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La “guerra” contra el narcotráfico (III parte - final)
por : Pablo Oprinari

11 Jun 2011 | En este artículo, nos detendremos en el carácter social del narcotráfico y en el programa de los marxistas frente a la militarización y la “guerra contra el narcotráfico”. Lea tambien el primero y segundo artículo de este especial.

En este artículo, nos detendremos en el carácter social del narcotráfico y en el programa de los marxistas frente a la militarización y la “guerra contra el narcotráfico”.

Algunas consideraciones sobre el carácter social de los cárteles del narcotráfico

Distintos analistas del fenómeno del narcotráfico destacan que la actividad de los cárteles se mueve por una búsqueda de la ganancia, inscrita en las tendencias generales de la sociedad capitalista; que los mismos cuentan con una organización vertical similar a la de una empresa capitalista; y que las drogas ilegales, en el circuito de producción y comercialización de los cárteles, pueden considerarse una mercancía (es decir que tienen un valor de cambio). El tráfico de drogas sería parte de una economía “ilegal” o “criminal”.

Profundizando en la especificidad del narcotráfico, una primera consideración es que los cárteles descansan sobre varias actividades económicas consideradas “ilegales”. Esas actividades son la intermediación de la droga recibida desde Sudamérica y su comercialización hacia los Estados Unidos. Junto a esto, la producción (y/o la compra a los campesinos) de estupefacientes, con similar destino.

Aunado a ello, en la medida que se expanden sus ingresos, han incursionado en la “economía legal”, fundamentalmente para “lavar” el dinero. Esta incursión –que es el punto de contacto fundamental con la economía “legal”– se da a través de mecanismos financieros, suministrando capitales para empresarios “legalmente constituidos”, y –en algunos casos– adquiriendo empresas mediante prestanombres. Efectivamente, los mecanismos de apropiación de la plusvalía pueden encontrarse en la explotación de la fuerza de trabajo agraria, en tanto que se obtienen ganancias extraordinarias en el circuito mercantil, que va desde la compra del producto a los campesinos hasta la intermediación y comercialización. Todo lo cual va acompañado de mecanismos de coerción extraeconómica sobre los productores agrarios.

Aunque las drogas ilegales pueden ser consideradas como mercancías, su elevado valor de cambio depende de las políticas prohibicionistas así como de la capacidad de los narcos para establecer un monopolio en la producción y el intercambio.

Entonces, la búsqueda de ganancia es el motor de su actividad, existe explotación de la fuerza de trabajo y apropiación de plusvalía así como la obtención de ganancias extraordinarias, que deriva en enormes concentraciones económicas y en un vuelco de grandes sumas monetarias a los circuitos financieros de la economía capitalista.

Estamos entonces ante mecanismos característicos de una fracción burguesa; pero junto a ello es fundamental considerar su funcionamiento atípico respecto a la burguesía “tradicional”, y en particular el que sus ganancias extraordinarias emanan de una actividad ilegal, parasitaria y marginal, que le marca profundos límites a su estabilidad estructural como sector económicamente propietario.

Lo “ilegal” de la actividad económica pone a las enormes ganancias producidas por el narcotráfico ante el eventual riesgo de ser decomisadas por parte del estado y pone en peligro la misma existencia de los integrantes de los cárteles (que pueden terminar muertos o en la cárcel si se rompe su alianza con los funcionarios estatales). Esto limita la posibilidad de continuidad de la “empresa” y el ejercicio del derecho de herencia, lo cual está sujeto a que logren evitar la aplicación de la legislación burguesa y cuenten con la participación y complicidad de los jueces y magistrados. La permanencia del poder económico de los narcotraficantes depende directamente de mantener el favor de las instituciones del estado. Por ende, no goza de la “legalidad” con la que cuentan los capitalistas clásicos y de su “derecho de propiedad”.

¿Un “narcoestado”?

