FT-CI

Editoriales y Opinión - Diarios de México

30/10/2006

Diario La Jornada 30/10/2006
Opinión

Oaxaca, soledad en llamas
Por: Adolfo Gilly

Resistencia ante la ocupación de las fuerzas federales Foto Reuters/Daniel Aguilar

El conjunto de organizaciones políticas y sindicales institucionales, pese a sus diferencias entre sí, en la hora de la prueba están dejando a Oaxaca en la soledad. Nada de las grandes manifestaciones que salieron a detener la guerra contra el zapatismo en 1994, ni siquiera de las que se alzaron contra la masacre de Acteal. La rutina electoral, es decir, la lógica de las instituciones existentes, así sea para vituperarlas de labios para afuera, los ha ganado a todos. Declaraciones hay, protestas también, pero de movilizar fuerzas como pudieron hacer muy poco ha en la disputa electoral, nada.

El PRD está absorbido por la disputa parlamentaria. En el Congreso pidió desaparición de poderes y juicio político. Si no se pudo, ni modo, ya salvamos nuestro honor y nos vamos de puente. Los gobernadores elegidos por el PRD, todos, incluido el del Distrito Federal, firmaron en la Conago junto a Ulises Ruiz. La CND, motivo de tantas ilusiones y encandilamientos, ha demostrado su inexistencia a todos los efectos prácticos, salvo la recolección de votos y la disputa por ellos.

El viejo pacto entre el PAN y el PRI, movilizado ahora en defensa de Ulises Ruiz y contra el pueblo oaxaqueño, ya lleva 15 muertos en Oaxaca para sostener a un gobernador repudiado y oponerse a un legítimo movimiento social del pueblo oaxaqueño. Ahora han metido a la PFP y a elementos militares disfrazados de PFP, una muestra más de su impotencia y descrédito para alcanzar soluciones políticas, como en cambio solían lograrlo en el pasado.

El pacto PRI-PAN no es una novedad. Viene desde la fundación del PAN en 1939, como heredero legal del sinarquismo y voz política de la jerarquía eclesiástica y de los conservadores mexicanos. Nunca dejó de funcionar en los momentos cruciales: en la represión a la huelga ferrocarrilera de 1959, el movimiento estudiantil popular de 1968, la guerra sucia de los años 70, la restructuración neoliberal desde 1982, el fraude de 1988 (con su secuela de cientos de muertos del PRD y otros, porque la resistencia entonces no fue juego), la quema de las actas en 1991, la liquidación de los artículos 27 y 130 constitucionales, la firma del TLCAN, la represión en Chiapas desde 1994, la ruptura de los acuerdos de San Andrés y el voto contra la ley Cocopa, el Fobaproa, el pacto de bufones donde 360 diputados de ambos partidos votaron unidos el imposible desafuero de López Obrador, la negativa a que se verificara el resultado electoral de 2006 en un nuevo conteo de los votos. La lista es interminable y no registra fallas importantes.

Hoy el PRD con sus dos máscaras, la institucional llamada Frente Amplio Progresista y la parainstitucional llamada Convención Nacional Democrática, no quiere ni puede movilizar, en defensa de Oaxaca y contra la represión del gobierno federal, a las fuerzas populares que apenas en septiembre reunió en el Zócalo contra el fraude electoral. Por fortuna La Jornada y varios otros medios (uno de ellos, Indymedia, ya pagó con la vida de uno de sus reporteros), así como incontables voces individuales, mantienen la información, la protesta y la indignación (¡salud, Blanche, siempre en el lugar!). Pero su tarea no es, no puede ser, organizar la movilización. Ella corresponde a quienes tuvieron en julio 15 millones de votos y cuentan, como entonces se vio, con el aparato adecuado. Pero por este lado, nada. Repiten con Oaxaca lo mismo que hicieron con la represión sobre Atenco, que ya anunciaba cuáles serían los métodos en adelante.

La carta de Andrés Manuel López Obrador, publicada el domingo 29 de octubre en La Jornada, no es aceptable. Se limita a denunciar la acción policial, el pacto entre el PAN y el PRI y el gobierno "siniestro y represor" de Ulises Ruiz. Declara que la renuncia de éste es la única solución posible y recuerda que en la elección de julio pasado la mayoría de los oaxaqueños votó por su candidatura. Es todo.

La secuela de estas constataciones puede suponerse que sería llamar a una gran movilización en el Distrito Federal y en otros lugares de la República en defensa del movimiento oaxaqueño, contra los asesinatos de los paramilitares de Ulises Ruiz y contra la represión del gobierno federal. Un llamado así, viniendo de quien tuvo 15 millones de votos, llenaría a desbordar el Zócalo y otras muchas plazas de la República. Una mera denuncia tardía y nada más, como es el contenido de aquella carta, no sirve para nada.

