En la reunión improvisada en Bariloche con Cristina Fernández como anfitriona, los presidentes sudamericanos buscarán una salida a la crisis de UNASUR, abierta por las nuevas bases yanquis en Colombia en la reciente Cumbre de Quito, donde no asistió el mandatario colombiano, mientras Chávez denunció el amenazante incremento de la presencia militar norteamericana insinuando que “vientos de guerra comienzan a soplar” en América del Sur, a lo que Uribe contestó con denuncias contra Venezuela moldeadas en el discurso de la derecha yanqui, a la vez que se incrementa el duelo de declaraciones entre el proyanqui Alan García y Evo Morales.

Esta escalada de tensiones se da en una coyuntura marcada por el giro a la derecha que quieren imponer el imperialismo y las clases dominantes nativas, generando fricciones entre los Estados, polarización y tendencias bonapartistas, al mismo tiempo que comienzan a despertar procesos de resistencia obrera y popular, como la lucha contra el golpe en Honduras.

El motor de esos “vientos reaccionarios” es la combinación entre el intento de EE.UU. de recuperar terreno sobre América Latina y los efectos de la crisis internacional que ya se han traducido en una fuerte contracción económica, empujando a las burguesías a buscar gobiernos más confiables para hacer pagar al pueblo trabajador los costos de la crisis y reaproximarse al imperialismo. Bajo el discurso conciliador del sonriente Obama, apoyándose en sus aliados más firmes como México, Colombia o Perú, y utilizando a Brasil como interlocutor privilegiado (además de los “buenos oficios” del gobierno chileno), Washington se propone frenar el “contagio populista” y debilitar al chavismo, pero apuntando a recomponer su hegemonía y capacidad de ejercer “autoridad” sobre una región estratégica. El golpe “cívico-militar” en Tegucigalpa (apoyado desde la base yanqui de Soto Cano) y la expansión de la presencia militar yanqui en Colombia son expresiones de esta ofensiva.

El acuerdo con Colombia

Con el acuerdo para instalar las nuevas bases militares estadounidenses, Obama y Uribe pactaron una mayor semicolonización de Colombia, posicionándola más claramente como “punta de lanza” en la campaña contra el chavismo y “gendarme” al servicio de los yanquis en el corazón de la inestable zona andina. Uribe -que con aval norteamericano busca una nueva reelección- no hace más que llevar adelante la apuesta de la clase dominante colombiana por una estrecha subordinación a EE.UU. En lo económico, mediante el TLC con Washington, y desde el punto de vista militar y geopolítico mediante el Plan Colombia (rebautizado como Plan Patriota) por el cual, bajo pretexto de combatir a las FARC y el narcotráfico, el régimen de Bogotá se convirtió en uno de los más importantes receptores de ayuda militar norteamericana a nivel mundial, y ya cuenta con varias bases militares y unos 800 oficiales yanquis, además de cientos de “contratistas civiles” del Pentágono (mercenarios).

El ejército colombiano es el segundo de la región (después del brasileño), con más de 254.000 efectivos fuertemente pertrechados y entrenados por oficiales norteamericanas e israelíes (Nueva Mayoría ), que en sus operaciones “contrainsurgentes” cometen toda clase de abusos y crímenes. Además, unos 10.000 paramilitares, estrechamente ligados a los mandos militares, a grandes empresarios y terratenientes y a políticos del régimen, operan impunemente. Decenas de dirigentes sindicales son asesinados cada año y hay más de 3.000.000 de campesinos desplazados por esta feroz “guerra sucia”.

Cuando fuerzas colombianas bombardearon Sucumbíos en Ecuador, asesinando a Raúl Reyes y otros miembros de las FARC, mostraron que estos métodos y la amenaza de llevarlos más allá de sus propias fronteras según las doctrinas de “guerra contra el terrorismo” y “guerra preventiva” del Pentágono, se erigen en una grave amenaza para Venezuela, Ecuador y otros países cercanos.

Toda Colombia será cubierta desde las nuevas bases en Larandia, Apiay, Tolemaida, Malambo, Cartagena, Palanquero y una séptima a definir en la costa del Pacífico, reemplazando así el obligado retiro yanqui de la base de Manta en Ecuador. Se inscriben en un plan estratégico del Pentágono para ampliar la capacidad de intervención imperialista en suelo latinoamericano. Con Palanquero, EE.UU. logra una plataforma clave para operaciones aéreas de largo alcance en Sudamérica, apuntando a la cuenca amazónica (estratégico reservorio ambiental, biológico y de recursos naturales que actúa como “pulmón del planeta”) y pudiendo enlazar un puente aéreo con las instalaciones que los norteamericanos controlan en Paraguay: el gran aeropuerto de Mcal. Estigarribia en el Chaco y la base administrada por la DEA en Pedro Caballero, junto a la “Triple Frontera”. En el extremo sur, la base aeronaval de las Malvinas montada por Gran Bretaña, fiel aliado imperialista de Washington, se puede integrar a ese dispositivo estratégico.

El fortalecimiento del SOUTHCOM (Comando Sur, cuyo ámbito estratégico es toda Latinoamérica) en Miami, la reactivación de la Cuarta Flota para operar en el Caribe y el Golfo de México, esta red de bases en toda la región, que además de las existentes en Colombia incluye otras en Guantánamo, Aruba, Curaçao y El Salvador, expresan una política de despliegue militar norteamericano que amenaza a toda la región y puede servir desde espionaje y apoyo a conspiraciones golpistas hasta nuevas “guerras de baja intensidad” como la impuesta en Centroamérica en los ‘80 e intervenciones contrarrevolucionarias de mayor envergadura ante nuevos levantamientos obreros y populares o grandes crisis políticas.

