FT-CI

México

Abajo la nueva ley laboral esclavista

03/10/2012

La reforma laboral impulsada por el PRI y el PAN y aprobada en lo general en la Cámara de Diputados, liquida la parte esencial del artículo “123” respecto al trabajo, el cual, al establecer –desde el punto de vista del derecho burgués- la “armonía” en las relaciones obrero patronales, reivindicaba el derecho al “trabajo digno y socialmente útil”, resaltando el espíritu de las “garantías sociales” para la clase trabajadora. Esto, como subproducto del proceso revolucionario iniciado en 1910. Esta ley esclavista, enfocada a abaratar el valor de la fuerza de trabajo, suple a la aprobada en 1970 que, a su vez, suplió a la de 1931 con el mismo argumento de aumentar la productividad laboral en la economía. La justificación de la pro-patronal Secretaría del Trabajo, es que es necesario modernizar una legislación laboral que no se tocaba en 30 años. Pero nunca modernizaron la caída salarial de estos últimos 30 años de ataque neoliberal a las conquistas obreras, producto de los planes neoliberales iniciados con Migue De la Madrid. De esta manera, liquidando los derechos obtenidos por los trabajadores como subproducto de sus luchas previas, y bajo un régimen que redobla la explotación, la burguesía intenta resolver las crisis que provoca la economía capitalista. Esta ofensiva de Calderón y Peña Nieto contra los trabajadores, avalada por la vieja burocracia sindical del Congreso del Trabajo a cambio de que no tocarán su control vertical de los sindicatos (fuente de su enorme riqueza y poder político), es una regresión histórica de las conquistas de la clase trabajadora. Es como volver al proyecto que Carranza pretendía imponer como apartado laboral en la Constitución de Querétaro de 1917. Este retroceso en la Ley del Trabajo –de no revertirse- significará décadas de empobrecimiento para los trabajadores y un control de su vida sindical como no sucedía en años. La flexibilidad laboral aprobada, implica principalmente la flexibilización salarial basada en la subcontratación (profundizando el trabajo precarizado), en el pago por horas, empleos temporales, contratos a prueba, despidos arbitrarios a juicio del patrón (se terminaría al concepto de “despido injustificado”); además liquida Ia estabilidad en el empleo, la antigüedad y las indemnizaciones por despido, entre otras cláusulas más, donde los jóvenes y las mujeres son los mayormente perjudicados . Pero además, en las empresas paraestatales, la nueva ley permite avanzar en su desmantelamiento y privatización mediante la contratación de las empresas “terciarizadas” (como las que evidenció el estallido de la planta de Pemex en Reynosa,Tamps).

Con la aprobación de la nueva ley al fin de sexenio de Calderón, Peña Nieto “mata dos pájaros de un tiro”: evita que la reforma laboral se apruebe iniciando su gobierno (lo que debilitaría y acentuaría el rechazo a la forma en que llegó la presidencia), y paga a los empresarios por el apoyo de estos al regreso de PRI al poder. Una reforma contra los trabajadores

Pero no solamente esta “reforma” del PRI-PAN-COPARMEX no fue consultada con los trabajadores. Tampoco las propuestas alternativas del PRD y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) para ser discutida en el Congreso, bajo la lógica de humanizar la explotación, surgen como una necesidad de la base de los sindicatos del llamado sindicalismo independiente. Ninguna reforma laboral elaborada desde arriba por los partidos patronales y la burocracia sindical (oficialista u “opositora”), puede expresar las necesidades elementales, sindicales y políticas de la clase trabajadora. Son medidas que en el fondo expresan más los intereses de la direcciones sindicales, aunque se éstas se opongan a los aspectos más salvajes de una reforma anti-obrera.

Para muestra bastan dos botones. El diputado por el PRD, Francisco Hernández Juárez (dirigente telefonista por más de 36 años) y Agustín Rodríguez el ex diputado perredista que lleva 17 años al frente del STUNAM, no propondrían una legislación laboral con estatutos que impidieran la relección en los cargos sindicales, mismos que permiten a los comités ejecutivos perpetuarse en la dirección (alejados cada vez más de la base de la que surgieron), y hacer carrera política ya se sea en el Congreso o en cargos en el gobierno (va contra su naturaleza de casta).

Ni que, una vez terminada su gestión los dirigentes volvieran al trabajo, ni que las cuotas sindicales fueran voluntarias y no compulsivas; todo lo contrario, acuerdan con los patrones y el gobierno en sean descontadas por la empresa y trasladadas a las arcas sindicales controladas por los dirigentes. Tampoco aceptarían de buena gana unos estatutos que fiscalizaran las finanzas sindicales por la base trabajadora, y permitieran la libre formación de corrientes sindicales opositoras a las direcciones oficiales sin ser aisladas o reprimidas; o que prohibiera y sancionara la venta de plazas, o la denigrante condición a las mujeres de la venta de su cuerpo a cambio de promociones laborales. Por eso, tanto el charrismo del Congreso de Trabajo como los sindicatos opositores (UNT, SME) acordaron implícitamente no modificar el apartado referente a los mecanismos que les dan un gran poder ante los trabajadores. Todos juntos pretextaron el derecho a una mañosamente concebida “autonomía sindical”.

Lamentablemente, la propuesta “democratizante” para los sindicatos obedece a un interés patronal que, al mismo tiempo que limita el derecho de huelga de los sindicatos, busca la intromisión en los mismos para controlarlos. No es una exigencia que provenga de los mismos trabajadores que soportan estos métodos burocráticos.

Las propuestas alternativas de reforma laboral no tienen nada que ver con la naturaleza del movimiento cartista en Inglaterra en 1838 que, entre otras cosas, expresaba auténticamente la demanda de una nueva legislación laboral para lo cual dio grandes luchas. O, como las huelgas de finales del siglo XIX a nivel mundial por la jornada de 8 horas de trabajo. Y es que en esta etapa de decadencia y reacción capitalista, cuando la burguesía arrebata (legal e ilegalmente) lo que dio en época de auge capitalista, no hay reformas progresivas que emane del parlamento más democrático del mundo. Contra esa ilusión desmovilizadora y despolitazante tenemos que luchar con métodos combativos. Es necesario rechazar la nueva ley laboral reaccionaria del PAN y el PRI que liquidan las pocas conquistas que conservaban los trabajadores, así como también no confiar de las del PRD y la UNT que no surgieron de los reclamos de las bases sindicales ni de procedimientos democráticos para su elaboración. ¡Que los trabajadores decidan en asambleas democráticas qué reforma necesitan! Para ello deben frenar la imposición de la reforma esclavista con la movilización en las calles y no confiar en una solución que venga de las negociaciones en el Congreso.

Además, las reformas “progresistas” obvian que los trabajadores, para organizarse y exigir sus derechos, deben enfrentar la actual militarización que busca inhibir la movilización obrera y popular. Recordemos el desalojo de los mineros huelguistas de Cananea por los militares en el 2010. Es necesario impulsar la acción unida de los trabajadores del campo y la ciudad y los demás sectores explotados y oprimidos, con un programa contra la crisis económica y la antidemocracia –en un sentido anticapitalista- pueden revertir esta reaccionaria medida contra la clase trabajadora. ¡Que la crisis la paguen los capitalistas!

Una movilización y una coordinación de todos los que luchan para preparar un paro nacional que, además fortalezca la organización del movimiento obrero y popular.

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