Apenas pasadas 24 horas de la celebración del día de la conciencia negra, el gobierno del Estado de Río de Janeiro liquidó sus homenajes a Zumbí y ya garantizó más de veintiseis muertes en Río de Janeiro y Región Metropolitana. Muertes sobre todo de negros. Este es el número oficial hasta la media noche del 25/11 y, seguramente, será seguido por decenas más. Esta ofensiva policial viene como supuesta respuesta a las acciones conducidas supuestamente integradas por las dos mayores facciones del tráfico, como las quemas de vehículos y fusilamiento de algunos puestos policiales. La acción del tráfico estaría, según el gobierno, contra las UPPs (Unidades de Pacificación Policial). Los medios vienen desencadenando una virulenta campaña por la pena de muerte, instalación de UPPs en todas las comunidades para vigilancia contra el “terrorismo” (este es el término empleado por el intendente de Río de Janeiro, Eduardo Paes).

Estas acciones del Estado, como también la campaña mediática, buscan justificar la pena de muerte de hecho que ya existe contra negros y pobres en los morros y favelas, y conseguir apoyo de las clases medias y de trabajadores de otras regiones como también de las propias comunidades envueltas en esta represión “antiterrorista”. La burguesía busca crear un territorio de “bandidos” donde cualquier acción suya, sangrienta como fuera y sin ninguna comprobación de que los muertos sean criminales, sea justificable. Quieren con sus balas y programas de radio y televisión, fomentar una situación reaccionaria que justifique una escalada represiva con más UPPs y cambie la cara de la ciudad y su población en preparación de la Copa del Mundo y las Olimpíadas[1].

En este enfrentamiento no hay sector ni intereses que sean favorables a la clase trabajadora, a la juventud y al pueblo negro. Los intereses de las facciones del tráfico son sus negocios. Los intereses del gobierno del Estado, de la burguesía y de sus medios, son esta ofensiva represiva contra el conjunto de la población pobre, “sanear” la región derramando sangre, estimular todavía más la especulación inmobiliaria favorecida con la instalación de UPPs, “preparar” la ciudad para el 2014. En el fuego cruzado de dos intereses reaccionarios queda la población de Río de Janeiro.

Pobladores de diversas comunidades son prisioneros en medio del enfrentamiento. En diversos barros periféricos de la Capital y en ciudades de la Región Metropolitana (Bajada Fluminense, Niteroi y región) las escuelas y comercios están cerrados creando un clima de pánico funcional a apoyar la incursión policial en los morros y favelas.

Exceptuándose las más de cien prisiones hechas en un local de uso de crack, las prisiones hechas por la policía son casi en número idéntico a las muertes. No se trata de “represión al crimen” sino de ejecución sumaria de sospechosos. Los sospechosos vía regla son negro y pobres. La policía que está defendiendo el “orden” es directamente responsable por buena parte de la violencia. Los supuestos “autos-de-resistencia”, denunciados hasta por la ONU, son frecuentemente por la espalda y a quema-ropa, o sea, son ejecuciones, una pena de muerte de hecho impuesta por el Estado, alcanzando cerca del 20% de los homicidios en números oficiales. Los “salvadores” de la situación son directamente responsables, inclusive en los sospechosos números oficiales, por buena parte de la violencia.

A los trabajadores no les cabe apoyar el fortalecimiento de aquellos que hacen que los trabajadores y todos los que viven en los morros y favelas, sentirse reprimido y tener miedo de protestar frente a cualquier situación. Este miedo va contra los intereses de los trabajadores y de la población y sólo favorece a la burguesía.

Con el apoyo de Lula el gobernador Sergio Cabral pretende aumentar el clima de guerra de la ciudad. Lula despachará en los próximos días decenas de blindados de la Marina para las operaciones de ocupación. Nutridos de4 las experiencias de represión al pueblo pobre de Haití, ahora con las mismas armas pretenden imponer un nuevo orden sangriento en las comunidades de Río de Janeiro y la Región Metropolitana. Este conjunto de acciones de Sergio Cabral no buscan solamente la ocupación de las comunidades y su represión, sino generar un clima social favorable a mayor represión de la población y hasta modificar las leyes para este fin. Beltrame, su secretario de seguridad, hombre intocable en su gobierno, anunció que la principal lección de la situación sería presionar a los diputados para modificar las leyes, declarándose contra la reincidencia y los “menores bandidos”. A través del pánico, terror y asesinatos, quieren defender la pena de muerte y la reducción de la mayoridad penal. Criminalizar todavía más a los pobres y los negros.

La mundialmente incomparable desigualdad social, el desempleo de la juventud y su falta de perspectivas son motores para que los jóvenes sean seducidos por el tráfico. Ni el gobierno Lula, ni Cabral o Paes y otros intendentes, enfrentan esta situación. El combate que hacen es de reprimir más a los jóvenes, sobre todo a los negros. De sus manos no conseguiremos ni seguridad para nuestro día a día, ni mucho menos acabar con la miseria y la desigualdad que lleva a nuestros hermanos e hijos a ser cerna de cañón de intereses reaccionarios, ya sea en los concursos policiales, sea en la cooptación del tráfico.

Llamamos a las organizaciones de derechos humanos, a los sindicatos, a las centrales sindicales, a las entidades estudiantiles, a los partidos de izquierda y, antes que nada al recientemente votado y conocido defensor de los derechos humanos Marcelo Freixo del PSOL, a organizar inmediatamente una campaña por el retiro de las tropas policiales de los morros y favelas y contra los intereses reaccionarios de los dos lados envueltos en esta disputa de lucros y represión.