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Uruguay

El "affaire" Pluna genera una crisis política en el gobierno

09/01/2014

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Diciembre de 2013 culminó con la mayor crisis política en la breve historia de los gobiernos frenteamplistas. El mediodía del sábado 21 de diciembre el Ministro de Economía y Finanzas hasta ese entonces, Fernando Lorenzo oficializaba su renuncia al frente de dicha cartera. Ya desde las primeras horas del sábado cuando fuera convocada la conferencia de prensa, el malestar se hacía presente en las filas del gobierno. Es que el día anterior habían sido procesados con prisión Matías Campiani (Gerente general del Leadgate S.A.), Sebastián Hirsch y Arturo álvarez Demalde por el delito continuado de estafa especialmente agravada, lo que incluye desvío de fondos, y el liso y llano vaciamiento de la ex aerolínea de bandera uruguaya Pluna S.A. que declaró la quiebra en 2012. Este hecho generó inmediatas repercusiones a nivel nacional e internacional, lo que provocó la "caída" de Fernando Lorenzo, ya que junto a Fernando Calloia (presidente del Banco República), y otros funcionarios del gobierno completan el círculo de la trama Pluna que va desde la firma del contrato con Leadgate, la liquidación de la empresa luego de la fuga de estos últimos con sus respectivas garantías de impunidad, hasta el escandaloso aval por 13 millones de dólares otorgado a la empresa "española" Cosmo S.A. (propiedad de López Mena) para la presentación en la "subasta", recordada por ser un burdo montaje en toda la línea.

El vaciamiento de Pluna: una historia de pillaje capitalista

En el año 1992 el gobierno de Luis Alberto Lacalle (Partido Nacional) intenta promulgar una ley de empresas públicas mediante la cual daba riendas sueltas a las privatizaciones. Fue el mayor intento privatizador de los gobiernos neoliberales noventistas, que fue derrotado parcialmente por la lucha de los trabajadores y su canalización por la burocracia frenteamplista del PIT-CNT hacia la vía plebiscitaria. Lamentablemente por acción del Frente Amplio y la burocracia sindical (aún en contra del sindicato de Pluna y de sus trabajadores), se negaron a pelear por la no privatización de Pluna en aquel momento 100% estatal. El resultado de esto fue la reconversión de la aerolínea para luego ser asociada con la brasileña Varig en 1995. Cuando Varig a mediados de los 2000 se declara en quiebra, las deudas de ésta con Pluna y el estado uruguayo eran inmensas. Ya con el Frente Amplio en el gobierno en 2006 fueron a la búsqueda de capitalistas que se hicieran cargo del 75% de la aerolínea. Es así como aparecen Paul Elberse de Ficus Capital quien se embolsó un millón de dólares por traer a su amigo Matías Campiani (a su vez, perteneciente a una familia de piratas que entraron en negocios con el Estado en la época del gobierno de Jorge Batlle). Es así como en febrero de 2007 el gobierno frenteamplista firma el acuerdo con Campiani. En Junio de 2012 las deudas de Pluna se multiplicaban, en aquel entonces el director de la refinería Raúl Sendic mandaba cortar el suministro de combustibles para la aerolínea, reclamando un pago de más de 500 millones de dólares. Unos días más tarde Pluna S.A. se declara en quiebra, quedando en evidencia el faltante de fondos (por 300 millones de dólares) de una empresa que no solamente no fue capitalizada, sino que fue vaciada. Un gran negocio para Campiani (al que encima el gobierno le garantizó la impunidad, lo que dificulta hoy día las posibles acciones del estado contra este estafador internacional) a costa de las arcas estatales que le costó el trabajo a casi 900 familias.

El Frente Amplio se muerde la cola

Ante lo sucedido, diversos sectores del partido de gobierno han salido a criticar con gran cinismo el modelo de asociación público-privada, planteando que ahora el problema de la aerolínea de bandera (a la luz de los problemas suscitados a partir de la desaparición de Pluna) no debe ser visto como un negocio, sino como un “bien social”. Es que el caso Pluna muestra y anticipa el destino de las políticas privatizadoras que el gobierno frenteamplista está llevando a cabo en AFE (Administración de Ferrocarriles del Estado) y la petrolera ANCAP, mediante la Ley de Asociación Público-Privada aprobada en el año 2012. Una línea en consonancia con el pago de la deuda externa; y la apertura a mega proyectos financiados por el imperialismo como el puerto de aguas profundas de Rocha, la planta regasificadora de Puntas de Sayago, Montes del Plata (celulosa), y la megaminería a cielo abierto, que viene desatando importantes protestas de diversos sectores, entre otros.

