pensons que la situation qui tient grâce aux fusils de l'armée et l'arrivée de l'aide humanitaire est extrêmement précaire. Il n'est pas dit, de surcroit, que le sentiment de solidarité qui existe pourra toujours être canalisé par les institutions liées au pouvoir patronal.

Les militaires hors de nos villes ! Organisons la solidarité ouvrière et populaire !

Une des revendication centrale doit être le retrait immédiat des militaires des villes du Sud, la fin de l'Etat d'exception et du couvre feu. Le patronat et ses forces de répressions s'en prennent aux droits démocratiques en arguant du fait qu'il en va de la possibilité d'arrêter les pillages et d'organiser l'aide humanitaire. C'est en fait la défense de la propriété privée que défend l'armée, qui se prépare déjà ã discipliner la classe ouvrière et les secteurs populaires sur qui pèsera le poids de la "reconstruction".

C'est en ce sens qu'il est nécessaire de mettre sur pied la solidarité ouvrière et populaire. Les unions syndicales locales et d'entreprise doivent se transformer en centres de collecte et organiser des caravanes de camions pour le Sud, avec les drapeaux des organisations solidaires. Malheureusement les directions de la CUT et de la FECh n'ont pas voulu suivre ce chemin. C'est en ce sens que c'est ã nous de coordonner par en bas ce type d'actions.

Face au possible scénario qui nous menace, le travailleurs auront besoin d'une alternative de classe et un programme opposé ã celui de la "reconstruction" des capitalistes. Il faudra pour cela qu'il existe une gauche ouvrière et socialiste, qui lutte pour une société alternative ã celle dans laquelle on vit, qui n'est même pas capable de garantir un minimum de protection aux pauvres et aux classes populaires face aux catastrophes naturelles. Clase contra Clase est engagé dans ce combat.

Con pistolas y “ayuda”, calman las aguas… ¿Por cuánto tiempo?

Juan Valenzuela — 2010-03-11T16:18:13Z

La activación de la ayuda social por parte de la clase patronal, sus políticos, la Iglesia, sus medios de prensa y sus instituciones “caritativas”, y la previa militarización de las regiones de El Maule y el Biobío, han dado como resultado una estabilización precaria del escenario catastrófico abierto con el terremoto y los tsunamis del pasado 27 de febrero.

Combinando la zanahoria y el garrote, han conseguido “normalizar” parcialmente la coyuntura política nacional, posponiendo, aunque solamente en lo inmediato, la posibilidad de que se produzcan acciones mayores de la lucha de clases, como respuesta al despliegue furibundo de las necesidades que abrió el sismo. Sin embargo, estas mismas necesidades, la miseria que tardará en irse –sobre todo en las regiones afectadas-, y la sobreexplotación que se anuncia para la clase obrera, pueden abrirle el paso a procesos de lucha –explosivos en las regiones más afectadas- y organización no vistos hasta ahora.

“Unidos por el espanto”

Concertacionistas y derechistas, a días de que asuma el gobierno el empresario Sebastián Piñera, ensayan un discurso de unidad nacional. El pasado sábado, los presidentes de los partidos concertacionistas –Partido Socialista, Democracia Cristiana, Partido por la Democracia y Partido Radical Socialdemócrata-, aceptaron coordinar los esfuerzos de la “reconstrucción de Chile” –donaciones, inversión privada y tratamiento de emergencias. Los tres primeros han aceptado también que sus militantes permanezcan, al menos un tiempo, en los cargos que requiera el nuevo gobierno. El Mercurio, diario que actúa como vocero de la derecha, ya prevé que “la línea que ahora seguirá” la Concertación en la “etapa inicial” del gobierno derechista “será de relativo bajo perfil y de espera respecto de las medidas político-económicas” (7 de marzo).