La emergencia del narco ha implicado una competencia, respecto a las estructuras estatales, especialmente en el norte del país, con un poder paramilitar que cuestiona el monopolio de la violencia estatal, mecanismos compulsivos de “recaudación”, redes de “bienestar social”, y compra de políticos, policías y magistrados. ¿Estamos ante una suerte de dualidad de poderes, que dará lugar a un “narco-estado”? Como límite a esta perspectiva, hay que considerar que, más que una voluntad para disputar la hegemonía del estado, lo que hay es un aprovechamiento de la ya mencionada descomposición del estado burgués, para montar una estructura paralela en términos militares y de redes mafiosas con múltiples ramificaciones en la estructura social. Esta suerte de poder “paralelo” que crece en la descomposición del viejo estado, es profundamente reaccionario y opresivo, basado en la coerción sobre la población.

Considerando otro aspecto social del narcotráfico, los cárteles son un fenómeno claramente reaccionario. El cobro compulsivo de “impuestos”, las narcofosas, los miles de secuestros, las violaciones y asesinatos, la coerción que ejercen sobre los campesinos cultivadores, testimonian la brutal opresión que ejercen sobre la población. Los narcotraficantes son verdaderas bandas paramilitares, que en ocasiones han sido fuerza de choque contra organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Ante nuevas luchas obreras y sociales, los sicarios pueden ser utilizados por el estado y el ejército en una escala mayor.

Junto a ello, el reclutamiento de jóvenes significa su lumpenizacion y desclasamiento, incorporados a bandas delincuenciales cuyo único objetivo es garantizar el territorio y las ganancias a su respectivo cártel, sembrando el terror sobre la población.

La expansión del narcotráfico expresa la creciente descomposición del capitalismo mexicano y su crisis social. Su legado de pobreza, miseria y cierre de oportunidades para la juventud, deriva en la expansión de las redes sociales de los cárteles. Desde los campesinos que se ven obligados a enviar a sus hijos a la producción de amapola y marihuana (con la muerte de muchos niños a causa de los químicos utilizados), hasta los jóvenes que se incorporan al narcomenudeo. También en la intensificación de la violencia y la utilización de métodos cada vez más bestiales, se ve el resultado de este sistema capitalista y que el mismo no sólo tiene para dar explotación, opresión y miseria, sino también una espiral de violencia degradante.

Un programa contra la militarización y el narcotrafico

Para enfrentar esta situación y sus terribles consecuencias sobre los trabajadores, campesinos y la juventud, es necesaria una política alternativa a la que llevan adelante el gobierno y los partidos patronales. En primer lugar, hay que impulsar la legalización de las drogas, contra la penalizacion, la intervención policial o judicial y la criminalización al consumo de las mismas, y por la libertad a los detenidos por tenencia (muchos bajo el cargo de "trafico"), la mayorìa jovenes provenientes de los sectores populares.

Esta medida, opuesta al prohibicionismo imperante, pondría en cuestión las ganancias extraordinarias obtenidas por los cárteles a través de la distribución ilegal en el territorio nacional –y de lo que se benefician miles de “funcionarios públicos”–, y el dominio que los mismos ejercen sobre amplios sectores de la juventud. Es incorrecto considerar que esto incentivaría el consumo de drogas, las cuales puede conseguirlas quien quiera consumirlas; por el contrario, el prohibicionismo permite adulterarlas (para aumentar las ganancias de los cárteles). La legalización eliminaría el incentivo que hoy existe para la comercialización de las llamadas drogas prohibidas en México.

En el caso de las drogas cuyos efectos pueden ser consideradas como “daño irreversible a la salud”, hay que exigir que el estado garantice los servicios médicos gratuitos para la atención de los consumidores. Esto debe ir acompañado por atacar los mecanismos financieros que permiten el blanqueo de capitales, y a los capitalistas asociados con los señores del narco, expropiando y nacionalizando todas sus propiedades y sus cuentas bancarias.

Ya que la actividad de los cárteles del narcotráfico en México se orienta en gran medida hacia los Estados Unidos, es fundamental que las organizaciones obreras y populares de aquel país luchen contra la prohibición y por la legalización de las drogas, lo cual afectaría todo el negocio de los cárteles.

