Los trabajadores de tres refinerías francesas -de las 12 con que cuenta el país- han decidido, tras celebrar sus respectivas asambleas, volver al trabajo. De esta manera, mañana será el primer día, desde el 12 de octubre pasado, en que no se encuentran completamente paralizadas todas las refinerías del país. La medida no repercutirá automáticamente en la escasez de gasolina que aún vive el país (las refinerías tardan varios días en comenzar a procesar petróleo y aún una de cada tres estaciones de servicio presentan problemas de abastecimiento) pero sí puede ser interpretada como un síntoma de que la temperatura de la protesta por la reforma de las pensiones comienza a enfriarse. Además, el Gobierno ha asegurado hoy que no hay ya ningún depósito de combustible bloqueado por los sindicalistas. Otro signo de que empieza a cundir el desánimo entre los trabajadores huelguistas son las palabras del Charles Foulard, representante del sindicato CGT en la emblemática refinería de Grandpuits, cerca de París, que ha asegurado: "No podemos luchar solos".

Paralelamente, la ministra de Economía francesa, Christine Lagarde, ha hecho pública la factura de la huelga. A su juicio, cada jornada de protesta cuesta a Francia entre 200 y 400 millones de euros. Desde que se inició el conflicto ya se han producido ocho (sin contar con las huelgas renovables cada día en determinados factores). Así, Lagarde asegura que el coste, por ahora, va de los 1.600 a los 3.200 miles de millones de euros, entre horas de trabajo que no se han cumplido y pérdidas en otros sectores. Pero hay algo que ni siquiera los especialistas del Ministerio de Economía pueden medir: "Ha habido un perjuicio en la imagen de Francia que es imposible de calcular", especificó Lagarde.

Entre los sectores más afectados por la cadena de huelgas se cuenta el de la industria química, que con el puerto de Marsella cerrado desde hace 30 días pierde al día 33 millones de euros. También se cuenta Air France, que asegura que cada día de huelga ha perdido cinco millones de euros por los vuelos anulados. Según sus cálculos, la protesta le ha costado ya 188 millones de euros, más que por la erupción del volcán islandés Eyjafialla, en mayo.

Mientras, el proyecto de ley que retrasará las pensiones sigue su camino legal: Hoy ha sido examinado por una comisión paritaria compuesta por diputados y senadores que aquilató el texto definitivo tras las reformas incorporadas por el Senado a fin de que sea aprobado solemnemente, por la Asamblea Nacional. Tras eso, sólo restará un paso: que el presidente de la República, Nicolas Sarkozy, promulgue la ley, cosa que hará, según algunas fuentes del Elíseo citadas ayer por la prensa francesa, sobre el 15 de noviembre.

La votación del miércoles no aplacará, en principio, el movimiento de protesta, ya que los sindicatos ya han convocado para el jueves otra nueva jornada, la novena, de huelgas y manifestaciones, que servirá para medir, definitivamente, si la marea social se desinfla o no.