Así la Concertación le da espacios al piñerismo para que comience a agitar la necesidad de preservar el orden público recurriendo aun más a las fuerzas armadas, extendiendo el estado de excepción a otras ciudades (aun cuando los propios generales a cargo de las zonas más afectadas comienzan a reducir las horas del toque de queda). Así amenazan con que “vamos a ampliar el estado de catástrofe en forma selectiva en aquellas localidades que lo requieren” y aclaró que ello “supone mantener las fuerzas militares por más tiempo” (La Tercera, 8 de marzo, edición electrónica). También alentó el protagonismo militar la notoria inoperancia del aparato gubernamental, que se expresó agudamente durante el día uno de la catástrofe, y que tan bien ilustra el hecho de que la Oficina Nacional de Emergencias no haya alertado adecuadamente del riesgo de tsunamis, abandonando a su suerte a cientos de personas de las zonas costeras, muchas de ellas hoy muertas.

Crisis de la democracia pospinochetista

Este creciente protagonismo de las fuerzas armadas en la vida nacional -no visto desde la dictadura- implica una crisis del régimen de la democracia pospinochetista. De consolidarse una legitimación de su intervención –percibida como necesaria, incluso por amplios sectores de la población, sobre todo de las capas medias, trastornadas con la campaña mediática y la catástrofe social, y que no ven otra alternativa para recibir la ayuda-, podría producirse un salto en el peso de los elementos represivos del poder estatal, con lo que la “institucionalidad democrática chilena”, tan halagada en los foros internacionales de los políticos capitalistas, revela su debilidad, en el acto de recurrir a los “destacamentos de hombres armados” para estabilizarse y refortalecerse en el marco de la crisis nacional.

El Partido Comunista ante la militarización

La mayoría de las organizaciones de izquierda se han pronunciado rechazando la represión. Sin embargo, como explicamos en la edición anterior de La Verdad Obrera, su política no ha constituido una respuesta nítida y consecuente de rechazo a la militarización. El editorial de El Siglo, periódico del Partido Comunista, publicado el viernes 5 de marzo, se pregunta, a propósito de la tardanza en los planes de ayuda: “¿Por qué la FACH (Fuerza Aérea de Chile) no creó de inmediato un puente aéreo entre las ciudades más afectadas para repartir, aunque fuera desde el aire, los elementos esenciales de primeros auxilios? ¿Por qué hubo que esperar el Toque de Queda para sacar a siete mil tropas militares a las calles y no se hizo antes para repartir alimentos entre las poblaciones?”. Como vemos, para esta organización con peso en el mundo sindical y tres diputados electos- había que enviar antes a 7.000 milicos. Aunque es cierto que no plantean esto porque defiendan la represión -es más, la rechazan-, ¿es concebible que militarizar de tal forma estas regiones era posible sin coerción, sin detenciones? ¿No hubiese sido más bien un estado de excepción “de hecho”? Para el PC no, porque tienen confianza en que las Fuerzas Armadas pueden actuar “democráticamente”.

La clase obrera y los oprimidos, sus organizaciones y perspectivas

La catástrofe social ha despertado masivamente un sentimiento de solidaridad. Esta fuerza social, hasta ahora ha sido canalizada por la clase patronal. Las organizaciones de la clase obrera y los oprimidos han tardado en responder. Recién esta semana, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ha comenzado débilmente a organizar centros de acopio y coordinar la ayuda, tardanza que contribuyó a que predominara la iniciativa patronal. Por otra parte la Federación de Estudiantes de Chile (Fech), organizó la recolección de productos básicos, agrupando a alrededor de 2.000 jóvenes, casi desde el primer día. Sin embargo, sus dirigentes, en vez de aprovechar este sentimiento de solidaridad para conformar una alternativa de ayuda, contrapuesta a la ayuda patronal que no busca más que lavarle la cara a los empresarios, los verdaderos responsables de la catástrofe social, han transformado a la federación en la sección estudiantil de la “Oficina Nacional de Emergencia”. Aun así, al interior de esta organización comienzan a producirse interesantes fenómenos de coordinación con juntas de vecinos y sindicatos como la FENATS (de la salud), y se ha constituido un comité obrero-estudiantil.