Ahora, a partir de la situación por el caso Pluna, algunos sectores del FA ponen a la Suprema Corte de Justicia en el lugar de “enemigo externo” (para desligar responsabilidades), por el cual, la derecha actúa camufladamente. Lo que se olvida de mencionar esta tesis es que es la misma SCJ que junto al Ministerio del Interior a cargo de Bonomi (más específicamente el Departamento de Operaciones Especiales) que durante 2013 ha perseguido y procesado militantes obreros y populares y de Derechos Humanos, actuando en plena connivencia ambos poderes.

El “progresismo” administrando el Estado capitalista

El Frente Amplio ha querido dar la imagen que con una coalición de “izquierda” administrando el estado burgués se puede llevar adelante una gestión transparente y honesta. El estado, como instrumento de clase al servicio de garantizar los negocios de los grandes capitalistas, necesita de un personal político adepto y leal a este fin. Por tanto, la corrupción en los distintos estamentos del estado (y a nivel internacional) es algo intrínseco al sistema capitalista, ya que los grandes grupos económicos presionan a su personal político (distribuidos en los distintos partidos patronales) para que toda la gestión del estado sea enteramente en su beneficio. Así se sancionan leyes anti-obreras, se legaliza la flexibilización de las formas de contratación de la fuerza de trabajo, se consiguen exoneraciones impositivas para determinadas empresas y ramas de la economía, y un largo etcétera. Como plantearon los fundadores del socialismo científico, Marx y Engels en el Manifiesto Comunista: “el gobierno del estado no es más que la junta que administra los negocios comunes de la clase burguesa”.

Si bien en este caso, no parece haber existido un beneficio personal de los funcionarios de gobierno, de lo que no se pueden salvar es de los negociados con los lobbies empresariales, que todo el tiempo están pujando por mayores beneficios [1]. Así, los funcionarios frenteamplistas son desde hace años (el Frente Amplio gobierna Montevideo desde 1990, y ya tiene en su haber el escándalo de los Casinos municipales por el que fue procesado el ex director municipal de Casinos, Juan Carlos Bengoa en tiempos de la Intendencia de Mariano Arana) vehículos para garantizar las ganancias de los grandes grupos de poder. Esto demuestra que como coalición en el gobierno se transformó (desde 2005) de una coalición de centroizquierda y reformista de oposición a un “partido de la gestión estatal” (reemplazando al Partido Colorado, el histórico partido administrador del estado).

Desde una perspectiva de clase (la única realista), es imposible evitar esta relación con los grandes capitalistas nacionales y extranjeros y los lobbies si no se atacan directamente a las bases fundamentales de la estructura capitalista de la sociedad que genera entre otras muchas miserias la desigualdad y el privilegio de clase. Por ejemplo, el gobierno podría haber expropiado sin pago no solamente la vaciada Pluna, sino confiscado todos los activos que los vaciadores tienen en Uruguay (y perseguido los que tienen en el exterior) y tomarlos como forma de pago por todos los años de robo, y poner una línea aérea de bandera estatal gestionada por sus propios trabajadores, que son los únicos que no tienen mayor interés que el de mantener su fuente de trabajo y brindar un servicio de calidad, y que fueron los grandes perjudicados. Pero el carácter de garante y representante de los negocios capitalistas que ha adquirido el FA desde que accedió al gobierno nacional, hace totalmente imposible este tipo de medidas.

La burocracia sindical y su rol frente a Pluna

La burocracia sindical frenteamplista que fue cómplice de la privatización de PLUNA en 1992, y le dio la bienvenida a Leadgate en 2007; en 2012 plantea la salida cooperativista tomando el modelo de FUNSA (es decir, sociedades anónimas entre cooperativas de trabajadores y capitalistas), y en 2013 frente al pedido de procesamiento de Lorenzo y Calloia realizan caravanas en apoyo a estos. Aquí queda demostrada la política de subordinación de los trabajadores al gobierno por la que optó el PIT-CNT. Cuando fracasa la privatización con Leadgate y comienza a destaparse el vaciamiento y la corrupción, la política de los dirigentes sindicales (acompañado por el FA) fue llamar a los trabajadores de Pluna a confiar en que el gobierno brindaría una salida para mantener la fuente de trabajo. Esto también para garantizar la estabilidad del régimen mediante la contención del movimiento obrero, ya que para el gobierno y toda la dirigencia frenteamplista, que los trabajadores de Pluna encararan una lucha con independencia política de los partidos del régimen, significaba un mal ejemplo para el resto de los trabajadores y ponía en riesgo una salida negociada para el conflicto. En este sentido, las medidas que propuso la dirección del PIT-CNT fueron para presionar al gobierno, pero en ningún momento tuvo la intensión de una lucha seria por la defensa de los puestos y la continuidad de la aerolínea.

Primeras turbulencias para un año electoral

El escándalo abierto demuestra, como ya expresamos, la complicidad entre gobierno y empresarios en un estado que mantiene la desigualdad de clase y garantiza la ganancia capitalista.