La complicidad de las estructuras gubernamentales, policíacas y judiciales con las distintas facciones de narcos, y la militarización y violación de las libertades democráticas, muestra que la salida no vendrá de las autoridades. Es necesario impulsar un gran movimiento nacional contra la militarización, independiente de las instituciones y que confíe sólo en la movilización, basado en las organizaciones democráticas, de derechos humanos, y de familiares de las víctimas, junto a los sindicatos y organizaciones populares y juveniles.

Frente a los cárteles y sus fuerzas paramilitares, y frente a la militarización creciente, la única salida para preservar la integridad de los trabajadores, la juventud y el pueblo es la organización de comités de autodefensa, a partir de las organizaciones obreras, estudiantiles y populares, a la vez que impulsar la disolución de las fuerzas represivas responsables de la militarización y la cosecha de muerte en México, el juicio y castigo a los funcionarios públicos asociados con los cárteles del narcotráfico y de todos aquellos involucrados –material e intelectualmente– en la persecución y asesinato de luchadores sociales y democráticos, jóvenes, mujeres, y trabajadores. Hay que ir más allá de las campañas por “no más violencia”; aunque las mismas puedan expresar un sentimiento progresivo contra la militarización, son impotentes para garantizar la defensa de los trabajadores, la juventud y el pueblo, y enfrentan el peligro de ser cooptadas e integradas a políticas reaccionarias de “mayor seguridad” a cargo de las instituciones de esta “democracia para ricos”.

Es necesario que se hagan parte de esta lucha el conjunto de los trabajadores y sus aliados del campo y la ciudad, con un programa que enfrente a las instituciones y partidos responsables ya no sólo de la explotación y la miseria capitalista, sino también de esta narcoguerra con su secuela de casi 40 mil muertos en 5 años. Ante este reaccionario fenómeno engendrado por la dominación capitalista, la única salida de fondo sólo puede ser garantizada por un gobierno obrero y campesino, que liquide la vieja maquinaria estatal, que ataque y liquide el poder de los señores del narco, y que a partir de la expropiación de los expropiadores reorganice el país sobre la base de una planificación democrática de la economía y el conjunto de la vida social..

Algunas consideraciones sobre el carácter social de los cárteles del narcotráfico

Distintos analistas del fenómeno del narcotráfico destacan que la actividad de los cárteles se mueve por una búsqueda de la ganancia, inscrita en las tendencias generales de la sociedad capitalista; que los mismos cuentan con una organización vertical similar a la de una empresa capitalista; y que las drogas ilegales, en el circuito de producción y comercialización de los cárteles, pueden considerarse una mercancía (es decir que tienen un valor de cambio). El tráfico de drogas sería parte de una economía “ilegal” o “criminal”.

Profundizando en la especificidad del narcotráfico, una primera consideración es que los cárteles descansan sobre varias actividades económicas consideradas “ilegales”. Esas actividades son la intermediación de la droga recibida desde Sudamérica y su comercialización hacia los Estados Unidos. Junto a esto, la producción (y/o la compra a los campesinos) de estupefacientes, con similar destino.

Aunado a ello, en la medida que se expanden sus ingresos, han incursionado en la “economía legal”, fundamentalmente para “lavar” el dinero. Esta incursión –que es el punto de contacto fundamental con la economía “legal”– se da a través de mecanismos financieros, suministrando capitales para empresarios “legalmente constituidos”, y –en algunos casos– adquiriendo empresas mediante prestanombres. Efectivamente, los mecanismos de apropiación de la plusvalía pueden encontrarse en la explotación de la fuerza de trabajo agraria, en tanto que se obtienen ganancias extraordinarias en el circuito mercantil, que va desde la compra del producto a los campesinos hasta la intermediación y comercialización. Todo lo cual va acompañado de mecanismos de coerción extraeconómica sobre los productores agrarios.

Aunque las drogas ilegales pueden ser consideradas como mercancías, su elevado valor de cambio depende de las políticas prohibicionistas así como de la capacidad de los narcos para establecer un monopolio en la producción y el intercambio.