Quizá lo más novedoso, en cuanto a fenómenos de organización, sea la activación y constitución de organismos vecinales en algunos poblados y barrios golpeados por el terremoto, que organizan el abastecimiento e incluso demandas por los servicios suspendidos. En el marco de la crisis de la Concertación y sus partidos y la debilidad de las organizaciones tradicionales de la clase obrera y los oprimidos, estos fenómenos aun reducidos y de baja notoriedad nacional podrían transformarse en una tendencia de largo aliento, que le abra las puertas a fenómenos novedosos de la lucha de clases.

Desde el punto de vista de las perspectivas de la lucha de clases, la imposibilidad de que los sectores más afectados recuperen a corto plazo sus niveles de vida previos con la mera ayuda patronal –que consiste en alimentos para paliar el hambre, y en viviendas sumamente precarias, que difícilmente alcancen a corto plazo para todos los damnificados-, se podría abrir una dinámica de explosiones espontáneas de lucha, de carácter “popular”. Esto se podría combinar con elementos de rabia obrera, y el desarrollo de luchas sindicales contra el aumento de la explotación, del desempleo y de la inflación de los productos alimenticios, debido a que la zona centro-sur, azotada por el terremoto, concentra la producción agrícola del país.

Es por estas razones que definimos que la actual estabilización a punta de pistolas y “ayuda” es precaria. La patronal tendrá que lidiar con nuevas dificultades para mantener su dominio de clase. No está dicho que el malestar y el generalizado sentimiento de solidaridad puedan ser mantenidos por siempre en los cauces de la política patronal.

¡Fuera los milicos de las calles! ¡Organicemos la ayuda obrera y popular!

Es necesario exigir que los milicos sean retirados de las calles, el fin del estado de excepción y el toque de queda. La patronal y sus fuerzas represivas cercenan los derechos democráticos, argumentando que es para detener los saqueos y organizar la ayuda, cuando en realidad buscan defender la propiedad privada capitalista y garantizar la “disciplina” que será necesaria para que sean los trabajadores y los pobres quienes carguen con los costos de la “reconstrucción”. ¿Acaso no podríamos organizar la ayuda obrera y popular, coordinando los locales sindicales centrales y de base, para transformarlos en centros de acopio e impulsando caravanas de camiones, que con las banderas de tal ayuda, y de cada organismo, recorran las zonas afectadas? ¿Acaso no es posible organizar en cada local sindical comedores populares para dar solución al problema del abastecimiento? Lamentablemente las direcciones de la CUT y FECH no se han querido jugar por este camino. Los trabajadores y estudiantes debemos tomar la iniciativa en nuestras manos e impulsar la ayuda obrera y popular coordinando desde nuestras organizaciones.

Ante el escenario que comienza a abrirse, los trabajadores necesitaran una alternativa de clase y un programa opuesto al de la reconstrucción capitalista. Para esto se hace necesario también levantar una izquierda obrera y socialista, que pelee por una sociedad alternativa al capitalismo, el cual ni siquiera es capaz de asegurar una mínima “protección” a la clase obrera y los pobres ante los embates de la naturaleza. Clase contra Clase pelea por esta perspectiva socialista.

Chile: el terremoto desnuda la miseria y afila las garras represivas de la patronal

Juan Valenzuela — 2010-03-05T15:41:02Z

Las consecuencias sociales del terremoto

Las consecuencias sociales del terremoto en la zona centro-sur y los tsunamis en diversas ciudades costeras son evidentes. Según los índices oficiales, un millón y medio de viviendas ha sufrido algún tipo de daño y medio millón ha quedado inhabitable. El gobierno ha señalado que 723 personas han fallecido -544 en la región del Maule, que junto a la región del Bíobío es una de las más afectadas-, aunque la propia directora de la Oficina Nacional de Emergencias ha reconocido que “la información es tremendamente vaga” (La Tercera, 2/3). Todo indica que una combinación de inoperancia y engaño es el motivo real de aquella cifra. Han colapsado carreteras y puentes y el sistema de agua potable y de luz en diversos grados, sobre todo en las regiones más afectadas. Los alimentos escasean. Las necesidades apremian.

