Los diarios recibieron el 2011 inundando sus páginas con balances y previsiones muy predecibles. La prensa oficialista fanática festejando los “logros” de la gestión kirchnerista y poniendo el dedo en la llaga de la debilidad y fragmentación de los partidos de la oposición burguesa. En el otro rincón, Clarín y La Nación fogoneando la división en las filas K, resaltando las aspiraciones de Scioli (el más pejotista de los K) a la presidencia, y sembrando dudas sobre si el flamante Secretario de Medio Ambiente, el inefable Juan José Mussi, será eficaz para restarle poder entre los intendentes al mandamás bonaerense. Tanto unos como otros, acuerdan en que el derechista Mauricio Macri aliado a algún ala del Peronismo Federal, sería uno de los que se perfila para hacerle frente a Cristina Kirchner en los próximos comicios. Por otro lado, la alianza entre el radicalismo alfonsinista y los socialistas de Binner es la otra “opción” posicionada para competir en la disputa presidencial.

Pero muy pocos, sin embargo, tomaron en cuenta los recientes acontecimientos en Bolivia para reflexionar sobre las contradicciones y el “fin de ciclo” de los gobiernos progresistas, que tiene al kirchnerismo como uno de sus exponentes. Más bien, todo el arco mediático miró hacia Brasil y la asunción de Dilma Roussef como “la meca” a la que habría que aspirar. Brasil representa de algún modo lo que el establishment quiere de CFK: “un gobierno más institucional”, un gobierno burgués “normal”. Con todo, la cada vez más patente posibilidad de devaluación del Real, más que un aliciente para la “normalización burguesa” del gobierno de CFK abre un panorama de complicaciones para la economía local que puede conspirar contra el optimismo del crecimiento argentino.

¿Qué muestra Bolivia?

El “gasolinazo” neoliberal que Evo Morales pretendía descargar sobre el movimiento de masas fue parado en seco por una formidable reacción obrera, campesina y popular que en dos días se hizo dueña de las calles y amenazó con repetir los escenarios de insurgencia de un pasado todavía reciente, lo que incluyó, además, el enfrentamiento abierto con las “obedientes” direcciones vendidas de los sindicatos y los “movimientos sociales”.

“Muera el gasoLINERAzo”, gritó el pueblo enardecido, haciendo un juego de palabras sindicando a uno de los promotores del ajuste: el vicepresidente Álvaro García Linera. Y Evo Morales tuvo que retroceder ante la acción de masas, que le marcó un claro límite a su giro a la derecha.

Es evidente que Bolivia se halla en un nuevo período político donde las ilusiones populares hacia el “gobierno de los movimientos sociales” están cuestionadas. Quedó claro que la nación explotada y oprimida no está dispuesta a permitir que le pongan la mano en el bolsillo. Como respuesta Evo Morales intenta reacomodarse con el lema zapatista de “mandar obedeciendo”, y el Vicepresidente trata de explicar la obligada derogación del “gasolinerazo” como resultado de “escuchar al pueblo”, cuando sólo unos días atrás acusaba a la emergencia de los explotados de ser funcional a la derecha. Un argumento utilizado casi al mismo tiempo por el kirchnerismo para denostar a los trabajadores inmigrantes sin techo, a los tercerizados y a la militancia trotskista.

Los gobiernos del “desvío”

Los acontecimientos de Bolivia ayudan a pensar la dinámica de la situación política de Argentina. Tanto el gobierno K que llegó al poder en 2003, como el que ocupó el Palacio Quemado luego de las elecciones de diciembre de 2005 en Bolivia, debieron tomar en cuenta la relación de fuerzas que las masas populares habían dejado tras sendas rebeliones. El desvío de las fuerzas sociales que terminaron con el dominio de las políticas abiertamente neoliberales se concretó por las promesas de reformas democráticas y sociales y la cooptación de dirigentes populares que permitieron pasivizar al movimiento de masas. Precisamente cuando el establishment habla de imitar al “progresismo” brasilero olvida que en ese país no hubo rebelión popular y la dirección sindical de la CUT pudo ser sumada al programa del “progresismo” continuista de Lula, mientras que en Argentina –y Bolivia- las direcciones sindicales y de los movimientos sociales fueron obligadas a jugar un papel de “contención” lo que explica su excesivo peso, para el gusto de los capitalistas, en la política nacional.

