El pasado lunes 12/7 y luego de un poco más de una semana de negociaciones se reanudó la VII marcha indígena de los pueblos de tierras bajas del oriente boliviano. La misma había arrancado con 13 puntos el pasado 21/6 en rechazo al anteproyecto de autonomías del gobierno. Este proyecto de ley pone en evidencia que las pocas concesiones democráticas a los trabajadores y pueblos oprimidos continúan siendo retaceadas hasta el punto de que la Confederacion de Indigenas del Oriente Boliviano reclama que se cumpla nada menos que el convenio 169 de la ONU. La marcha reclama, junto al derecho de aprobar sus estatutos autonómicos mediante sus propios usos y costumbres, el derecho de decisión sobre los recursos económicos mineros, forestales y otros en sus propios territorios indígenas y, finalmente sobre el mecanismo de distribución de los escaños en la Asamblea Plurinacional.

Evo Morales y sus pactos con el empresariado y las trasnacionales

Evo Morales y el MAS llegaron al gobierno a caballo de los levantamientos nacionales de 2003-2005 presentándose como indígenas descolonizadores y antiimperialistas, pero para contener y desviar el ascenso de las luchas obreras, campesinas y de los pueblos originarios. Como parte de esta política, en 2006 pusieron en marcha una Asamblea Constituyente que en sus mecanismos fundamentales estuvo pactada con la derecha parlamentaria de entonces (PODEMOS), pero que sin embargo se vio obligada a hacer algunas concesiones democráticas como reconocer a los pueblos originarios el carácter de naciones y por lo tanto su derecho a autogobernarse mediante los mecanismos que consideren adecuados y a tomar posesión de los recursos que en los territorios indígenas les corresponderían.

Sin embargo, debido a la política de acuerdos y pactos con el empresariado y las clases dominantes así como la garantía de que las concesiones mineras a empresas petroleras o empresas forestales no serían afectadas, el gobierno retacea aun más los derechos de los pueblos indígenas. De ahí su negativa a permitir que sean los mismos pueblos originarios los que definan sobre el futuro de sus recursos económicos, de ahí que el gobierno nacional exija que toda legislación autonómica deba pasar por el visto bueno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y de ahí la exigencia de que los mecanismos de aprobación de los estatutos sean referendos. De esta manera, todo el discurso de la “interculturalidad” crítica y de respeto a las formas culturales propias de estos pueblos queda vaciado de contenido real.

Un nuevo régimen cada vez menos “popular y democrático”

Sin embargo, si la nueva constitución pactada con la derecha política y regional en octubre de 2008 (luego de la masacre de campesinos de El Porvenir y los chispazos de guerra civil en la asonada autonomista) permitió avanzar y dar pasos cada vez mayores en la construcción del nuevo régimen del “Estado Plurinacional de Bolivia”, su consolidación depende esencialmente de varias leyes -las llamadas “orgánicas”- que establezcan la forma en que se materialicen las instituciones que prevé la nueva constitución. Es así que pese a algunas protestas de las clases dominantes regionales, el gobierno del MAS ha venido dando pasos aprovechando la mayoría parlamentaria que posee para aplicar la nueva constitución en forma cada vez más centralista, condicionando y recortando hasta los derechos que ésta enuncia y retrocediendo de sus promesas anteriores.

El gobierno del MAS, que para encubrir este cada vez más pronunciado giro a la derecha y de integración creciente a las clases dominantes, se ve obligado a mentir, acusando a la marcha indígena de estar financiada por agencias imperialistas como USAID o algunas ONG como el CEJIS, se olvida de que sus ministros fueron miembros prominentes de varias ONG. Este tipo de calumnias políticas fueron sostenidas durante los meses de abril y mayo contra los maestros y fabriles movilizados en oposición al virtual congelamiento salarial, el nuevo código del trabajo y el proyecto de Ley de Pensiones del gobierno. En ese momento, se los acusó de “agentes de la embajada norteamericana” y de estar influenciados por el “contrarrevolucionario trotskismo”, calumnias que estuvieron al servicio de la brutal represión al pueblo de Caranavi con 2 muertos y decenas de campesinos heridos. Hoy, Evo Morales y el MAS empiezan a pagar el costo de sus compromisos con transnacionales, empresarios y terratenientes en su gestión del Estado, al permitir, a cambio de mucha demagogia discursiva y algunas reformas parciales, que la burguesía boliviana pueda sortear las graves crisis sociales que demolieron su institucionalidad y el viejo régimen de la “democracia pactada”.

Por el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas

A estas alturas va quedando cada vez más claro que el discurso “descolonizador” del MAS, apoyándose en “políticas interculturales”, se niega a tocar los intereses latifundistas y de los grandes empresarios, así como afectar los intereses de las clases dominantes que son precisamente las que apuntalan su predominio social con el racismo y la discriminación racial y cultural. Con el programa del indigenismo de colaboración de clases con la burguesía no se pueden resolver los grandes problemas nacionales: ni la liberación del imperialismo, ni la cuestión agraria, ni la situación de los pueblos originarios.

En estos años, hubo una izquierda que se adaptó al discurso indigenista y culturalista, y otra que, rechazando el discurso indigenista, negó sistemáticamente los derechos democráticos de los pueblos originarios. Los trotskistas de la LOR-CI hemos llamado a apoyar las justas y progresivas reivindicaciones democráticas indígenas, contenidas en sus reclamos de Tierra y Territorio, pero ligándolas con las demandas de la clase trabajadora y explicando que no hay posibilidad de resolver los grandes problemas de atraso, pobreza y racismo conciliando con los explotadores sino que sólo en el marco de un programa obrero y popular tienen solución.

Hoy, cuando además de la marcha indígena sigue el descontento entre los fabriles y otros sectores obreros y populares, es necesario que las organizaciones sindicales rompan su subordinación política al gobierno y encabecen la movilización por las legítimas demandas obreras y populares, como son el aumento salarial, por plenos derechos laborales y sindicales para todos los trabajadores, contra el nuevo Código de Trabajo y la Ley de Pensiones, por la tierra y el territorio y por la plena autodeterminación indígena.

Las demandas progresivas de los pueblos originarios sólo pueden ser resueltas efectivamente rompiendo con el imperialismo y realizando una profunda revolución agraria, lo que requiere la movilización de la más amplia alianza obrera, campesina, indígena y popular, hasta imponer un poder de los trabajadores y la aplicación de un programa obrero y socialista.

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