No en “Chile”, pero sí en los barrios obreros y populares de Chile. Una imagen aérea captada por las cámaras de CNN mostraba el contraste entre la destrucción de Quilicura -una de las comunas más pobres del país y la “solidez” de Vitacura- donde se concentran las residencias de empresarios y profesionales. Esta imagen es expresión de las profundas desigualdades del “modelo chileno”, tan halagado en los salones y en los medios del establishment internacional. Un reciente estudio de la CEPAL registraba que en Chile el 20% más rico de la población gana trece veces más que el 20% más pobre, y que entre 1990 y 2007 la tasa de desocupación se mantuvo elevada, al igual que la informalidad de los ocupados, y aumentaron los contratos de corto plazo y la rotación de los puestos de trabajo, o sea, la precariedad laboral (Chile: ¿Hacia un desarrollo inclusivo?). Es claro que la Concertación ha continuado y profundizado la obra económica y social del pinochetismo, aunque con métodos democráticos.

El daño de la estructura productiva no ha sido balanceado en detalle. A horas del terremoto circuló la noticia del incendio de dos fábricas en la zona norte de Santiago y la nube tóxica que produjo. Y en la región del Bíobío, de alta concentración industrial, las pesqueras y forestales han paralizado todas sus plantas productivas. Es el caso de la celulosa Arauco, propiedad de lo más granado de la gran patronal chilena. El puerto de Talcahuano ha quedado completamente devastado y el reinicio de sus faenas se ha pospuesto indefinidamente. Una parte importante de los puertos, como San Antonio y Valparaíso, funciona a “media máquina”. La industria del vino habría perdido el 20% de sus inventarios. Todo esto significa que la patronal no dudará en dejar a miles de trabajadores en la calle. El presidente electo, Sebastián Piñera, ya ha anunciado que el terremoto repercutirá en los niveles de empleo.

Los “expertos” de la clase patronal comienzan a anunciar que en marzo la inflación se disparará. Serán los alimentos -que constituyen la mayor parte del gasto de las familias obreras- los productos cuyos precios más se elevarán. Argumentan que el colapso de las carreteras elevará los precios del transporte y que eso “inevitablemente” repercutirá en los precios. Más aún considerando que la zona centro-sur de Chile concentra la producción agrícola. Esa repercusión futura ya comienza a ser utilizada por especuladores, que venden pan a precios exorbitantes en las zonas más afectadas.

El hambre y la sed de miles -sino millones- de personas es lo que explica los saqueos que se han producido en algunos supermercados, sobre todo en las regiones del Maule y del Bíobío, aunque también en comunas metropolitanas como Quilicura. Estos constituyen una reacción espontánea elemental ante el apremio de las necesidades. El gobierno de Bachelet, desnudando su carácter, se reunió con los empresarios del rubro -en una reunión realizada el pasado sábado- para coordinar la compra de alimentos que el Estado hará a estos multimillonarios, que demagógicamente presentan como una solución al problema del abastecimiento. Y ante todo se coordinan para defender sus propiedades. De este modo, la crisis social repercute sobre el régimen político, mostrando el grado de dependencia del poder gubernamental con respecto a los empresarios privados, incluso para actuar en un escenario catastrófico.