En Bolivia, las reformas constitucionales permitieron reemplazar al viejo régimen de la “democracia pactada” y los partidos neoliberales –derruidos por los levantamientos de masas de 2003-2005- y alumbrar al Estado Plurinacional y la pseudo nacionalización de los recursos energéticos. En Argentina el kirchnerismo rescató al PJ como baluarte del viejo régimen de partidos y a la burocracia sindical como dique de contención de los trabajadores. La fortaleza relativa del kirchnerismo se basó más que en tomar medidas de carácter estructural, en aprovechar la coyuntura económica favorable para alentar el consumo de las clases medias, conceder paritarias y aumentos salariales controlados para los trabajadores sindicalizados en blanco, juicios a cuenta gotas a algunos genocidas y garantizar a las grandes patronales sus ganancias extraordinarias y el status quo noventista con respecto a la precarización de las condiciones laborales de la clase trabajadora.

Afloran las contradicciones estructurales

Tanto el gobierno K como el de Evo tuvieron como norte la reconstrucción de una burguesía nacional. Sin embargo, en Argentina la penetración del capital extranjero se hizo más intensa y en Bolivia la “nacionalización inteligente” resultó ser una asociación entre el Estado y las multinacionales petroleras, que acaba de demostrar su rotundo fracaso.

Ambos gobiernos fueron incapaces de dar respuesta a los problemas estructurales que someten a nuestros pueblos y que demandan romper con la opresión imperialista, terminar con la expoliación de los recursos naturales y derrotar a los terratenientes y a la gran burguesía agraria. En Argentina acaba de salir a luz la utilización de mano de obra esclava por parte de la multinacional Nidera en San Pedro. Es la forma aberrante con la cual las grandes patronales se benefician de las ventajas competitivas de precarización y trabajo en negro del modelo K.

Estas contradicciones estructurales afloran por dos razones. En Bolivia, la caída de la producción petrolera producto de la falta de inversión de los “socios” transnacionales del Estado plurinacional, puso en evidencia el fracaso de la política de asociación con el capital extranjero; y en Argentina porque una avanzada de los sectores más postergados de la clase trabajadora y el pueblo pobre se atrevieron a la acción directa para hacer públicas demandas, que como el derecho a la vivienda, por su carácter estructural, cuestionan el conjunto del “modelo”.

El gobierno K y la agenda de la derecha

El asesinato de Mariano Ferreyra a manos de una patota de la Unión Ferroviaria mostró que el “modelo K” se basa en que a millones de trabajadores se les niegan sus derechos laborales mínimos: cobran la mitad que sus compañeros en blanco y ni siquiera pueden sindicalizarse, amén de que para garantizarlo el gobierno y las patronales recurren a una burocracia empresarial y corrompida. En Formosa la policía provincial y una guardia blanca de terratenientes asesinó a los integrantes de la comunidad qom Roberto López y Sixto Gómez. Así quedó al desnudo la falsa oposición del gobierno “nacional y popular” con la burguesía sojera y su alianza con los barones feudales del peronismo provincial como Gildo Insfrán.

Pocos días después, la ocupación por parte de trabajadores nativos e inmigrantes sin techo del Parque Indoamericano condujo al asesinato por parte del operativo conjunto de la Federal y la Metropolitana de Bernardo Salgueiro y Rosmary Chura Puña, dejando en evidencia la complicidad del kirchnerismo con las mafias de la Policía Federal y que la cooptación de la Asociación Madres de Plaza de Mayo ha transformado a este símbolo de la lucha contra el genocidio en un gestor de proyectos inmobiliarios al servicio del oficialismo.

La resultante ante la emergencia de estos sectores más explotados es la decisión del gobierno de CFK de tomar la agenda de seguridad y restitución del orden público que le exige la burguesía y agita con bandera propia la derecha reaccionaria. La creación del Ministerio de Seguridad para responder… al problema de la vivienda es una versión “progre” de este orden del día.

A quienes acusan a los explotados y a la extrema izquierda de ser funcionales a la “razón golpista” (Horacio González dixit), para cubrir así el giro a la derecha del gobierno, vale aclararles que el asesinato de los luchadores, el procesamiento de activistas, la cárcel a Roberto Martino, la condena a la acción directa y la movilización popular son un producto genuino de este gobierno “progresista”.

Desde el PTS llamamos a extender y desarrollar cada vez más la organización del sindicalismo de base clasista como hacemos en Kraft, en Zanon y muchas otras fábricas, entre los trabajadores tercerizados ferroviarios, para expulsar a la burocracia de los sindicatos y transformarlos en organizaciones de lucha de los trabajadores. Llamamos a los sectores más avanzados de la clase obrera y la juventud a defender activamente a los sin techo, como mostramos movilizándonos hacia Soldati para repudiar el accionar de las bandas de matones fascistas y la militarización de la gendarmería kirchnerista. Nos proponemos organizar un poderoso partido revolucionario de la clase obrera, que luche contra los gobiernos capitalistas sean “progresistas” o reaccionarios en la perspectiva de un gobierno de las mayorías explotadas, un gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre.