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Mexico - LTS

Nuevas reformas reaccionarias contra los trabajadores y el pueblo

05/05/2011

Como planteamos en las siguientes páginas de este periódico, la movilización obrera y popular del 1° de mayo se dio en un contexto de fuerte ofensiva sobre los trabajadores y sus conquistas, donde la reaccionaria reforma laboral pretende legalizar y profundizar la precarización del trabajo y recortar aún más nuestras conquistas, y que es resultado de la política de subordinación a los dictados del imperialismo norteamericano y de entrega del país a las grandes transnacionales.

Avanza la militarización del país

Pero el ataque del gobierno y los patrones no se limita a esto, sino que va de la mano de una mayor política represiva, de militarización y de recorte de las libertades democráticas más elementales, imponiendo reformas reaccionarias en el Congreso a espaldas del pueblo trabajador. El más reciente ejemplo de esto lo tenemos en las reformas propuestas a la Ley de Seguridad Nacional (que ya fueron votadas a favor por el Senado), que entre otras medidas, otorga poderes al presidente para utilizar a los militares cuando esté en "riesgo la estabilidad", violando todas las garantías individuales. El antecedente de esta política lo vimos en 1968, cuando el ejército masacró a los estudiantes en Tlatelolco; en las huelgas ferrocarrileras y de los médicos de la década de 1950 y 1960, o frente a la insurgencia indígena campesina de Chiapas en 1994 y la huelga estudiantil de 1999-2000. Es evidente que el objetivo de estas reformas no son los cárteles del narcotráfico, sino que lo que se pretende es legalizar la intervención de las fuerzas represivas como un actor político de primer orden, y alistarse para conflictos sociales, obreros y populares motorizados por el descontento con este “gobierno del cambio”.

Es una muestra del carácter de la “alternancia democrática” que inició en el año 2000, pactada por los tres principales partidos y que llevó a Los Pinos a los panistas; una verdadera democracia para ricos que sólo puede garantizar hambre, miseria, y represión. Y donde los jueces están al servicio de los capitalistas y contra el pueblo trabajador, como muestra, por ejemplo, el encarcelamiento de Miguel Márquez Ríos y 11 compañeros del SME, y la impunidad de la que gozan los empresarios responsables de las muertes de trabajadores en Pasta de Conchos en el 2006 y ahora en Sabinas. Todo esto, evidencia a un Poder Judicial subordinado a la política gubernamental.

Al servicio de esto es que se están negociando distintas reformas y acuerdos políticos en el terreno de las instituciones del régimen antidemocrático. Como la Reforma Legislativa que, con la reelección y otras medidas antidemocráticas, busca cuidarles las espaldas a los legisladores para que sigan gozando de impunidad. O las negociaciones para nombrar consejeros electorales afines a los tres principales partidos del Congreso (PAN-PRI-PRD). Mientras se preparan estas reformas, continúan vigentes las legislaciones antidemocráticas y proscriptivas que, por ejemplo, impiden que las organizaciones obreras y la izquierda participen con sus propios candidatos en las elecciones, lo cual pretende garantizar y obligar a que los trabajadores y los sectores populares tengan que optar por alguno de los programas patronales en el 2012, garantizando la alternancia entre los partidos representantes del capital.

Mientras tanto, y como una nueva muestra de su política clerical y reaccionaria, el derechista Calderón viajó al Vaticano para establecer más lazos entre el Estado mexicano y la reaccionaria curia romana, lo que prepara nuevas medidas contra los derechos de las mujeres –como es el derecho al aborto–, de los homosexuales y las lesbianas, e impunidad para los curas pederastas.

La militarización creciente en el país y la “guerra contra el narcotráfico” son responsabilidad directa del gobierno y de las instituciones “democráticas” que atacan los más elementales derechos de la población, y donde se evidencia la participación, complicidad y la asociación de las bandas de narcotraficantes con las fuerzas policiales, militares, y los agentes migratorios; estos están asociados con algunos de los cárteles en pugna y en muchos casos, son parte de los mismos. Mientras las principales víctimas son trabajadores, mujeres y jóvenes (como se vio en las narcofosas y en el asesinato de Juan Francisco Sicilia y sus amigos), Calderón anuncia que se mantendrá la militarización. En ese sentido, las reformas planteadas –desde la reforma laboral hasta la reforma a la Ley de Seguridad– son un salto en la política reaccionaria y derechista del gobierno y el régimen político, y representan un nuevo grito de guerra contra el pueblo trabajador.

Movilizarnos contra las reformas reaccionarias, la movilización

La militarización del país, la “narcoguerra” y las reformas anunciadas son una señal de alarma para las organizaciones sindicales, organizaciones políticas y democráticas. Mientras se busca legalizar una nueva esclavitud laboral, las reformas a la Ley de Seguridad Nacional y la militarización ya existente, pretenden amedrentar, golpear, atemorizar a los trabajadores, la juventud, y todo aquel movimiento de protesta contra el orden establecido. Bajo su cobijo se desplegarán aún más las violaciones, los asesinatos de mujeres y jóvenes, y las muertes “colaterales”, a los que luego se les cuelga el cartel de “narco”.

¡Alto a la militarización, los juvenicidios y los feminicidios! Abajo las reaccionarias reformas a la Ley de Seguridad Nacional!

Ante este avance reaccionario, como planteamos en las páginas siguientes, es fundamental impulsar un gran movimiento nacional contra la militarización, la criminalización de la juventud y los feminicidios, que le dé continuidad a la movilización del 8 de mayo. Las organizaciones sindicales deben tomar esta lucha en sus manos, uniendo las demandas contra la reforma laboral, con la lucha contra la militarización, ya que si se naturaliza la militarización en todo el país, los trabajadores y los demás sectores sociales descontentos, enfrentarán peores condiciones para luchar por sus demandas sectoriales y sus derechos democráticos.

En ese movimiento, que debe organizarse de forma democrática, estará planteado discutir un programa que, por ejemplo, plantee la disolución de las fuerzas represivas y organice la autodefensa de las organizaciones obreras, democráticas y sociales contra la militarización y las bandas narcos, como única forma de garantizar íntegramente nuestra seguridad. Los socialistas de la LTS, creemos que es fundamental que este movimiento nacional adopte una perspectiva independiente de las instituciones –como el Congreso de la Unión– y llame a luchar contra el gobierno de Calderón y esta “democracia para ricos”, con un programa que enfrente radicalmente la militarización del país, apelando a la movilización obrera y popular para lograrlo. Esto es fundamental para evitar que la justa lucha de las organizaciones que están saliendo valientemente a las calles, sea utilizada con fines electorales y cooptada por los partidos del régimen. Es la única forma de comenzar a frenar la represión y la ofensiva sobre los derechos democráticos de las grandes mayorías populares de México.

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