El 1° de Mayo, desde el gran campo gasífero de San Alberto Evo Morales anunció la nacionalización de los hidrocarburos, mientras en La Paz la multitudinaria concentración oficial saludaba la medida y un operativo militar resguardaba las instalaciones petroleras en todo el país. Aunque busque ejercer un derecho elemental de soberanía nacional y es un golpe a las petroleras, se trata de una medida insuficiente, que espera obligarlas a operar en sociedad y bajo control del Estado. Es preciso avanzar hacia la nacionalización integral de los hidrocarburos, sin indemnización y bajo control de los trabajadores.

Llamamos a la más amplia y activa solidaridad latinoamericana e internacional con los trabajadores y el pueblo de Bolivia, contra los pulpos petroleros, el imperialismo y sus agentes locales, como Lula en Brasil -abogado de Petrobras- y Kirchner en Argentina -defensor de REPSOL-YPF-. Y esto, bajo una moción de orden para el movimiento obrero y popular continental: ¡Nacionalización del petróleo! ¡Fuera las transnacionales y el imperialismo de América latina!

El DS 28701 y sus limitaciones

El Decreto establece que “el Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos” (Art.1) y que las empresas “están obligadas a entregar en propiedad a YPFB, toda la producción de hidrocarburos” (Art.2). Para los grandes campos (Margarita y San Alberto), que producen más de 100 millones de pies cúbicos diarios de gas, se redistribuye el valor producido en 18% para las empresas y 82% para el Estado (18% regalías, 32% Impuesto Directo a los Hidrocarburos y 32% participación adicional para YPFB), mientras mantiene para unos 50 campos menores la actual regulación (Art.4). Las acciones de propiedad pública y manejadas por las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) en las tres petroleras capitalizadas pasan a nombre de YPFB (Art.6) y se “nacionalizan las acciones necesarias para que YPFB controle como mínimo el 50% más 1 en las empresas Chaco SA., Andina SA., Transredes SA., Petrobrás Bolivia Refinación SA. y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia SA” (Art.7) -un reducido porcentaje de entre el 3 y el 17% a ser adquiridas por el Estado. En 180 días las empresas deben negociar y migrar a nuevos contratos para seguir operando en estos marcos.

Así, el decreto de Evo Morales no define una nacionalización integral ni expropia a las transnacionales, sino que impone su asociación con el Estado buscando constituir empresas mixtas (49% privados, 51% estatales, de manera similar a un modelo ya adoptado en Venezuela por Chávez) y bajo control de YPFB. Esta medida no es revolucionaria, ni siquiera antiimperialista, sino limitadamente nacionalista. Se mantiene por completo dentro de la legalidad burguesa para permitir que las transnacionales sigan operando, a pesar de la ilegalidad de los contratos con que se apoderaron de los hidrocarburos (nunca ratificados en el Parlamento) e innumerables delitos como contrabando, fraudes fiscales, daños al medioambiente, etc. que por sí solos justifican su expulsión del país.

Una prueba de fuerzas con las petroleras... para seguir negociando

El MAS intenta modificar las reglas del juego para recuperar para el Estado parte de la renta hidrocarburífera que hoy monopolizan las transnacionales, que actúan casi como un “superestado petrolero”. Bolivia posee las segundas mayores reservas de gas a nivel latinoamericano, que fueron enajenadas a Petrobras, REPSOL; TOTAL, British Gas y otras en condiciones leoninas en los años 90. Esto se ha tornado insostenible en tiempos en que además de los cambios en la relación de fuerzas a nivel nacional y regional, el petróleo alcanza los 70 dólares por barril.

Pero a pesar del intento de negociar desde una “posición de fuerza” puede irse a una confrontación con los pulpos y el imperialismo, que consideran vulnerada la “seguridad jurídica” y no quieren un “precedente contagioso” en el corazón de América del Sur. El gobierno del “progresista” Lula ya declaró que consideraba la medida un “acto no amistoso” y el gobierno español expresó su “preocupación”, mientras el precio del petróleo subió casi dos dólares en los mercados internacionales. Al mismo tiempo, Evo se apresta a reunirse con Chávez, Lula y Krichner en Foz de Iguaçu, para “explicar su decreto” y abrir una negociación que indirectamente, involucra también al gobierno español.
Es posible que algunas empresas, como las que operan campos chicos, se avengan a negociar en las nuevas condiciones, pero otras no aceptarán fácilmente un recorte considerable de sus ganancias y su control del negocio gasífero, y pueden impulsar fuertes presiones políticas, comerciales y financieras. También ejercerán dura oposición importantes sectores de la burguesía local que están estrechamente ligados a las petroleras y son parte de la “nueva rosca” empresarial, financiera y terrateniente enriquecida por las migajas de la entrega en los últimos años.

Un giro “semi-nacionalista”

El MAS siempre afirmó que no quería una “nacionalización confiscatoria” , sino “consensuada” pues Bolivia “necesita socios, no dueños”, es decir una renegociación de los contratos con las petroleras y una “asociación estratégica” con ellas. Pero las negociaciones se empantanaron ante la intransigencia de éstas. Al fracasar su política inicial se decidió por una política más dura, aunque bajo el mismo programa estratégico: un neodesarrollismo que apuesta a la colaboración con el capital nacional y extranjero para impulsar un utópico “capitalismo andino”. A diferencia de las nacionalizaciones de la Standard Oil (1938) y la Gulf (1969) que aún siendo medidas burguesas y con indemnización, significaron la constitución de empresas estatales, hoy se busca una explotación mixta del gas, desnudando los límites de la medida de Evo.