Estado de excepción

Azuzado por la patronal y la derecha -y develando su verdadero carácter de servidor de los empresarios-, el gobierno de Bachelet ha decretado el “estado de catástrofe” para las regiones más devastadas, una de las cuatro figuras excepcionales de la Constitución, que atenta directamente contra el derecho de reunión y locomoción. Un decreto de estas características no se emitía desde 1985, en plena dictadura pinochetista. Las regiones del Maule y del Bíobío son controladas directamente por las fuerzas armadas. De ese modo se busca preservar el poder estatal en las zonas más golpeadas por el terremoto. El contingente militar llegará a los 7.000 hombres, de los cuales 4.700 se concentrarán en Concepción, la capital de la región del Bíobío, una de las ciudades más destruidas, y cuyos sectores obreros y populares son los más hambrientos y sedientos, al punto que en los propios medios oficiales nos enteramos de que las cañerías sirven para saciarse. Recién implementada esta medida, 105 personas fueron detenidas y una baleada y se implementó el “toque de queda”, de 16 horas, desde las 8 de la noche hasta el mediodía. El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, sin ningún tapujo advertía a través de la televisión que los militares, a diferencia de Carabineros, no reprimen con lacrimógenas sino con balas y que las penas en una situación excepcional son mayores.

Los medios oficiales -controlados en su mayoría por la derecha- han contribuido a producir un clima reaccionario favorable a las medidas represivas. Para referirse a los hambrientos y sedientos, hablan de los “saqueadores”, “delincuentes”, “lúmpenes” y de las “turbas descontroladas”. El diario La Tercera -apologista de la dictadura genocida de Pinochet-, en su edición del 2 de marzo, titula su editorial “El gobierno debe garantizar el orden público sin dilaciones”. En su interior, nos encontramos con una columna indignante del panelista de Chilevisión, Fernando Villegas, titulada “La pistola al cuello”, en la que reivindica la actitud de un policía anónimo que encañona a un “saqueador”. Y un artículo histórico, que cuenta el caso de Gómez Carreño, almirante que “controló Valparaíso en el sismo de 1906” y que no dudó a la hora de fusilar públicamente a quince “delincuentes” que se abastecían de alimentos. Algunos medios, como el diario Estrategia, actuando como voceros de los sectores más envalentonados de la derecha, han criticado al gobierno por la tardanza en implementar el estado de excepción.

Esta política reaccionaria no ha sido hasta ahora repudiada por el pueblo trabajador. Por otra parte, sectores reducidos de las capas medias, trastornados por la catástrofe y la campaña represiva, le han brindado su apoyo. Los medios de prensa reaccionarios no han dudado en “amplificarlos”, cubriéndolos en sus páginas, como lo han hecho con los vecinos de Concepción. Los dirigentes de la Concertación, que durante al menos tres días se mantuvieron en una parálisis absoluta -sin emitir declaraciones públicas-, y que descansaron en las acciones gubernamentales, ya han comenzado a mostrar su rostro patronal y represivo, apoyando las medidas que sirvan para “preservar el orden”. Los primeros en hacerlo han sido el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. Satisfecho con la ubicación del gobierno y la Concertación, Sebastián Piñera ha salido a moderar las críticas a ambos, argumentando que es la hora de la acción.

Un punto de inflexión en la situación nacional

Las repercusiones sociales y políticas del terremoto, implican un punto de inflexión en la situación política nacional. Si la elección de Piñera significó un giro a la derecha, la consolidación y posible extensión del estado de excepción –política que Piñera propone para tres regiones más y que ha sido defendida por alcaldes de la zona norte de Santiago-, la legitimación de las fuerzas armadas y la morigeración de las aspiraciones de la clase obrera -en base al discurso de la reconstrucción nacional y sus necesarios “sacrificios”-podrían resultar en una profundización de este giro. Que esto no se produzca depende de que se desarrollen acciones obreras y populares de mayor envergadura, como respuesta a los padecimientos abiertos por el terremoto. Hasta ahora las acciones han sido no sólo reducidas. Han sido elementales y dispersas. Los saqueos manifiestan solamente la lucha por la existencia individual pero no un camino para resolver la enorme crisis social. Si se producen acciones mayores (huelgas, movilizaciones), y comienzan a desarrollarse elementos de organización, se puede abrir una situación política mucho más fluida y posibles giros a izquierda del escenario político de conjunto. Todavía de manera incipiente vemos indicios de esto en el hecho de que algunas juntas de vecinos, sindicatos de base y sectores estudiantiles agrupados por la Federación de Estudiantes de Chile (Fech) se estén organizando para responder a los padecimientos sociales del terremoto.