Entonces, la búsqueda de ganancia es el motor de su actividad, existe explotación de la fuerza de trabajo y apropiación de plusvalía así como la obtención de ganancias extraordinarias, que deriva en enormes concentraciones económicas y en un vuelco de grandes sumas monetarias a los circuitos financieros de la economía capitalista.

Estamos entonces ante mecanismos característicos de una fracción burguesa; pero junto a ello es fundamental considerar su funcionamiento atípico respecto a la burguesía “tradicional”, y en particular el que sus ganancias extraordinarias emanan de una actividad ilegal, parasitaria y marginal, que le marca profundos límites a su estabilidad estructural como sector económicamente propietario.

Lo “ilegal” de la actividad económica pone a las enormes ganancias producidas por el narcotráfico ante el eventual riesgo de ser decomisadas por parte del estado y pone en peligro la misma existencia de los integrantes de los cárteles (que pueden terminar muertos o en la cárcel si se rompe su alianza con los funcionarios estatales). Esto limita la posibilidad de continuidad de la “empresa” y el ejercicio del derecho de herencia, lo cual está sujeto a que logren evitar la aplicación de la legislación burguesa y cuenten con la participación y complicidad de los jueces y magistrados. La permanencia del poder económico de los narcotraficantes depende directamente de mantener el favor de las instituciones del estado. Por ende, no goza de la “legalidad” con la que cuentan los capitalistas clásicos y de su “derecho de propiedad”.

¿Un “narcoestado”?

La emergencia del narco ha implicado una competencia, respecto a las estructuras estatales, especialmente en el norte del país, con un poder paramilitar que cuestiona el monopolio de la violencia estatal, mecanismos compulsivos de “recaudación”, redes de “bienestar social”, y compra de políticos, policías y magistrados. ¿Estamos ante una suerte de dualidad de poderes, que dará lugar a un “narco-estado”? Como límite a esta perspectiva, hay que considerar que, más que una voluntad para disputar la hegemonía del estado, lo que hay es un aprovechamiento de la ya mencionada descomposición del estado burgués, para montar una estructura paralela en términos militares y de redes mafiosas con múltiples ramificaciones en la estructura social. Esta suerte de poder “paralelo” que crece en la descomposición del viejo estado, es profundamente reaccionario y opresivo, basado en la coerción sobre la población.

Considerando otro aspecto social del narcotráfico, los cárteles son un fenómeno claramente reaccionario. El cobro compulsivo de “impuestos”, las narcofosas, los miles de secuestros, las violaciones y asesinatos, la coerción que ejercen sobre los campesinos cultivadores, testimonian la brutal opresión que ejercen sobre la población. Los narcotraficantes son verdaderas bandas paramilitares, que en ocasiones han sido fuerza de choque contra organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Ante nuevas luchas obreras y sociales, los sicarios pueden ser utilizados por el estado y el ejército en una escala mayor.

Junto a ello, el reclutamiento de jóvenes significa su lumpenizacion y desclasamiento, incorporados a bandas delincuenciales cuyo único objetivo es garantizar el territorio y las ganancias a su respectivo cártel, sembrando el terror sobre la población.

La expansión del narcotráfico expresa la creciente descomposición del capitalismo mexicano y su crisis social. Su legado de pobreza, miseria y cierre de oportunidades para la juventud, deriva en la expansión de las redes sociales de los cárteles. Desde los campesinos que se ven obligados a enviar a sus hijos a la producción de amapola y marihuana (con la muerte de muchos niños a causa de los químicos utilizados), hasta los jóvenes que se incorporan al narcomenudeo. También en la intensificación de la violencia y la utilización de métodos cada vez más bestiales, se ve el resultado de este sistema capitalista y que el mismo no sólo tiene para dar explotación, opresión y miseria, sino también una espiral de violencia degradante.

