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Argentina: Campeones de la hipocresia

Gobierno y oposición parlamentaria debaten "superpoderes"

12/07/2006 La verdad Obrera N° 195

Los proyectos de ley sobre la reglamentación de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y la modificación del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, llamada de “superpoderes”, ya que da al Jefe de Gabinete facultades prácticamente ilimitadas para redistribuir las partidas establecidas en el presupuesto nacional (con atribuciones para cambiar el destino de más de 100.000 millones de pesos, según la oposición, y 1.500 millones según el gobierno), han abierto un verdadero campeonato de hipocresía entre el gobierno y la oposición burguesa. Kirchner hace discursos contra “los medios que apoyaron las dictaduras” pero les renueva las licencias de radio y televisión por diez años a los grandes grupos multimedia. Habla que quiere estas facultades para avanzar en la “redistribución de la riqueza” pero bajo su gobierno las ganancias capitalistas han sido exorbitantes y los niveles de desigualdad impuestos luego de la devaluación se han consolidado: según datos del diario Clarín del 11-07, el 10% más rico de la población promedia ingresos 36,5 veces mayores que el 10% más pobre, y el 20% de la población vive con menos de 3 pesos por día. Los nuevos poderes que busca el poder ejecutivo no van a ser utilizados a favor de los trabajadores y el pueblo sino para seguir subsidiando a los grandes empresarios y como parte del “gasto electoral” que demandará la elección de un “pingüino o una pingüina” en el 2007. Por su parte, no es menos hipócrita el discurso de los “opositores” que cacarean por la “salud de las instituciones” y atacan al gobierno por “seguir el camino de Chávez”. No es sólo que estos políticos burgueses o editorialistas de la gran prensa capitalista no tuvieron el menor empacho en apoyar cuanto golpe militar hubo, incluyendo la dictadura genocida de marzo de 1976, sino que, aún sin tener diferencias esenciales con la política económica del gobierno, están articulando tras la figura de Lavagna una alternativa de recambio por derecha al kirchnerismo, que prescinda de sus rasgos demagógicos, deje de lado cualquier ilusión de concesiones a las demandas del movimiento de masas, vuelva incluso a la “teoría de los dos demonios” respecto a la dictadura y se alinee más claramente con el “democrático” EE.UU. en la política internacional. Los golpistas de ayer aprovechan hoy el avance “bonapartista” del gobierno para tratar de reganar credenciales “democráticas” con las que legitimarse mañana ante una situación de mayor crisis.

Los socialistas del PTS decimos con claridad a los trabajadores y al pueblo que nada tienen que esperar de ambos bloques capitalistas. “La República” que ellos dicen defender es la dirigida por los grandes empresarios y los banqueros, sometida al dominio del capital imperialista. Nos oponemos a los “superpoderes” y a la reglamentación de los DNU porque fortalece los poderes cuasi monárquicos de la figura presidencial, que luchamos porque sea abolida. A la vez que enfrentamos todo ataque reaccionario a las libertades democráticas, señalamos con claridad que luchamos por “otra República”: una república de los trabajadores y el pueblo oprimido, donde sean éstos quienes detenten el poder político y económico de la sociedad en su propio beneficio.

Un articulo publicado el domingo pasado en Página 12 [1] recordaba que Juan Bautista Alberdi hablaba de “un rey con nombre de presidente”, para señalar el tipo de poder ejecutivo que debía tener la naciente República Argentina, cuya Constitución original de 1853 está realizada según el modelo de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, la más oligárquica de las repúblicas burguesas actuales. Si la propia norma constitucional instituye en nuestro país, parafraseando la cita de Alberdi, un “presidente con poderes de rey”, la tendencia a reforzar de las facultades de los poderes ejecutivos y de los poderes de excepción es una tendencia más general que podemos ver en el capitalismo contemporáneo. Los propios Estados Unidos, con el supuesto de la “guerra contra el terrorismo”, están a la cabeza de la aplicación de medidas reaccionarias de este tipo, como la “Patrioct Act” o la instauración en el terreno internacional de la doctrina de la “guerra preventiva”, violaciones del espacio aéreo así como incursiones de agentes de la CIA en territorio de distintos países y centros de detención ilegales en terceros países, además de la realización de reiterados crímenes de guerra y masacres en Irak y Afganistán.

La ciencia política burguesa ha empleado la categoría de “democracias delegativas” para dar cuenta de la tendencia a acrecentar los poderes presidenciales por sobre los parlamentos que se viene dando en distintos regímenes capitalistas. En la “década neoliberal” estos poderes especiales fueron un componente esencial de la política de privatizaciones y ataque a las conquistas obreras y populares, como expresaron en nuestro país los 545 Decretos de Necesidad y Urgencia firmados en los diez años de gobierno de Menem o los 73 firmados en los dos años en que ejerció la presidencia De la Rúa, incluyendo entre ellos el descuento del 13% a los salarios estatales.