Esta granada, que explota en las manos de los dirigentes frenteamplistas a las puertas del año electoral, ha disparado diversas reacciones en el régimen. Por un lado la plana mayor del FA (no sin contradicciones) le ha dado su apoyo moral y político a Lorenzo y Calloia, aunque pusieron sobre la mesa el problema "constitucional" del delito de "Abuso innominado de funciones (ver semanario Búsqueda N° 1745, 28/12/2013)". Para los dirigentes frenteamplistas parecería que no hay nada mejor para evitar la corrupción que... ¡eliminar el delito del Código Penal! Por su parte, la derecha tradicional a través de sus medios de prensa y voceros centran sus baterías en la crítica al proceder del gobierno frenteamplista, sin decir una sola palabra que ellos mismos privatizaron la aerolínea en el marco de la ofensiva noventista contra los trabajadores y el pueblo.

En resumidas cuentas, la crisis es tal que no solamente fueron citados a declarar Lorenzo y Calloia (con pedido de procesamiento sin prisión por abuso de funciones), sino que el propio ex-Presidente y presidenciable más fuerte del régimen, Tabaré Vázquez terminó declarando como indagado en el juzgado del crimen organizado. Una verdadera postal. Además, a partir de este escándalo se dispara una dinámica interna en el Frente Amplio que se expresa en el recambio de casi una docena de funcionarios políticos ligados a entes autónomos y ministerios (ver semanario Brecha N° 1466, 29/12/2013).

Que la derecha se haya beneficiado coyunturalmente con el escándalo que salpica al oficialismo, no es mérito de ella sino de lo profundo de la crisis al interior del elenco gobernante, en especial aquellos sectores que serán los pilares del futuro tercer gobierno. Nos referimos a Tabaré Vázquez por un lado, y Danilo Astori, cuyo sector recibió los mayores golpes, lo que implicará una pérdida de influencia del “astorismo” dentro del FA (aunque siga siendo el preferido por las cámaras empresariales y el departamento de estado norteamericano) y un posible ascenso del Partido Socialista.
Asimismo, será importante ir midiendo cómo impacte esta situación de cara a las próximas elecciones, teniendo en cuenta que venimos de síntomas de apatía y descreimiento en importantes sectores de la base electoral frenteamplista, en especial de su base “histórica” (militancia de los comités de base) que viene desilusionada con el gobierno de Mujica (ya la mayoría de los analistas políticos burgueses echan por tierra la posibilidad de un tercer gobierno del Frente Amplio con mayorías parlamentarias). Esto, sumado al descontento abierto de sectores de vanguardia de trabajadores que, como los docentes en 2013, cuestionaron con su lucha el "modelo" frenteamplista.

Quedará ver, por su parte, cómo queda parada la dirección del PIT-CNT, también salpicada por sus propios escándalos (Plan de Vivienda Sindical). Esta situación, debilita su legitimidad y capacidad de contención frente a los justos reclamos de los trabajadores que intenten, una vez más, hacer llegar sus magros haberes al costo de la canasta familiar, o que reclamen la responsabilidad penal de los empresarios negreros en la construcción, o que defiendan la salud y la educación frente al desfinanciamiento estatal, o bien que peleen por el desprocesamiento de los luchadores populares.

Por un sistema de transporte estatal y bajo control obrero. Construyamos una alternativa revolucionaria de los trabajadores y la juventud.

La clase obrera y el pueblo pobre debemos pelear por un sistema de transporte 100 % estatal y bajo control obrero, que cumpla su función social al servicio de las mayorías populares, inclusive en el caso del transporte aéreo. Para esto hay que dejar de pagar la deuda externa e imponer impuestos a las grandes fortunas.

La clase obrera, los estudiantes y los sectores populares debemos sacar las lecciones de todos estos años a partir de la experiencia con el Frente Amplio, un frente de conciliación de clases que desde 2005 conduce el Estado capitalista uruguayo al servicio de los intereses de los explotadores, y darse el ambicioso objetivo de construir un verdadero partido de los trabajadores revolucionario que luche por un gobierno de los trabajadores y el pueblo oprimido.

  • NOTAS
    ADICIONALES
  • [1Por ejemplo, en este caso, cuando desde el comienzo se contratan los servicios de un financista internacional Elberse, el cual desde la época de Jorge Batlle venía lucrando a costa del estado, es sabido que lo echaron del Nuevo Banco Comercial cuando salió a la luz que cobraba un sueldo de 30 mil dólares mensuales (no sin antes llevarse una indemnización de 1,2 millones de dólares) que a través de Ficus Capital (durante el gobierno de Vázquez) asesoró al estado para encontrar un socio privado para Pluna (llevándose otro millón de dólares más por esto) y que finalmente terminó siendo Leadgate de Matías Campiani (el cual era hijo de un director del Nuevo Banco Comercial cuando Elberse era funcionario de éste).

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