FT-CI

Uruguay

La Suprema Corte de (in)justicia y la impunidad

21/02/2013

Por: Damián Escobar, desde Uruguay

El pasado viernes se llevo a cabo el traslado del ámbito de lo penal a lo civil de la jueza Mariana Mota. Dicha jueza tenía a su cargo los expedientes de más de 50 casos de denuncias por delitos de lesa humanidad perpetrados por milicos y sus cómplices civiles durante la última dictadura (aunque no sean reconocidos por la justicia uruguaya como tales). Desde Mayo de 2011, cuando la jueza Mota fue vista en la marcha del silencio (organizada anualmente por organizaciones de DDHH), la derecha tradicional y sectores del FA comenzaron una campaña mediática contra la jueza, argumentando que se violaba la sagrada “independencia de poderes” de la república burguesa.
El mismo día que la jueza Mota juramentaba en su nuevo cargo, diversas organizaciones de familiares e hijos de desaparecidos y expresos políticos, acompañados por el PIT-CNT y sectores de la izquierda, realizaron una concentración en la puerta de la suprema corte de justicia que prosiguió con la ocupación del edificio. En el medio de la acción de la multitud (más de 500 personas), la policía intervino primeramente realizando un cordón, para luego comenzar el desalojo por la fuerza, hiriendo a compañeras y compañeros.

Una maniobra de todo el régimen

Pero la remoción de la jueza no es un hecho aislado, el mismo se enmarca en una maniobra de todo el régimen político para consolidar la impunidad. Al mismo tiempo que se realiza este cambio, los ministros de la SCJ están expidiéndose acerca de la inconstitucionalidad de la ley de imprescriptibilidad de los crímenes de la dictadura. La ley en cuestión fue el parche que encontró el FA para no votar la anulación de la ley de impunidad una vez más, evitando el escándalo de la prescripción de los crímenes.
No solo la derecha tradicional estuvo a la cabeza de la campaña contra la jueza, tanto Mujica como Fernández Huidobro (presidente y ministro de defensa respectivamente) tuvieron diversos roces con la misma Mota, no solamente en lo que respecta a los casos de la dictadura, sino también en lo que refiere al caso del Avión AirClass desaparecido en junio del año pasado en la que Huidobro fue denunciado públicamente por obstruir la investigación .

El FA es responsable

Por su parte, el FA luego de lo que fue la indignación de las propias organizaciones de derechos humanos y militantes frenteamplistas con el hecho, ahora intenta reubicarse esbozando un “llamado a sala” a los ministros de la SCJ con el objetivo de interpelarlos . Más allá de los esfuerzos que hace el FA en su conjunto por despegarse de esta situación y buscar polarizar posiciones con la SCJ, el FA es uno de los principales responsables como sostenedor de la política de impunidad emanada del pacto del club naval hace casi 30 años. La dirección frenteamplista desde la salida de la dictadura ha boicoteado la lucha por el juicio y castigo, primero fue con la política de los plebiscitos, en la que en el último ni siquiera hicieron campaña activa por la papeleta rosada, y luego con las maniobras (aún con mayorías parlamentarias) para no votar la anulación de la ley de impunidad, garantizándole al conjunto de las FFAA que no se enjuiciaría a más de un puñado de represores, alojados en cárceles de lujo.

Una de las corrientes internas del FA que han salido más activamente a poner el grito en el cielo contra la medida de la SCJ ha sido el PCU, tanto con un comunicado público, como por medio del PIT-CNT. Pero el PCU también tiene responsabilidad en este tema desde el pacto del Club Naval (que ellos buscaron activamente junto al resto del FA). Las lagrimas de cocodrilo actuales buscan esconder que el PCU también negoció este régimen de impunidad con la sangre de los trabajadores y los presos políticos. Han seguido obsecuentemente la política de todo el FA.
Otra de las aristas de la política del FA hacia este tema fue la presentación del proceso histórico de los 70’ como una lucha entre dos bandos, abonando la teoría de los dos demonios y planteando sistemáticamente la reconciliación entre las fuerzas represivas y el pueblo. Este relato histórico del último gran ascenso de lucha de clases en nuestro país lo que hace es ocultar el carácter antiobrero, antipopular y proimperialista de la dictadura militar, en la cual fueron perseguidos, presos y torturados miles de luchadores obreros y populares. ¡El FA sostuvo y sostiene la impunidad de los asesinos y torturadores!

Triunfo de la impunidad y la reconciliación

Con este episodio de la lucha por meter a los torturadores y sus cómplices en cana, claramente sale fortalecida la impunidad y la reconciliación. Desde el comienzo del mandato de Mujica ha quedado claro el mensaje del presidente: no quería “viejitos presos”. Por otra parte, en este segundo gobierno frenteamplista se ha incrementado el presupuesto y el uso de las fuerzas represivas. Valiéndose del avance de la reconciliación, el FA con Mujica a la cabeza fue capaz de usar a la guardia republicana para reprimir a los docentes, estudiantes y padres en el liceo 70, además de desatar las megarazzias en los barrios pobres, deteniendo gente a mansalva por portación de cara, hasta asesinando a un joven con la excusa del narcotráfico.

Desarrollemos la movilización obrera y popular por juicio y castigo
Una vez más queda demostrado que cuando la burguesía necesita atacar a la clase trabajadora, cuando necesita reprimir, o como en este caso preservar a su institución pilar de su régimen de dominación (las FFAA), los “poderes independientes” de la aclamada república se transforman en el poder de clase de la burguesía ejercido a través de su estado.
Rechazamos todo intento de persecución de parte del estado que defiende a los represores, pero no creemos que el camino para lograr el juicio y castigo sea la confianza en ministros y jueces. No debemos guardar esperanzas en la justicia burguesa, que durante todos estos años ha amparado y sido parte de la política de impunidad y reconciliación.
La movilización del viernes pasado debe ser un punto de apoyo para poner en pie una coordinación independiente de los organismos de DDHH, los sindicatos y la izquierda, con el objetivo de organizarnos para la lucha venidera en las calles por juicio y castigo a los militares, contra la baja de edad de imputabilidad y contra las medidas represivas del FA.

¡Anulación inmediata de la ley de caducidad!

¡No a la reconciliación!

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