Por: Fernando Rosso

El proyecto de “expropiación” de una parte de las acciones de YPF-Repsol, que Cristina Kirchner envió al Congreso cambia el escenario político. Los motivos de este giro no hay que buscarlos en alguna pretensión “nacionalista” o de “soberanía”. El impulso del gobierno se debe, por un lado, al grave déficit energético tras décadas de saqueo y, por el otro, a la pérdida creciente de hegemonía política, sumado a la crisis de sucesión ante la imposibilidad de reelección de Cristina. Esto último alentaba internas de camarilla de las que el “caso Boudou” fue solo una de sus manifestaciones.

Los límites económicos del “modelo” y las crisis políticas

En los últimos meses, los efectos de las privatizaciones menemistas, continuadas bajo el kichnerismo, emergieron bajo la forma dramática de crímenes sociales como la tragedia de Once o las consecuencias que trajo el temporal en el conurbano. Mientras, por arriba, la política de negociados capitalistas, desplegaba un obsceno espectáculo de relaciones íntimas, como mostró el escándalo del “tráfico de influencias” para salvar a la ex-Ciccone. El gobierno perdía la agenda y se desataban las internas en el kirchnerismo, hacia la sucesión de 2015, previa medición de fuerzas en las elecciones de 2013.

Otro fracaso de Cristina fue en la cumbre de Cartagena de Indias (Colombia), donde no logró un pronunciamiento conjunto de los países de la región por la cuestión Malvinas.

No hicieron el anuncio sobre Repsol antes de la Cumbre de las Américas, porque esto obligaba a Obama a pronunciarse y además estaban negociando con los gobiernos provinciales, que reclamaban ser parte del “nuevo” negocio. La verdadera “cumbre” para el gobierno, fue la de CFK con Obama, que no se pronunció sobre la posible “expropiación”, dando un aval implícito a la medida del gobierno. El proyecto de ley cristinista, no toca ni una sola de las acciones norteamericanas en YPF. Entre las posibles empresas que se preparan a entrar en el negocio de la “nueva” YPF, está la norteamericana Exxon. Este aval fue el último empujón (imperialista) para avanzar con la “expropiación”.

A la vez, en el plano económico, debido al déficit energético, Argentina tuvo que importar 9 mil millones de dólares en energía en 2011 y para 2012 se estiman como necesarios entre 12 y 14 mil millones de dólares, para cubrir la demanda del país. Esto produjo un déficit de la balanza energética de u$s 3mil millones en 2011 y una estimación de 5 mil millones para el año en curso. El resultado es un grave problema comercial, por la inmensa cantidad de dólares que van a pagar la “factura energética”; pero también fiscal, por los subsidios que el gobierno costea para evitar una disparada de los precios internos y la consecuente inflación para toda la economía.

La “expropiación” cristinista

En proyecto de ley declara sujeto a expropiación con pago el 51% de las acciones de YPF, en manos de Repsol. Del 49% restante, un 25% queda en manos del grupo Petersen-Eskuenazi (uno de los saqueadores “nacionales” de la empresa), y el otro 17% sigue “flotando” en bolsa. YPF representa el 34% de la producción hidrocarburífera nacional, por lo tanto, la “expropiación” real es del 17% del conjunto de la producción y distribución de hidrocarburos. Una “expropiación” aislada dentro de la estructura económica argentina, pero también dentro de la propia producción y distribución de hidrocarburos. Además, se propone entrar en negociaciones para pagarles a Repsol con las Reservas del Banco Central o con la plata de ANSES, es decir, la de los jubilados, que en su inmensa mayoría cobran la mínima.

Esta “expropiación” no es parte de ningún plan serio de desarrollo nacional que solo puede ser garantizado con un programa de conjunto impulsado por los trabajadores. Y ni se asemeja a la expropiación “nacionalista burguesa” realizada por el gobierno mexicano en los años ‘30. El gobierno de Lázaro Cárdenas expropió a 17 compañías que explotaban el petróleo mexicano y “fue más una nacionalización, que una simple expropiación”, ya que “no fue una acción individualizada y particular, sino una medida encaminada a un cambio sensible en la estructura económica del país” (Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM).