La izquierda y las direcciones sindicales

Las organizaciones de izquierda no sólo han respondido tarde ante la catástrofe social. Han planteado una política que le abre las puertas a la represión estatal o han permanecido en generalidades estériles. Entre las primeras, encontramos a las Juventudes Comunistas, que en su declaración pública escribieron: “Entendemos la necesidad que ante una situación de la gravedad de esta se requiera del servicio de las Fuerzas Armadas para aportar en el orden, pero esto no puede estar por sobre la necesidad básica de alimentarse de quienes se han visto más afectados. ¡Como si ese “servicio” no fuese defender la propiedad patronal y los stocks de los magnates de los supermercados que niegan la alimentación al pueblo trabajador! Si lo “entienden” es porque creen que es posible democratizar a las fuerzas armadas. Por su parte, el MPT, en un sentido similar critica al gobierno porque “emplea a los miembros de las fuerzas armadas como guardia privada de los supermercados, en vez de ponerlos al servicio de la comunidad perjudicada”. Es decir, para ellos sería posible que los milicos, que hoy reprimen en El Maule y Bíobío, estén al servicio de la comunidad. ¿No comparten la misma ilusión que las JJCC y el PC? Por su parte, el PC (AP), organización que reivindica abiertamente el estalinismo, además de realizar críticas generales al neoliberalismo plantea: “Es hora que desde el Estado, del gobierno de M. Bachelet y del que asume el 11 de marzo, el de Piñera, debe no sólo ocupar el 2% constitucional para desastres, sino que de una vez por todas, tomar los fondos que se encuentran encajados en bancos yanquis y colocarlos de inmediato a superar los efectos materiales del terremoto al tiempo que crean cientos de miles de puestos de trabajo”.

Quizás esta organización concibe que su política ha triunfado porque Piñera ya anunció que se utilizarán los ahorros que el Estado tiene en el extranjero. Por último, el MIR de Chile, con un lenguaje radical, además de plantear generalidades sobre la organización de las poblaciones, se limita a aplaudir las acciones elementales de sectores populares, sin ofrecer una salida real: “Frente a esta situación, los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria estamos completamente de acuerdo en la necesidad, legitimidad y justeza de que el pueblo abra las puertas de los supermercados, distribuidoras y grandes centros comerciales y recupere para sí los productos de primera necesidad que contribuyan a paliar en algo los efectos del terremoto que nuestro país ha sufrido. Donde nuestros militantes puedan ser parte activa de ese proceso, deben incorporarse a la brevedad”. Al carecer de una estrategia y una política obreras, esta organización se condena a ir tras las acciones elementales, que sólo pueden paliar en algo, como ellos reconocen, los efectos del terremoto, y que no ofrecen una solución a la crisis social. Desde las direcciones sindicales, las organizaciones de izquierda -particularmente el PC que tiene peso- tampoco se han oído. Las direcciones de la CUT hasta ahora no han movido un dedo ante las calamidades del terremoto.

El triunfo de la derecha y el fin de un ciclo político

Juan Valenzuela, Pablo Torres — 2010-02-23T18:18:08Z

- América Latina / América Latina, Política, Análisis, Chile, 5 Debates de estrategia, 9 Lucha de clases en Latinoamérica

La derecha gana las elecciones en Chile

Juan Valenzuela — 2010-01-21T12:13:21Z

Finalmente, el derechista Sebastián Piñera, se ha impuesto en la segunda vuelta de la elección presidencial, obteniendo un 51,60% de los votos, contra el 48, 39% del oficialista Eduardo Frei. Esto es una refracción del fortalecimiento de la derecha en Latinoamérica.