Cuando escribo estas líneas, Oaxaca está siendo ocupada por las fuerzas federales que el gobierno del PAN ha lanzado en defensa de un gobernador asesino del PRI. Hoy hay dos muertos más. No pido a los dirigentes de la CND que movilicen sus fuerzas en las plazas y los centros de trabajo y estudio de la República, primero porque no lo harán, segundo porque tampoco disponen de ellas. Tampoco lo pido al jefe de la oposición, Andrés Manuel López Obrador, porque su carta dice que tampoco tiene intención de hacerlo.

Ante la indignación y el pasmo del pueblo mexicano, que contempla atónito como una vez más las fuerzas represivas del gobierno federal atacan a un movimiento popular masivo y legítimo y tratan de acorralarlo y empujarlo a los extremos y a los desmanes; y ante la protesta, las denuncias y las movilizaciones de organizaciones populares, de derechos humanos y otras, que hoy por hoy no disponen de fuerzas mayores, el silencio y la pasividad de las grandes organizaciones deja a Oaxaca librada a sus propias fuerzas, a su coraje, a su capacidad de maniobra y a su propio y antiguo entramado organizativo.
Como en el verso inolvidable del poeta de Muerte sin fin, Oaxaca es hoy la "soledad en llamas". El pueblo-pueblo de Oaxaca podrá salir de esta prueba golpeado, pero posiblemente más organizado. Los recolectores de votos, por su parte, ya tendrán ocasión de recordar otros versos: "Arrieros somos y en el camino andamos / y cada quien tendrá su merecido".


Diario La Jornada 30/10/2006
Opinión

Oaxaca: todos pierden
Por Javier Oliva Posada

La insólita e intricada situación que se vive en la capital de ese estado día a día se torna más confusa, complicada y, por supuesto, se cuenta con menos tiempo y peores condiciones para resolver un conflicto que ha puesto en vilo la atención incluso del cambio de poderes el próximo primero de diciembre. La polarización cedió el paso a la confrontación; los reductos para el entendimiento han sido cancelados para dejar la vía libre al abierto enfrentamiento, como sucede en estos casos, es la sociedad, los lugareños, los más afectados.

Las condiciones del resultado electoral del 2 de julio pasado, donde el presidente electo alcanza un triunfo estrecho, muy estrecho; donde su principal contendiente reclama ilegalidad de fondo y anuncia intensa actividad política para los siguientes meses, habrían de producir en el gobierno federal saliente una respuesta responsable, conforme a una visión de largo aliento. Pero ni hay la disposición ni se cuenta con las evidencias de que la Secretaría de Gobernación tenga intención o al menos haya entendido de lo que se trata el problema.

El empeoramiento de la situación, indica que la opción de la fuerza se dibuja con toda claridad y también indica que ya la mayor parte de los actores involucrados desean esa salida, es decir, la aplicación de la fuerza. Unos porque desde hace semanas, largas semanas, han propugnado por el apoyo de las fuerzas federales. Los otros porque el límite de cohesión del movimiento de resistencia exige la emergencia de la confrontación física para superar la etapa de las disputas internas. Algo similar a lo que les sucedió a las controversias por el control y dirección del EZLN. Ahora en el caso de Oaxaca es evidente que no será la mera recuperación de las calles por parte de las autoridades lo que resolverá el asunto.

Vendrá, en el mejor de los casos, una difícil recomposición de los acuerdos, compromisos y ambiente de convivencia en la ciudad de Oaxaca; el restablecimiento del clima de normalidad tardará en consolidarse, tal como sucedió con la toma de Ciudad Universitaria por el CGH allá por 1999. Una lección sí quedó clara: la radicalización, venga de donde fuere, no contribuye y sí deteriora la viabilidad del estado de derecho y, sobre todo, reduce a la nada la capacidad de hacer política.

La polarización hasta hoy alcanzada no beneficia a ninguno de los actores centrales del episodio. No obstante, el gobierno federal es el primero en ser llamado a cumplir y no escabullirse con pretextos inmaduros, como es el de la cancelación del desfile de la Revolución Mexicana. Como tampoco no hubo explicación sensata de la cancelación de la Marcha de la Lealtad el pasado 2005. Es en este punto donde se puede analizar con toda precisión quiénes y por qué van a salir afectados con el desenlace en la capital de Oaxaca. Así, se han conjuntado una serie de factores fortuitos (elecciones presidenciales, revisión salarial sindical) y estructurales (pobreza, marginación, subversión) que combinados dan como resultado esta radicalización generalizada que hoy atestiguamos.