La utilización de este recurso por parte de Kirchner, a un ritmo de 2 decretos por semana desde que comenzó su gobierno, y su propuesta de reglamentación del mismo, responde, al igual que los “superpoderes” al Jefe de Gabinete, tanto a una situación de fuerza coyuntural como a una de debilidad estratégica del gobierno. Su fuerza inmediata deriva de que apoyado en cuatro años de crecimiento económico a “tasas chinas” de alrededor del 9% anual mantiene, aún sin ser un “cheque en blanco” ni generar mucho entusiasmo, un importante nivel de adhesión en amplios sectores de masas. También gracias a la utilización de la generosa “caja” estatal, de gran parte de los gobernadores, intendentes, diputados y senadores (contando con mayoría parlamentaria en ambas cámaras), mayormente provenientes del PJ, pero también del radicalismo, así como de la mayoría de la burocracia sindical. La “coalición kirchnerista” (construida, insistimos, en gran parte gracias al uso de los recursos estatales) es sin embargo aún endeble en el plano estratégico, y esto también explica que quiera asegurarse un mayor poder. Frente a la crisis profunda de los partidos tradicionales de la burguesía, el radicalismo y el peronismo, que se expresó con agudeza durante el período de movilizaciones abierto con las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, el “kirchnerismo” viene siendo una salida de tipo transitoria y no la emergencia de una nueva fuerza orgánica. Son las contradicciones sociales irresueltas las que han generado un gobierno que, siempre defendiendo los intereses capitalistas, se presente como una suerte de “árbitro” entre las distintas fracciones burguesas, y entre la burguesía en su conjunto y la clase obrera. De ahí los recurrentes rasgos “cesaristas” [2] que marcan el “estilo de gobierno K”. Las propuestas de modificación de leyes actuales no son más que un giro de tuerca en esa misma dirección. Un giro reaccionario porque ante todo implica el fortalecimiento de una autoridad estatal que no está al servicio de los trabajadores sino, bajo el ropaje de construir un “estado inteligente” que medie entre el capital privado y los intereses nacionales, de los intereses de los sectores capitalistas nativos y extranjeros beneficiados con el actual esquema económico.

Realineamientos políticos en curso

Nadie puede creer seriamente que exista entre el proyecto del gobierno y el variopinto bloque de oposición (que incluye entre otros al radicalismo “no kirchnerista”, a los resabios del duhaldismo, el PRO de Macri y López Murphy, los partidos provinciales de derecha, Lavagna, Carrió y el ARI, el Partido Socialista, junto a la mayor parte de la prensa capitalista, con La Nación y el dominical Perfil a la cabeza) una diferencia de principios. Respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), los opositores no plantean su eliminación sino una versión “light” de los mismos. Mientras el proyecto estatal consagra el principio de “sanción ficta” (que tranforma automáticamente en ley el DNU siempre que no haya pronunciamiento parlamentario en contra) los distintos proyectos de la oposición plantean diferentes variantes que hagan obligatorio el tratamiento parlamentario de los DNU. Y en el caso de los “superpoderes”, si bien el proyecto actual es un salto respecto a transformar al Congreso en mero “cartón pintado” a la hora de definir el presupuesto, es un mecanismo al que también recurrieron todos los gobiernos anteriores, y la disputa se centra en que tenga algún límite o que simplemente se analice su conveniencia año tras año.

Más bien, la oposición burguesa intenta aprovechar la ocasión como forma de ganar credenciales “democráticas” por una oposición que viene muy debilitada y que, a partir del impulso a la aún no confirmada candidatura presidencial de Lavagna, trata de hacer algún pie y posicionarse a futuro. Entre la política de cooptación gubernamental y el intento de montar una alternativa por derecha (con máscara “republicana”) ante una futura crisis del kirchnerismo, casi todas las fuerzas políticas están divididas: el radicalismo entre los gobernadores e intendentes “K” y el Comité Nacional alineado con Lavagna; el duhaldismo, que tuvo su éxodo al kirchnerismo y hoy sus residuos son puntal de la candidatura del ex ministro de economía; el macrismo, también dudando sobre qué hacer frente a la emergencia de Lavagna; el Partido Socialista, dividido en tres o cuatro sectores sobre qué hacer frente a la elección presidencial; Carrió, saliendo de la conducción del ARI. E incluso los “gordos” no moyanistas de la burocracia sindical que no saben bien donde ponerse. Son divisiones y realineamientos que no sólo tienen implicancias a nivel nacional sino que pueden incluso provocar crisis en los aparatos de gobierno y los regímenes de distintas provincias.

Contra todos ellos, nuestra propuesta de llamar a la izquierda y los luchadores a poner en pie un Frente Clasista y de la Izquierda Socialista apunta a plantear un polo político y en la lucha de clases, opuesto a toda variante capitalista y de conciliación de clases.

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  • [1José Natanson, Superpoderes y decretos en América Latina, Página 12, 9-07-06

    [2Se utiliza en referencia a la concentración del poder público que la república romana otorgó a Julio César. En la teoría política marxista también se usa habitualmente el concepto de “bonapartismo” (en referencia a Napoleón Bonaparte) para referirse a situaciones similares

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