El gobierno presenta como ejemplo de sus planes futuros el “modelo Petrobrás”. Una empresa controlada mayoritariamente por el Estado brasilero, que sin embargo permite grandes negocios al capital nacional y extranjero. Pero el proyecto kirchnerista, está incluso a kilómetros de este “modelo”, ya que se propone el control de solo una minoría de la producción hidrocarburífera total, para proponerle nuevos negocios a capitalistas nacionales e imperialistas

El “relato” de Kicillof...para el proyecto de Dromi

El ex ministro de Obras y Servicios Públicos de Menem, Roberto Dromi, ideólogo de las privatizaciones, hoy asesora al nuevo interventor de YPF, Julio De Vido. Detrás de las denuncias de las ganancias y dividendos millonarios que se llevó Repsol, que hizo en el Senado la nueva “estrella” del gobierno, el ex “independiente de izquierda” (de la agrupación TNT de Económicas de la UBA) y hoy “camporista”, Axel Kicillof, aparece el proyecto ideado por ese ex–menemista, que en un giro de 180° comenzó a hablar de que el “Estado sea socio de YPF”.

El largo discurso del economista de La Cámpora, fue en realidad una “autoincriminación”, ya que fue su gobierno el que avaló las privatizaciones y el saqueo desde los años menemistas a esta parte. Pero también en su respuesta a los senadores, Kicillof, De Vido y Aníbal Fernández, dejaron claro que su modelo es volver a la primera etapa de la privatización de YPF, cuando el Estado nacional mantenía el 20% de las acciones (y las provincias tenían un 11%). Además acentuaron el llamado a los capitales internacionales a asociarse al Estado para la inversión. Si se observan los contratos del gobierno para la minería a cielo abierto o las concesiones en el transporte, y la propia historia de los Kirchner respecto a las privatizaciones “neo-liberales”, queda claro el carácter del proyecto kirchnerista de contratos y concesiones a favor de las multinacionales o los capitalistas amigos.

Lejos del relato de “soberanía” y “recuperación de nuestros recursos”, los hechos evidencian el carácter pragmático y oportunista de la propuesta gubernamental.

Su “expropiación” y nuestro programa

La oposición patronal quedó desubicada, todos fueron cómplices de las privatizaciones y las sostuvieron. Al cierre de esta edición, a excepción de los legisladores de Macri y la Coalición Cívica, que se oponen al proyecto, con argumentos de la ultraderecha neoliberal, los radicales y el FAP de Binner, votaban a favor del dictamen en el senado.

Los socialistas revolucionarios del PTS, en el Frente de Izquierda, rechazamos en primer lugar los ataques del imperialismo español, la Union européa y los apoyos que recibió de gobiernos cipayos como el de México o Chile. Denunciamos el carácter de esta “expropiación” del gobierno y exigimos una verdadera expropiación del 100% de todas las empresas hidrocarburíferas. El gobierno ahora denuncia las millonarias ganancias de Repsol, pero la desinversión y el saqueo también es del resto de las empresas que operan en nuestro país (ver pág. 3). Que se abran los libros de todas las empresas para demostrar ante la población, sus ganancias y su política de vaciamiento y saqueo.

Los recursos para la inversión necesaria para el autoabastecimiento energético (geológicamente está demostrado que en el territorio nacional existen los recursos petroleros y gasíferos), están en la renta sojera que se llevan los terratenientes y la burguesía agraria con precio récord de la soja, en las mineras, en los bancos, que cerraron un año también récord (2011) con $11 mil millones de pesos de ganancias (La Nación, 8/1/2012), en las privatizadas que son responsables de las desinversión que provoca los crímenes sociales que sufre la mayoría obrera y popular.

Nuestro programa levanta la expropiación y control obrero de todas estas empresas, la creación de una banca estatal única, controlada por los trabajadores y el monopolio estatal del comercio exterior. Premisas mínimas, para terminar con el saqueo y la anarquía capitalista y comenzar a elaborar un plan de acuerdo a las necesidades de las grandes mayorías.

El apoyo que despierta la medida del gobierno entre la población expresa una justa aspiración de defensa de los intereses nacionales frente al saqueo de los monopolios imperialistas. Nosotros diferenciamos esas aspiraciones del oportunismo pragmático de la camarilla gobernante y sobre la base del debate que abre esta medida, planteamos este programa de lucha, remarcando que solo puede ser llevado hasta el final con un cambio de raíz este régimen social y por un gobierno de la clase trabajadora y el pueblo.

19-04-2012