La ausencia de una autoridad federal sometida a la obsesión de la popularidad en las encuestas, unida a la franca ignorancia en el conocimiento de la historia reciente para tomar decisiones de fondo, indica que la mayor parte de los actores involucrados en el conflicto van a encontrar una situación compleja y delicada. Tal como la que enfrentará la siguiente administración, sólo que con un margen muy reducido de operación política.


Diario El Universal 30/10/06
Opinión

Tiempos de sensatez
Por: Ricardo Alemán

Nadie puede suponer que la recuperación del zócalo oaxaqueño signifique el fin del conflicto

Hasta anoche nadie sabía, por razón natural, cuál sería el desenlace hasta la mañana de hoy de la intervención de la fuerza pública en la capital de Oaxaca. Según la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal Preventiva ocuparía la ciudad capital sólo para restablecer el orden y las garantías fundamentales. La tarea básica de los contingentes policiacos es el desalojo de las barricadas, la recuperación de las instalaciones públicas y la liberación del centro histórico.

En realidad la presencia de la fuerza pública en Oaxaca y el desmantelamiento de los territorios ocupados por los rebeldes de la APPO -en el supuesto dudoso que resulte un operativo limpio- no es más que una medida extrema de fuerza por parte del Estado mexicano, que de manera tardía intenta terminar con la virtual guerra civil que se vive en la capital oaxaqueña.

Y es que nadie puede suponer que la recuperación del zócalo de esa ciudad signifique el fin del conflicto. Peor aún, resultaría un mensaje harto cuestionable que se haya decidido la intervención de la fuerza pública federal en apoyo al priísta Ulises Ruiz, gobernador "de papel" que no se puede decir ganancioso a pesar de haberse mantenido legalmente en el cargo. Su salida es inevitable, sea por el camino de la licencia o la renuncia, como parte del rompecabezas para resolver el conflicto.

Es la hora de Ulises Ruiz, responsable no sólo de la crisis, de actos represivos y presuntos asesinatos, quien no sólo tendrá que entender que ya no gobierna, sino responder por los delitos políticos y penales que se le acusan. Todo a pesar de que hoy se pudiera haber recuperado la capital de Oaxaca.

Pero también es tiempo de que otros frentes que intervienen en conflicto asuman su responsabilidad -gobierno federal, partidos políticos, gobierno electo y ex gobernadores oaxaqueños-, una vez que quedó claro que todas las manos que se metieron en el conflicto ya fueron rebasadas, y que la resistencia quedó en manos de lo más radical de los grupos sindicales y sociales de Oaxaca, vinculados muchos de ellos con expresiones guerrilleras. Hoy los grupos radicales ya no responden a liderazgos, a manos partidistas o grupos políticos, sino que son alimentados precisamente por los sectores vinculados con la guerrilla que opera en Oaxaca.

Y el mejor ejemplo de que se fracturó la resistencia que por casi cinco meses sostuvieron de manera conjunta la sección 22 y la APPO, se dio precisamente el pasado sábado, cuando los líderes del magisterio acordaron con la Secretaría de Gobernación la firma de una minuta de compromisos -que casualmente resuelve la demanda original del conflicto la retabulación del magisterio, y que garantiza el regreso a clases-, todo esto mientras que la propia Segob ordenaba el despliegue de la fuerza pública en Oaxaca. En respuesta, dirigentes "appistas" acusaron de "traidor" al líder magisterial, Enrique Rueda, quien se sostuvo en su acuerdo con Gobernación, "porque hemos alcanzado logros históricos para los maestros".

De esa manera la APPO quedó aislada, al tiempo que el magisterio decidió replegarse y prometió el regreso a clases a partir de hoy -lo que parece imposible debido al clima de violencia-, por lo que la dirección de la rebelión quedó bajo el control de los radicales de la otrora alianza entre el magisterio y la APPO. Según fuentes de inteligencia de Gobernación, en efecto, la resistencia en Oaxaca quedó en manos de los grupos vinculados con corrientes guerrilleras, que no sólo actúan en la capital oaxaqueña, sino en las protestas que se llevan a cabo en el DF, en donde también se registraron choques entre "appistas" y la policía de la capital del país. Resultó sintomático que el GDF decidiera impedir el bloqueo de calles del centro histórico.

Pero el problema tampoco se resuelve "encapsulando" a los radicales de la APPO y el magisterio. El PRI deberá asumir su responsabilidad y sacar las manos del conflicto. ¿Cómo? A través de una fórmula que invalide la tramposa estrategia de sostener a Ruiz como parte de un chantaje político frente al nuevo gobierno, el de Felipe Calderón. A su vez, el presidente electo deberá salir del círculo vicioso que significa la alianza de la nueva administración con el PRI. Ninguna alianza política -por trascendental que sea- puede pasar por las ruinas de una entidad federativa como Oaxaca. Y lo mismo deberá ocurrir con el PRD, cuyos dirigentes tendrán que entender que la ganancia política en Oaxaca ya se ha convertido en descrédito.