Nuevas exigencias de sumisión

En lo inmediato, la creación de las bases constituye una clara provocación política, que aunque aparece dirigida contra Chávez y Correa, “torpedea” los planes de Brasil y otros países sudamericanos de regatear con UNASUR los términos del “sistema” semicolonial regional. A la pretensión de que el orden pueden mantenerlo por sí mismos los gobiernos y fuerzas armadas de la región sin necesidad de intervención militar directa del imperialismo, éste contesta reafirmando el “derecho a preservar la seguridad hemisférica” que se desprende de su dominación. La discusión de fondo gira, en última instancia, en torno al grado de sumisión que EE.UU. exige a los países sudamericanos, aspirando a revertir los relativos márgenes de maniobra que los países del área obtuvieron como subproducto de la lucha de masas en los primeros años de la década, del deterioro de la hegemonía norteamericana y de los recambios políticos “posneoliberales”, y crear las condiciones para una mayor semicolonización económica, política y militar.

La crisis expone la subordinación de los “progresistas”, que ya adelantaron su disposición a capitular ante la provocación yanqui. Lula bajó el tono para evitar mayores roces con EE.UU., seguido por Cristina Fernández, que se limitó a solicitar “garantías” de limitar la presencia de soldados norteamericanos al “combate al narcotráfico”. Todo esto pese a que el pasado 18/8 Hillary Clinton y el canciller colombiano Jaime Bermúdez hicieron los “últimos retoques” al convenio, dejando claro que “ya no habría marcha atrás en la firma del acuerdo de cooperación que permitirá a militares y contratistas del Pentágono usar por lo menos siete bases colombianas para perseguir desde allí a narcotraficantes y a terroristas” (Revista Cambio 20/8), facilitando así que mientras Alan García se alineaba con Uribe, Chile y Uruguay se declaren “respetuosos” de su acuerdo. Pero también se evidencian las limitaciones del nacionalismo. Chávez rompe relaciones con Bogotá, adoptando medidas defensivas como la reducción de relaciones comerciales y reiterando las denuncias contra el peligro que representa el despliegue yanqui, pero sin apelar a las masas latinoamericanas y manteniendo expectativas en influir sobre las decisiones de Obama. Increíblemente, el propio Fidel Castro salió a darle un nuevo crédito a Obama, diciendo que“lo curioso es que, a pesar de eso (ser parte del sistema capitalista imperial), la extrema derecha lo odia por ser afroamericano y combate lo que el presidente hace para mejorar la imagen deteriorada de ese país”, lo que induce indirectamente a no romper con el “demócrata” de la Casa Blanca.

Después de Bariloche, las bases seguirán allí…

Si asiste Uribe, es porque en las febriles negociaciones de los días previos (incluyendo contactos bajo cuerda con Washington) acordaron aislar los reclamos de Chávez y sus aliados y no habrá una “condena formal” de UNASUR, quizás a cambio de algunas seguridades sobre el uso limitado de las bases para “combatir al narcotráfico”. Tampoco puede descartarse su ausencia, o la de Chávez y Evo. Cualquiera de las variantes hará difícil seguir “manteniendo la fachada de consenso”, como quisiera Lula, quien ya propuso pedir una reunión de UNASUR con Obama para solicitarle aclaraciones en la próxima asamblea de la ONU, en un intento por evitar mayores golpes al “liderazgo regional” moderado desde UNASUR, capaz de negociar manteniendo buenas relaciones con Washington.

Pero más allá del anecdotario de la cumbre, no es la retórica diplomática, los desplantes de Chávez ni las súplicas a Obama lo que obligará a los yanquis a retirar sus bases. Sólo la más amplia movilización obrera, campesina y popular en todo el continente podrá forzarlos a irse.

Esa lucha antiimperialista, que deben tomar firmemente en sus manos los sindicatos, las agrupaciones estudiantiles y las organizaciones campesinas y populares de toda la región, es inseparable de la más activa solidaridad con la resistencia hondureña, hasta lograr la completa derrota de los golpistas. Pero también debe unirse a la campaña por el retiro inmediato de las fuerzas militares de Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, Bolivia y otros que integran la MINUSTAH, fuerza de la ONU que ocupa y reprime en Haití por cuenta y cargo del imperialismo.

El más seguro aliado de esta lucha serán los trabajadores y jóvenes que dentro del propio Estados Unidos repudian las agresiones imperialistas en Irak y Afganistán, como las amenazas a Cuba y el respaldo a los golpistas de Tegucigalpa.

En este camino, al tiempo que nos solidarizamos con el pueblo venezolano contra cualquier agresión yanqui o de sus agentes, y apoyamos la lucha del pueblo colombiano contra el régimen uribista, decimos que no hay que depositar ninguna confianza en Chávez, Evo, Correa o Zelaya, que no sólo son impotentes para enfrentar al imperialismo, como muestra la política del bloque del ALBA ante el golpe en Honduras, sino también intentan mantener bajo control a la clase obrera para evitar que ésta avance en su lucha, como en el caso del gobernador chavista del estado de Anzoátegui que reprimió brutalmente a los trabajadores de Mitsubishi Motors, dejando un saldo de dos obreros muertos a manos de la policía, o la amenaza del propio Chávez de coartar el derecho a huelga de los los trabajadores de empresas públicas.

Es necesario superar la traba de las direcciones nacionalistas o “progresistas” que terminan claudicando, para que la clase obrera continental, actuando con sus propios métodos y programa, se ponga al frente de la alianza con los campesinos, los pueblos indígenas y los sectores populares de toda la región, para abrir el camino a su propio poder revolucionario, expulsando al imperialismo y sellando la imprescindible unidad económica y política de nuestros pueblos en una Federación de Repúblicas Socialistas de América Latina.