Con, esto concluye el ciclo político iniciado con los gobiernos de la Concertación, coalición política centroizquierdista de la clase patronal, que se mantuvo en el poder durante dos décadas. Hasta ahora la oposición política entre “demócratas” y “autoritarios”, configurada durante la dictadura pinochetista, le era útil a la Concertación para “vetar” a la derecha del gobierno. El resultado electoral, posterior a una intensa campaña concertacionista que intentó realentar esa oposición, revela que ésta ha dejado de jugar el papel central que jugaba hasta ahora en la política nacional.

La patronal ha recibido con júbilo este triunfo. El comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y el Comercio –que agrupa a los grandes patrones de Chile-, ya comienza a instalar discusiones en la “agenda política”, con la pretensión de incrementar aun más sus ganancias en desmedro de los intereses de la clase obrera. Por ejemplo, para Carlos Jorquiera, empresario del comercio, es necesario acabar con la “indemnización por años de servicio”, que hoy reciben los trabajadores al ser despedidos, y reemplazar tal “beneficio” por un seguro de cesantía más holgado. Es decir, se trata de “bajar el costo” de los despidos. Otros sectores han comenzado a plantear que es necesario que el sueldo mínimo sea pagado desde los 25 años, y no desde los 18 como ocurre hoy, es decir, precarizar el trabajo juvenil, para atacar al conjunto de la clase obrera. El gobierno de la “Coalición por el Cambio” –defensora acérrima del neoliberalismo- sin duda estará más asequible aun que la Concertación, a la hora de “oír” las “demandas” de la clase patronal.

“Más asequible”, porque la Concertación, durante las últimas décadas, también se encargó de velar por los intereses de la patronal. Por ejemplo, cuando ésta y la derecha le plantearon al gobierno, durante el primer semestre de 2009, que el salario mínimo debía subir sólo en un 2,5% (de $159.000 a $165.000), éste accedió inmediatamente, con el argumento de que “por la crisis, había que evitar elevar los costos de contratación”. Ahora que los empresarios comienzan a clamar por más flexibilización laboral, la ministra del trabajo, Claudia Serrano (del Partido Socialista) se ha encargado de aclarar que en “en Chile si hay flexibilización laboral” (Diario Financiero, 20 de enero). Dicho de otro modo: la Concertación si ha mantenido y profundizado la precariedad laboral, con contratos precarios, facilidades al despedir, entre otras cuestiones.

Apenas conseguido el triunfo electoral, el derechista ha anunciado un “plan estrella” en relación a Codelco, la principal empresa estatal dedicada a la producción de cobre. A inicios de los 90`, cuando asumió Aylwin, el 70% del cobre era estatal y el 30% privado. Durante el ciclo político concertacionista, esas cifras se invirtieron: el 70% es privado y el 30% estatal. Ahora que asumirá Piñera, la privatización del principal recurso del país, podría profundizarse. Argumentando que es necesario “elevar la productividad” de la minera, anuncia que permitirá el ingreso de capitales privados. Todo sea por favorecer los negocios de su clase.

El triunfo derechista ha acelerado la crisis de la Concertación. Si el 20% de votación que obtuvo Marco Enríquez-Ominami –un diputado del PS que terminó renunciando a esta organización para iniciar una carrera presidencial propia- reveló un deterioro de la relación de la Concertación con sus bases sociales, la derrota ante Sebastián Piñera, ha incrementado sus roces internos. Durante estos días, la juventud de la Democracia Cristiana se tomó el principal local partidario, exigiendo la renuncia del presidente de la colectividad, Juan Carlos Latorre. En el Partido Socialista, comienzan a proliferar cada vez más las voces exigiendo la renuncia del actual presidente Camilo Escalona. Un discurso de “renovación” atraviesa al conglomerado, y el ex presidente Ricardo Lagos, ha llamado a “darle la posta” a las nuevas generaciones. Por otra parte, las tensiones entre el PS y la DC –los partidos que han constituido el “eje” de la Concertación- comienzan a incrementarse, producto de recriminaciones mutuas respecto a las responsabilidades de la derrota. Que la Concertación haya sido derrotada y su crisis se acelere, implica que se abre un proceso de reconfiguración de la centroizquierda patronal, cuyo “final” no es posible prever en sus detalles. En este proceso, también se pondrá en juego la política del Partido Comunista –partido obrero con una política y una estrategia de colaboración de clases- que durante los últimos años vino apostando por una “política de alianzas” con la Concertación, hoy en crisis. Y permite pronosticar que los organismos de la clase obrera y el pueblo oprimido, mientras se resuelve la crisis de los partidos, cobrarán más peso en la vida política nacional.