Y es que el problema que se enfrenta, más que una reacción social por legítimas reivindicaciones para los pueblos de Oaxaca, es un problema de seguridad nacional, en donde sectores vinculados con grupos guerrilleros ya se apoderaron de un conflicto que en su origen fue resuelto de manera satisfactoria para los maestros, mientras que fue rebasada toda utilidad política para partidos como el PRI, PAN, PRD y Convergencia, que de una u otra forma tienen metidas las manos. Es momento de sensatez. Al tiempo.


Diario El Universal 30/10/06
Opinión

Crónica anunciada
Por: Ricardo Rocha

Todo lo que está pasando se ha adver tido. El sistema político mexicano se está jugando el pellejo por mantener en el poder a un gobernante repudiado por la mayoría de su pueblo. Un hombre sobre el que nadie, ni sus propios cómplices priístas, se ha atrevido a defender y mucho menos a reconocer un mínimo de eficacia en su tarea de gobierno. Esa es una de las grandes paradojas de Oaxaca. Todos los gravísimos riesgos que hoy se corren no tienen justificación alguna. Salvo los intereses cortoplacistas de la politiquería más barata y ahora más cara.

Lo cierto es que hay un tigre a las puertas y nadie asume la responsabilidad de haberlo convocado. En el Senado de la República hay un silencio vergonzante. Luego de la farsa de una investigación sin destino y del fallo por la no desaparición de poderes que significó un apoyo incondicional a Ulises Ruiz, los acontecimientos se precipitaron. Envalentonado por la carta de impunidad de los senadores prianistas, el desgobernador mandó a sus paramilitares a matar y a intimidar. Los muertos de los últimos días han de cargarse a la cuota del señor Ruiz.

Una larga lista de infamias que comienza con Diódoro Carrasco -ahora convertido al panoportunismo- y sigue con José Murat para prolongarse en Ulises: desapariciones forzadas; persecuciones y asesinatos de líderes de la oposición; ataques a los medios críticos como el caso de Noticias de Oaxaca; atropellos a los derechos humanos; corrupción galopante y toda clase de crímenes que fueron la simiente para el actual estado de furia de gran parte de los ciudadanos oaxaqueños; como los maestros y los miembros de la APPO, que han sido la avanzada de una sociedad agraviada por los abusos de un poder malentendido.

Esas consideraciones elementales y la observación sobre el terreno permitieron anticipar hace apenas una semana que la de Oaxaca era una bomba de tiempo dispuesta para estallar en cuestión de días y horas. Ahora el plazo se está cumpliendo y hay un despliegue inédito de la Policía Federal Preventiva -y del Ejército disfrazado de la misma- que empieza a apretar el cerco sobre el centro histórico de la capital oaxaqueña.

Se supone que se intentará una operación quirúrgica -con observadores de derechos humanos y toda la cosa- en la que las bajas que lamentar sean mínimas. Por lo pronto, los de la APPO y los maestros han ordenado un repliegue táctico que evite cualquier enfrentamiento con los invasores. Pero la estrategia no ha variado. Las movilizaciones continuarán hasta que no se logre el objetivo incubado desde hace 163 días y explicitado desde la represión del 14 de junio: que se vaya Ulises.

Por ello, el gobierno de Fox -presionado ahora por el embajador Tony Garza, a causa de la muerte de un camarógrafo estadounidense- no puede suicidarse política y mediáticamente con la impresión de que toda esta movilización gigantesca, nunca antes vista en tiempos supuestamente democráticos, se debe a un oscuro compromiso de defender, aun con muertos y sangre, a un personaje tan siniestro como Ulises Ruiz. Que, a propósito, sigue tan campante entrando y saliendo de la Secretaría de Gobernación. Como si todo se limitara a levantar las barricadas, recuperar la plaza mayor y reabrir las escuelas. Cuando en el fondo lo que subyace es una insurrección popular y legítima que exige la salida de un gobernador espurio desde el primer momento en que se hizo de su virreinato.

Como él ya no tiene remedio, hay que presionarlo ahora por todas las vías legales y políticas para que renuncie. Se ha filtrado por ahí un acuerdo para que pida licencia después del 1 de diciembre a fin de que no haya necesidad de convocar a elecciones que pongan en riesgo el mando priísta en la entidad.

El problema es que la liga ya no puede estirarse más y se va a reventar en cualquier momento. Los soldados y los de la PFP no son ni hermanas de la caridad ni agentes de relaciones públicas. Están en Oaxaca porque tienen un entrenado oficio para contener, golpear y matar si es necesario.

El fuego y las llamas están a una chispa de distancia.

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