Un programa contra la militarización y el narcotrafico

Para enfrentar esta situación y sus terribles consecuencias sobre los trabajadores, campesinos y la juventud, es necesaria una política alternativa a la que llevan adelante el gobierno y los partidos patronales. En primer lugar, hay que impulsar la legalización de las drogas, contra la penalizacion, la intervención policial o judicial y la criminalización al consumo de las mismas, y por la libertad a los detenidos por tenencia (muchos bajo el cargo de "trafico"), la mayorìa jovenes provenientes de los sectores populares.

Esta medida, opuesta al prohibicionismo imperante, pondría en cuestión las ganancias extraordinarias obtenidas por los cárteles a través de la distribución ilegal en el territorio nacional –y de lo que se benefician miles de “funcionarios públicos”–, y el dominio que los mismos ejercen sobre amplios sectores de la juventud. Es incorrecto considerar que esto incentivaría el consumo de drogas, las cuales puede conseguirlas quien quiera consumirlas; por el contrario, el prohibicionismo permite adulterarlas (para aumentar las ganancias de los cárteles). La legalización eliminaría el incentivo que hoy existe para la comercialización de las llamadas drogas prohibidas en México.

En el caso de las drogas cuyos efectos pueden ser consideradas como “daño irreversible a la salud”, hay que exigir que el estado garantice los servicios médicos gratuitos para la atención de los consumidores. Esto debe ir acompañado por atacar los mecanismos financieros que permiten el blanqueo de capitales, y a los capitalistas asociados con los señores del narco, expropiando y nacionalizando todas sus propiedades y sus cuentas bancarias.

Ya que la actividad de los cárteles del narcotráfico en México se orienta en gran medida hacia los Estados Unidos, es fundamental que las organizaciones obreras y populares de aquel país luchen contra la prohibición y por la legalización de las drogas, lo cual afectaría todo el negocio de los cárteles.

La complicidad de las estructuras gubernamentales, policíacas y judiciales con las distintas facciones de narcos, y la militarización y violación de las libertades democráticas, muestra que la salida no vendrá de las autoridades. Es necesario impulsar un gran movimiento nacional contra la militarización, independiente de las instituciones y que confíe sólo en la movilización, basado en las organizaciones democráticas, de derechos humanos, y de familiares de las víctimas, junto a los sindicatos y organizaciones populares y juveniles.

Frente a los cárteles y sus fuerzas paramilitares, y frente a la militarización creciente, la única salida para preservar la integridad de los trabajadores, la juventud y el pueblo es la organización de comités de autodefensa, a partir de las organizaciones obreras, estudiantiles y populares, a la vez que impulsar la disolución de las fuerzas represivas responsables de la militarización y la cosecha de muerte en México, el juicio y castigo a los funcionarios públicos asociados con los cárteles del narcotráfico y de todos aquellos involucrados –material e intelectualmente– en la persecución y asesinato de luchadores sociales y democráticos, jóvenes, mujeres, y trabajadores. Hay que ir más allá de las campañas por “no más violencia”; aunque las mismas puedan expresar un sentimiento progresivo contra la militarización, son impotentes para garantizar la defensa de los trabajadores, la juventud y el pueblo, y enfrentan el peligro de ser cooptadas e integradas a políticas reaccionarias de “mayor seguridad” a cargo de las instituciones de esta “democracia para ricos”.

Es necesario que se hagan parte de esta lucha el conjunto de los trabajadores y sus aliados del campo y la ciudad, con un programa que enfrente a las instituciones y partidos responsables ya no sólo de la explotación y la miseria capitalista, sino también de esta narcoguerra con su secuela de casi 40 mil muertos en 5 años. Ante este reaccionario fenómeno engendrado por la dominación capitalista, la única salida de fondo sólo puede ser garantizada por un gobierno obrero y campesino, que liquide la vieja maquinaria estatal, que ataque y liquide el poder de los señores del narco, y que a partir de la expropiación de los expropiadores reorganice el país sobre la base de una planificación democrática de la economía y el conjunto de la vida social.

PRIMERA PARTE

SEGUNDA PARTE

 

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