Por Isabel Infanta

El jueves 15, Cristina Fernández llega a Chile pocas horas después de que miles de estudiantes, esos que durante todo el año pasado lucharon por la educación gratuita y muchos de los cuales perdieron sus matrículas en los colegios, fueran brutalmente reprimidos, con varios heridos y más de 50 encarcelados por Carabineros, la policía chilena. Cristina llega también a horas de que el presidente Piñera invocara la Ley de Seguridad del Estado contra pobladores de Aysén, quienes vienen siendo brutal y reiteradamente reprimidos por fuerzas especiales tras meses de lucha contra el aislamiento y el elevado costo de vida.

Una relación"extraordinaria” con el represor Piñera

Cristina Fernández concretó el primer viaje al exterior de su segundo mandato, y eligió a Chile como destino, lo que constituye un significativo gesto diplomático hacia el vecino país. Una devolución de gentilezas por el inestimable apoyo de Piñera (aunque sin medidas contundentes) al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas que agita a los cuatro vientos la presidenta.

Viajó acompañada por una comitiva de primera línea, como los ministros De Vido, Garré y Sileoni. Recepción de gala en honor a la presidenta, acto homenaje al libertador chileno O’Higgins y al compartido San Martín, discursos a esta altura algo trillados sobre la “integración” y la “hermandad inquebrantable” entre los dos países. Expresión de una relación "extraordinaria y excepcional, con fuertes vínculos económicos, políticos, culturales y de sueños compartidos", al decir del embajador argentino en Chile, Ginés González García.
Es con este espíritu común que en diciembre último la presidenta promulgó una renovada Ley Antiterrorista en Argentina, mediante la cual pretendió congraciarse con entidades financieras imperialistas y establecer marcos jurídicos favorables a la represión de la protesta social (con ella se amenaza a los que luchan contra la megaminería en Catamarca, La Rioja, etc.).

Una ley similar, promulgada bajo la dictadura pinochetista y mantenida prácticamente intocada durante todos estos años, viene siendo usada en Chile para intimidar a los líderes estudiantiles, los del movimiento mapuche, luchadores populares, etc.
En nuestro país, la ministra Garré ha reconocido el espionaje a los movimientos sociales y a la izquierda a partir del escándalo del Proyecto X, y ha pasado a la ofensiva, acusando de "extorsionadores salvajes y desestabilizadores" a los piqueteros y a las organizaciones sociales, usando la figura de extorsión en alusión a la Ley Antiterrorista como forma de intimidación.
No nos debe sorprender entonces que la abanderada de la “seguridad democrática” no haya ido a Chile a bregar por las libertades democráticas de los trabajadores y el pueblo chileno, sino a firmar acuerdos de cooperación entre la Maldita Policía y la Gendarmería Espía con la Policía de Investigaciones de Chile, versión apenas maquillada de la siniestra Inteligencia de Pinochet.

Integración: orden y ganancias

A nadie puede sorprender ya que la cabeza del “gobierno de los derechos humanos” y del “proyecto nacional y popular” mantenga tan buenas relaciones con el derechista timonel del régimen pinochetista, vigente en el país trasandino pese (o gracias) a las dos décadas de gobierno de la coalición de centroizquierda.
Es que, en lo fundamental, la dirigencia política de la burguesía de ambos lados de la cordillera tiene acuerdo y se prepara para lo mismo: garantizar las ganancias de los grandes capitalistas nacionales, atraer al capital extranjero y descargar las secuelas de la crisis económica internacional, que por ahora solo “desacelera” las economías de la región, sobre la espalda de los trabajadores y el pueblo pobre.

En el diccionario de la lengua burguesa, más allá de las diferencias de "modelo" (nacional popular K o neoliberal de Chile), Integración significa mantener el orden para hacer negocios tranquilos, a la sombra del imperialismo y las transnacionales (a las que se entregan el petróleo y las riquezas minerales). Esa fue la clave de este encuentro. Algunas rencillas que tuvieron prensa, como el malestar de los exportadores chilenos ante la nueva política de importaciones de Moreno, o el reclamo de cancillería chilena por la extradición del ex guerrillero Apablaza Guerra, no pudieron opacar el frondoso proyecto de tunel transcordillerano, cuyo estudio de factibilidad presentado por el consorcio liderado por el empresario argentino Eduardo Eurnekian, promete una inversión de 4.000 millones de dólares que saldrán de las arcas estatales de acá y de allá, directamente hacia bolsillos privados que pronto entrarán en licitación. Claramente esta no es la Integración que necesitamos los trabajadores.

21-03-2012