Una nueva disposición a la lucha comenzó a surgir en Chile. Durante el mes de mayo los estudiantes secundarios demostraron su fuerza de lucha poniendo en cuestión la educación de mercado con masivas movilizaciones.

Luego salieron a la lucha los trabajadores de La Escondida, la mina privada más importante del mundo, con una huelga de casi un mes. Los trabajadores de la salud, por su parte, realizaron un paro de 21 días en reclamo de mejores condiciones laborales y aumento de salario.

Todas estas luchas fueron la antesala del Paro Social del martes 26 de septiembre, convocado por el Colegio de Profesores, y la movilización de más de 6.000 personas, que contó con la adhesión de la CUT (Central Unica de Trabajadores), y de la que participaron estudiantes secundarios y universitarios, además de los trabajadores de la salud y municipales. Como sucedió durante las multitudinarias marchas estudiantiles, los profesores volvieron a poner sobre el tapete el problema del cobre. La principal exportación de Chile le reditúa al Estado miles de millones de dólares por año, mientras el gobierno mantiene bajos salarios en la educación y la salud.

Durante los días previos al Paro Social se generó un clima represivo, de persecución y criminalización que busca ir generando una base social contra cualquier tipo de lucha. El gobierno de la “socialista” Michelle Bachelet prohibió marchar por los alrededores de La Moneda (sede del Gobierno), e incluso se prohibió directamente marchar por la Alameda (avenida principal de la capital). Además, se desplegó un dispositivo policial desmesurado e intimidatorio, mientras el gobierno daba a conocer tareas de investigación sobre organizaciones y grupos políticos. Esto incluyó una serie de allanamientos previos a la marcha donde se realizaron detenciones, estrenando el nuevo Plan de Seguridad de Bachelet. Como confirmó el general de Carabineros y director de Investigación Delictual y Drogas al diario El Mercurio, “estas detenciones se lograron debido a un trabajo de más de un año siguiendo e investigando a estos grupos” (EMOL 26/9).

Las demandas específicas de cada sector son muchas. Hay algunas que son comunes a todos. Es necesario avanzar en un Pliego Unico de reclamos que comience por plantear estabilidad laboral para todos los trabajadores del sector público -incluyendo a los mineros de la estatal Codelco-, y privado, terminando con los trabajadores de segunda (trabajadores contratados), y por un salario mínimo de 350.000 pesos chilenos.

Para esta lucha, es necesario que la CUT convoque a un Congreso de Lucha de los Trabajadores del sector público y privado, junto a estudiantes secundarios y universitarios y pobladores, basado en delegados revocables con mandato de asamblea, para comenzar a discutir la necesidad de preparar una Huelga General para imponer este Pliego Unico de reclamos, en la lucha por los derechos e intereses de la clase trabajadora y el pueblo pobre.

Al mismo tiempo tenemos que redoblar la lucha contra la represión y la criminalización de las protestas de los trabajadores, estudiantes y el pueblo.