Aun habiendo triunfado y encontrándose la Concertación en crisis, la derecha no cuenta con las suficientes fuerzas para implementar los ataques a la clase obrera y el pueblo pobre de manera directa. Desde el punto de vista electoral, si comparamos la cantidad de votantes de Piñera, en la segunda vuelta del 2006 contra Bachelet -3.236.394 personas-, con la reciente -3.582.800- vemos un incremento de 346.406. votos. Esa cantidad no constituye una ampliación significativa de la base social derechista. Una parte de ese incremento, se explica por un desencanto con la Concertación, que le permitió a la derecha obtener votaciones relativamente importantes en algunos sectores empobrecidos –en quienes caló el discurso de “protección social” derechista, como el bono anunciado para marzo-, aunque en éstos la tónica fue el triunfo de Frei. Pero si observamos el cuadro de conjunto, el grueso de la votación derechista se concentró en las comunas que concentran a las capas medias profesionales y los sectores más ricos de la sociedad. Por otra parte, en las ciudades obreras, como en Antofagasta, la derecha perdió ante Frei. En relación al régimen, aun con el proceso de crisis de la Concertación en pleno desarrollo, la derecha no cuenta con una mayoría tajante en el parlamento, que le permita “ejecutar” sin contrariedad sus políticas. Incluso la prensa derechista reconoce que Piñera “deberá negociar” y llegar a acuerdos. Por ello su discurso fue el de la “unidad nacional” y el de “reeditar” la “política de los acuerdos” que implementó el primer gobierno concertacionista.

Ante los desafíos que abre la asunción de Sebastián Piñera, es necesario fortalecer las organizaciones de la clase obrera. Los trabajadores, durante los últimos años, vienen recomponiendo sus fuerzas, con importantes procesos huelguísticos, de sectores estratégicos como los mineros de Chuquicamata o Escondida, y sectores precarizados como los subcontratados de Codelco y la industria forestal, y con la recuperación de sus métodos históricos, como la toma de los lugares de trabajo. Para responder a las medidas patronales, será necesario extender la sindicalización y fortalecerlas desde la base, constituyendo cuerpos de delegados en cada lugar de trabajo, con derecho a fuero. También es necesario exigir el derecho a negociar colectivamente por rama de trabajo y el derecho efectivo a huelga. La unidad de obreros, estudiantes, mapuche y pobladores, también es necesaria en este escenario. Y por último, impulsar movilizaciones por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, para cuestionar los enclaves autoritarios que por ejemplo, le niegan la posibilidad a los dirigentes sindicales de ocupar cargos parlamentarios; y el conjunto de la obra neoliberal, en la perspectiva de luchar por una solución íntegra y efectiva de estos padecimientos, que para nosotros vendrá de la mano de una República de Trabajadores basada en organismos de autodeterminación de la clase obrera y el pueblo pobre. Ante la crisis de la centroizquierda patronal, y los movimientos que se incrementarán en la política nacional, también es necesario discutir la necesidad de poner en pie una Izquierda Obrera y Socialista. Llamamos a los militantes de izquierda, a los dirigentes sindicales, a los trabajadores, estudiantes, mapuche y pobres, a discutir como ponerla en pie.

21 de enero de 2009