La semana pasada el Senado de Estados Unidos, que venía intentando postularse como impulsor de un acuerdo "moderado" ante la cuestionada Ley HR4437, terminó votando finalmente un paquete de leyes racistas por amplia mayoría.

El primer acuerdo alcanzado por demócratas y republicanos fue levantar una muralla a lo largo de las ciudades fronterizas con México, esgrimiendo la frase "los muros hacen buenos vecinos", ante las “protestas” del gobierno de Fox (que viene apoyando todas las medidas anti-inmigrantes). Junto con el muro se votó un presupuesto multimillonario para tecnología y armamento, 6.000 efectivos de la Guardia Nacional (cuya función supuesta es actuar frente a emergencias como los huracanes).

Apoyados por el presidente Bush, los senadores votaron una ley que divide a los inmigrantes en tres categorías: quienes viven en el país hace 5 años o más, los que viven hace más de 2 y los que llegaron luego del 2004. Los primeros serían los únicos con derecho a solicitar la ciudadanía, si pagan multas por 2.500 dólares, demuestran el pago de impuestos y aprenden el idioma; sin existir ninguna garantía. Los segundos, deberán salir del país (hacia Canadá o México) y solicitar el permiso de residencia, sin garantías tampoco. Los últimos (2 millones aproximadamente), deberán volver a su país de origen y solicitar la visa de "trabajador huésped". Para acceder a cualquiera de estas tres "categorías" se revisarán los antecedentes legales, restringiendo la aceptación de aquellos que tengan algún expediente legal, incluso desobedecer o no asistir a una audiencia de deportación. De esta forma dejan afuera a millones que no se presentan, con justo temor, a estas audiencias ya que son arbitrarias y un pasaje seguro a la deportación.

El programa de "trabajadores huéspedes" de Bush, no permite a los trabajadores solicitar la ciudadanía, sino que los obliga a que sea el patrón quien la solicite o la "patrocine". De esta forma es claro que no se amplía ningún derecho, salvo el derecho de los empresarios de disponer de mano de obra barata, y mejor aún, tienen garantizado el temor de los trabajadores que dependerían del visto bueno del patrón para alcanzar algún derecho. Mientras tanto, trabajarán de sol a sol por un salario miserable, sin derechos sindicales ni derechos civiles.

Frente a esta votación del Senado la derecha se regocija, aunque reclama más mano dura y siguen creciendo las asociaciones privadas que bregan por la expulsión de los inmigrantes ilegales. Mientras tanto, las cabezas de las coaliciones pro-inmigrantes se han limitado a una estrategia miserable de "lobby", pidiendo apoyo a los mismos legisladores que votaron 83 contra 16 levantar un muro, que peleen por una reforma justa en la reunión con la Cámara de Diputados.

El movimiento de inmigrantes dio una primera y colosal muestra de fuerza, sin embargo, sus dirigentes (la Iglesia Católica, el Partido Demócrata y grandes sindicatos) han impuesto un parate a la movilización callejera y privilegian la negociación parlamentaria, en pos del diálogo y "ganar a la mayoría de la sociedad".

En las próximas semanas ambas cámaras, Diputados y Senadores, deben acordar una versión definitiva para promulgar la ley. En estos días el mismo presidente Bush exhortó nuevamente a ambas cámaras a acelerar el debate y llegar a un acuerdo. Durante las últimas semanas la Casa Blanca viene intentando conciliar con las visiones más derechistas, apoyando el plan del Senado.

Los dirigentes del movimiento han llevado al callejón sin salida de la negociación parlamentaria a los millones que se movilizaron y que estarán atados de pies y manos con las nuevas leyes, aún en su versión más "moderada". Sólo los trabajadores con sus métodos pueden lograr una salida progresiva al problema de los inmigrantes, uniendo a toda la clase obrera que debe enfrenta a la misma patronal, que es el principal beneficiario de las divisiones impuestas entre los trabajadores.