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América Latina

La masacre de Uribe y el conflicto en América del Sur

06/03/2008

La masacre de Uribe y el conflicto en América del Sur

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La acción sangrienta de Uribe, actuando en consonancia con el gobierno de EE.UU., es parte de su política de intensificar y endurecer las acciones contra la guerrilla de las FARC, incluyendo su negativa a todo canje humanitario de prisioneros. Su acción se inscribe dentro de los lineamientos de la llamada “guerra contra el terrorismo” impulsada por Bush, que incluye la doctrina del “golpe preventivo” como justificación a la acción realizada en territorio ecuatoriano. En este sentido es similar a las justificaciones a las que recurre el terrorista Estado de Israel para los asesinatos de dirigentes y activistas palestinos y para sus incursiones en territorios de países vecinos (como ocurrió en el Líbano) bajo el argumento de su “seguridad interna”. No lejos están los precedentes del accionar de Uribe en la captura de dirigentes de las FARC en territorio venezolano y ecuatoriano, como Rodrigo Granda y Simón Trinidad, en total violación a la soberanía de esos países. La justificación por parte de Uribe de la entrada de tropas colombianas en territorio ecuatoriano sienta un precedente de enorme gravedad, ya que legitima la acción de tropas colombianas en territorio extranjero, en la misma línea que el gobierno de Bush lo hizo con la detención de prisioneros en distintos países. Por eso consideramos que la acción del Ejército colombiano, violando el territorio de Ecuador, constituye una clara provocación del gobierno de Uribe que debe ser enérgicamente repudiada.

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El gobierno de Uribe tiene un largo historial de masacres y asesinatos. La «guerra sucia» del Ejército y los paramilitares son los responsables directos del asesinato de miles de campesinos, dirigentes sindicales, trabajadores y activistas políticos, que poco tienen que envidiarle al terrorismo de estado practicado por las siniestras dictaduras militares que se impusieron a sangre y fuego en la mayoría de los países de la región en la década del ‘70. Es responsable de la expulsión de sus tierras de millares de campesinos, el entreguismo de sus recursos naturales a las multinacionales y la firma de pactos económicos, políticos y militares con el imperialismo que han aumentado la presión de la cadena imperialista de Estados Unidos sobre el país andino. Y más aún, Uribe está ligado a los sectores del narcotráfico y la llamada “parapolítica” colombiana. Por sus nexos con los paramilitares, 14 legisladores uribistas (junto a 6 de otros partidos), están en la cárcel, y altos funcionarios debieron renunciar a sus cargos. Durante 2008 se espera que los políticos procesados lleguen a más de 50 y el propio Uribe ha aparecido en fotos y videos con jefes paramilitares en su campaña presidencial de 2002, y se lo acusa de haber dado apoyo a la formación de grupos paramilitares durante su mandato como gobernador de Antioquia a mediados de la década de 1990. Por eso, no es de extrañar la incursión militar en Ecuador produciendo una masacre frente a guerrilleros que no estaban en condición de ejercer su defensa, tal y como las realizaban las dictaduras centroamericanas en la década de los ochenta con las “orgías de los escuadrones de la muerte”. El gobierno de Uribe actúa también en beneficio de los intereses de Bush, que durante su gobierno incrementó los fondos destinados al nefasto “Plan Colombia” y “Plan Patriota”.

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Colombia es un país que los yanquis han armado hasta los dientes: cuenta con alrededor de 400.000 efectivos entre policías y tropas del ejército, de la fuerza aérea e infantes de marina, mientras Venezuela, por ejemplo, no llega a un total de 50.000. En Colombia actúan abiertamente, además de centenares de marines norteamericanos, equipos de mercenarios especializados contratados por Estados Unidos bajo el eufemismo de “empresas contratistas”. Estados Unidos posee en Colombia, abiertamente tres bases militares: las dos primeras en los sitios Tres Esquinas y Florencia (ambas en el departamento de Caquetá), y la tercera, en la ciudad de Villavicencio (departamento de Meta). El objetivo de instalar también en Colombia la base militar de Manta (localizada actualmente en Ecuador), potenciada y reforzada, complementaría a las existentes, y daría a los Estados Unidos una mayor capacidad de controlar las operaciones militares -no sólo relacionadas con la insurgencia colombiana- que se realicen en América Latina y en el Caribe. Con esta capacidad bélica, es claro que Uribe contó cuanto menos con el apoyo tecnológico y logístico del gobierno de Bush para realizar la reciente masacre. El mismo gobierno colombiano ha reconocido la información que le brindó la CIA para localizar a Reyes.

