La UE prohibe la entrada al hermano del presidente por ser el principal ejecutor de la represión. El presidente Bachar El Asad asegura que "esta crisis pasará y continuaremos con las reformas"

ENRIC GONZÁLEZ - Jerusalén - 10/05/2011

La UE aprobó ayer un primer paquete de sanciones contra Siria que incluye el embargo de armas y material usado para la represión, así como la congelación de bienes y prohibición de visados para 13 altos cargos del régimen de Damasco. En la lista no está incluido, sin embargo, el presidente sirio, informa Efe, aunque sí su hermano menor, Maher, al que se sanciona por ser, como jefe de una división militar y alto cargo del partido Baaz, el "principal ejecutor de la represión contra los manifestantes", que en los últimos días se ha cobrado la vida de al menos 48 personas, según Amnistía Internacional. La ONU también mostró ayer su preocupación por la situación en el país. La subsecretaria general de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Valerie Amos, manifestó su esperanza de que una misión humanitaria del organismo internacional logre acceder esta semana a la ciudad de Deraa, después de que el Gobierno se lo impidiera el domingo. Para el presidente, Bachar el Asad, las revueltas que sacuden el país son cosa de días.

"Esta crisis pasará y continuaremos con las reformas", dice El Asad
"Esta crisis pasará y continuaremos con las reformas administrativas, políticas e informativas", afirmó ayer El Asad. El mensaje de que el fin de la revuelta está próximo es difundido en los últimos días por la prensa del régimen, la única existente en el país. El Gobierno de Damasco ha comprobado que puede reprimir las protestas con toda su fuerza militar, dada la ausencia de auténticas presiones internacionales, y ha encomendado al Ejército y a los servicios secretos una operación de castigo contra las zonas "rebeldes": lugares como Deraa, Banias y Homs y varios suburbios de Damasco son patrullados por tanques y sufren redadas masivas.

Bachar el Asad quiere ahogar en sangre las protestas, como hizo su padre, el presidente Hafez el Asad, con la sublevación islamista en 1982. No está clara, sin embargo, la naturaleza de la revuelta contra la que se enfrenta. El Gobierno asegura que han muerto al menos 100 policías y militares desde mediados de marzo, y las organizaciones de derechos humanos que tratan de llevar la contabilidad de los civiles muertos (entre 600 y 700) reconocen ahora que la cifra de víctimas entre las fuerzas de seguridad es más o menos correcta.

Los activistas que difunden información al exterior han venido sosteniendo que soldados y policías morían a manos de sus propios compañeros, por negarse a disparar contra la multitud. Pero esa versión es desmentida por las familias de los fallecidos. Dado el bloqueo informativo impuesto por Bachar el Asad, que impide a los periodistas la entrada en el país, no resulta posible verificar si junto a los manifestantes pacíficos que reclaman más libertades actúan, como dice el Gobierno, bandas islamistas armadas. La prensa siria difundió ayer imágenes de un minibús en el que, según la versión oficial, 10 obreros murieron ametrallados por una de esas "bandas". La verdad de esta crisis tardará en saberse.

Incluso la versión de los activistas que participan en la organización de manifestaciones contra el régimen se hace borrosa. Según The New York Times, el régimen sirio ha recibido ayuda técnica de sus aliados iraníes para localizar los teléfonos por satélite que utilizan los activistas para emitir datos y filmaciones hacia el extranjero, y está sofocando esas fuentes de información, que, aunque parciales, eran las únicas existentes. Las redadas masivas también han servido para secar la información hacia el extranjero y para dificultar la coordinación de los movimientos opositores.

Los canales opositores aún abiertos dijeron que ayer se intensificaron las detenciones casa por casa, con operaciones militares por todo el país. Las fuerzas de seguridad y los servicios secretos actuaron especialmente en los alrededores de Deraa (la ciudad en sí ya había sido objeto de 11 días de ocupación militar con centenares de detenciones), en Homs, en Banias y en varios suburbios de Damasco donde, según Rami Abdul-Rahman, director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, se escucharon ráfagas de disparos. La actuación policial era respaldada por carros blindados y venía precedida, como en otras ocasiones, por el acordonamiento de las áreas urbanas y la supresión de servicios telefónicos.

El mismo Abdul-Rahman declaró que docenas de mujeres se manifestaron a mediodía en Banias para pedir la liberación de los hombres detenidos en el estadio local, y que un oficial del Ejército aseguró a las manifestantes que los mayores de 40 años volverían "pronto" a sus casas. Banias, una ciudad costera con fuerte presencia suní (el grupo religioso mayoritario en el país y el más descontento con El Asad, que se apoya en minorías como los chiíes alauíes y los cristianos), fue tomada militarmente entre el viernes y el sábado, y se estima que unas 250 personas permanecen recluidas en las comisarías y el estadio. Entre los detenidos figura Firas Khaddam, sobrino del ex vicepresidente Abdul-Halim Khaddam, exiliado desde 2005 y acusado por el Gobierno de fomentar y financiar las revueltas.