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Junto con el objetivo general de lograr un aplastamiento y rendición incondicional de la guerrilla, Uribe es probable que utilice el aumento de las tensiones para volver a insistir con una nueva reelección presidencial. El mismo día que se dio a conocer el asesinato de Reyes, partidarios del gobierno salieron a juntar firmas en apoyo a una reforma constitucional que permita un nuevo período de Uribe como jefe del estado colombiano. Además busca un cambio de escenario cuando se venía de liberar a cuatro rehenes de las FARC, y existían negociaciones avanzadas para la liberación de otras doce personas, incluyendo a Ingrid Betancourt, al mismo tiempo que aumentaba la presión para una “salida negociada” por parte de diversos países de la región. Es por eso que el hecho se produce poco después de la nueva liberación unilateral de rehenes por parte de las FARC, cuestión que había fortalecido la presión internacional al gobierno colombiano por acceder al “canje humanitario” que reclaman la guerrilla y varios gobiernos de la región y de la Unión Europea.
Uribe intenta también, en total alineamiento con el gobierno de Estados Unidos, golpear y aislar a Venezuela, intentando montar una matriz de opinión cuyo centro es mostrar a Chávez y al país como “cómplice de los terroristas”. No es casualidad que la línea argumental por parte del gobierno colombiano, como expresó la intervención de su canciller en la reunión de la OEA, serían los supuestos vínculos de Venezuela -y de Ecuador- con las FARC, incluso hablando de financiamiento de Chávez a los guerrilleros colombianos. Más aún, el gobierno Uribe afirma que demandará ante “la Corte Penal Internacional” de La Haya a Venezuela y a Hugo Chávez, por “financiamiento y patrocinio de grupos terroristas”. La cuestión radica en que Chávez ha llamado al reconocimiento de las FARC como fuerza beligerante, planteo que es intolerable desde cualquier punto de vista tanto para Uribe como para EE.UU., y se prestigió internacionalmente por el papel que jugó en las recientes liberaciones unilaterales de rehenes por parte de las FARC. Pero lo cierto es que hasta emisarios de EE.UU. se habían reunido con Raúl Reyes, sin dejar de hablar de Francia y Suiza, que establecieron contactos para buscar posibles acuerdos de liberación de los rehenes.

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En medio de una fuerte polarización política en la región, con la ruptura de relaciones entre Ecuador y Colombia y la expulsión del embajador de este país de Venezuela, así como el cierre de fronteras entre estos estados y movilización de tropas, el Consejo Permanente de la OEA finalmente aprobó una resolución donde aunque se reconoce la violación del territorio ecuatoriano por parte de Colombia, no se condena a esta última ni se denuncia el papel jugado por el imperialismo norteamericano. Es claro que del llamado grupo de “países amigos”, con Brasil a la cabeza, no puede esperarse ninguna condena real a la masacre cometida por Uribe ni a la injerencia del imperialismo en la región. Por su parte, la oposición de derecha venezolana ha salido a alinearse con la burguesía colombiana y los intereses norteamericanos, llamando a la OEA a que intervenga.

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Frente a la masacre y a la provocación lanzada por Uribe con el respaldo del imperialismo estadounidense es preciso impulsar la más amplia movilización de los trabajadores y los oprimidos de la región para enfrentar a este gobierno proimperialista, terminar con el Plan Colombia y expulsar al imperialismo de la región. En particular, es necesario que los trabajadores y el pueblo colombiano se movilicen de manera independiente para sacarse de encima al gobierno de Álvaro Uribe y toda la burguesía colombiana que ha venido imponiendo planes de hambre y miseria. Exigimos a los gobiernos sudamericanos la ruptura de relaciones con este gobierno. Estamos por el castigo a los asesinos de Reyes y sus compañeros y el reconocimiento de las FARC como fuerza beligerante, más allá de que no compartamos su estrategia política. Rechazamos los ataques lanzados por Colombia contra Ecuador y Venezuela por supuestos vínculos con las FARC y defendemos el derecho a mantener relaciones con ellas por parte de todo Estado. Estamos por el cierre de la base de Manta en Ecuador y por el retiro de todas las tropas estadounidenses en Colombia. Señalamos con claridad que las “denuncias” del gobierno de Uribe contra Ecuador y Venezuela buscan dar legitimidad a agresiones contra estos países por parte del imperialismo, ya sean políticas o militares. Mientras defendemos el derecho de estos países a defenderse frente a la violación de su territorio por parte de las fuerzas militares colombianas, como la realizada durante la masacre a los guerrilleros de las FARC, y llamamos a enfrentar activamente cualquier tipo de agresión imperialista, alertamos que la salida de forzar una guerra fratricida en la región posiblemente sea una de las variantes que maneja la política del imperialismo de Bush para desangrar al movimiento de masas y crear una relación de fuerzas más favorable a sus intereses en América del Sur. Los trabajadores y las masas oprimidas deben confiar sólo en sus propias fuerzas para lograr la derrota del imperialismo y las oligarquías locales. La unidad latinoamericana sólo podrá hacerse realidad con gobiernos de trabajadores en los distintos países y la constitución de una Federación de Repúblicas Socialistas de América Latina.

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