Durante sus primeros tres meses el gobierno del MAS mantuvo un rumbo de concesiones a la derecha y sin cambios en la política económica. Así, pactó con los derechistas PODEMOS, UN y el MNR la restrictiva convocatoria una Asamblea Constituyente maniatada y un referéndum autonomista a la medida de las oligarquías regionales. Pero esta política envalentonó a la derecha a “ir por más” con “paros cívicos” en Santa Cruz y Tarija, y comenzó a impacientar a sectores del movimiento de masas, con una primer serie de movilizaciones y paros en abril. Mientras, el gobierno iba quedando en una situación de “impasse” y fricciones internas a sólo dos meses de las elecciones a la Constituyente.

Evo Morales optó por imprimir este viraje, endureciendo las formas pero para seguir negociando, en respuesta al acoso de la derecha y buscando consolidar el apoyo de masas. Así, en un gesto político firmó un “Tratado Comercial de los Pueblos” con Cuba y Venezuela, rompió con la empresa brasileña EBX instalada ilegalmente en Puerto Suárez (pese al paro de esa localidad) y finalmente adoptó el decreto 28701. Mientras convoca a un apoyo popular pasivo, asigna un nuevo rol a las FF.AA. con la intervención a los campos y refinerías, buscando ampliar las bases de sustentación gubernamental al mismo tiempo que lavarles la cara ante el pueblo a las instituciones armadas, masacradoras de febrero y Octubre. Además, se anuncian nuevas medidas para limitar el latifundio, un reducido aumento salarial y la derogación del Art. 55 del nefasto DS 21060, de “libre contratación” de la mano de obra.

Los límites del proyecto masista

A pesar de sus gestos y su discurso nacionalista e indigenista, el gobierno frentepopulista del MAS subordina el apoyo del movimiento de masas a la colaboración de clases con la burguesía y el capital extranjero, en nombre de reformas democráticas y un desarrollo capitalista autónomo que no atacan de raíz las causas del atraso y la pobreza nacional, no rompen con el imperialismo y no pueden satisfacer las necesidades y aspiraciones profundas de las masas del campo y la ciudad.

Por el carácter social pequeñoburgués de su cúpula dirigente -intelectuales de las ONGs, dirigentes burocratizados, empresarios como el ministro Salvador Ric- y su programa reformista, el MAS es incapaz de enfrentar consecuentemente al gran capital y el imperialismo, aún cuando ensaye giros como el actual -con todas sus inconsecuencias y dentro de la misma estrategia de colaboración de clases-. Estos se explican en el marco de las enormes contradicciones de la crisis nacional, con un proceso revolucionario abierto en el levantamiento insurreccional de octubre del 2003, hoy amortiguado pero no clausurado y un movimiento de masas expectante pero que viene de cinco años de formidables luchas en que la demanda de nacionalización del gas se transformó en una gran causa nacional.

Las medidas del gobierno abren una nueva situación, de confrontación con las petroleras y los gobiernos que las defienden, aviva la polarización política con la derecha y los cívicos, y puede generar una mayor movilización de masas que aún confiando en el MAS, tiendan a ir más allá de lo que éste quisiera. No puede descartarse una crisis mayor de cara a la futura Constituyente, como tampoco pueden excluirse nuevos retrocesos del gobierno. La única garantía para avanzar en una verdadera nacionalización de los hidrocarburos, así como para derrotar a la reacción, es la decidida intervención de la clase obrera y las masas campesinas, originarias y populares, junto con la activa solidaridad regional e internacional..

Para consolidar una nacionalización integral: expropiación sin indemnización y bajo control de los trabajadores

A los trabajadores, a los campesinos, pueblos originarios, sectores populares de las ciudades, les decimos: no confíen pasivamente en esta medida insuficiente, para recuperar “100%” el gas:

– Que los trabajadores petroleros asuman la ocupación y el control de todas las instalaciones, campos y refinerías!
– Apertura de los libros de contabilidad y toda la documentación de las empresas! Intervención de las cuentas bancarias!
– Fuera los gerentes y ejecutivos empleados de las transnacionales! Directorio obrero en YPFB, responsable ante los trabajadores!
– Nacionalización sin pago y bajo control colectivo de los trabajadores!

La política del gobierno afecta los intereses del “superestado petrolero”, irrita a la “nueva rosca” empresarial y terrateniente ligada a éste, pero no liquida las fuentes de su poder y sus conspiraciones. Para aplastar a la reacción proimperialista:

– Reforma agraria sobre la base de la liquidación del latifundio! Tierra y territorio para los pueblos originarios!
– Nacionalización del LAB, sin pago, con Asbún a la cárcel y bajo control de los trabajadores! Nacionalización de todas las empresas capitalizadas y la banca!
– Aumento general de salarios, con un mínimo nacional de 1.500 Bs. y trabajo para todos, en base al reparto de las horas de trabajo entre todos los brazos disponibles y un gran plan de obras públicas controlado por los obreros y campesinos y financiado con impuestos a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa!
– Fuera el imperialismo y sus agencias de Bolivia y de toda América Latina!
– Coordinación de la movilización obrera y popular! Por comités, coordinadoras y otros organismos amplios y democráticos para la lucha, preparando una verdadera Asamblea Popular!
– Ninguna confianza en las FF.AA. defensoras de la gran propiedad privada y educadas por el neoliberalismo! Por la autodefensa de masas contra las amenazas reaccionarias, por milicias obreras y campesinas!

Por una estrategia obrera independiente

Hay dos caminos ante la vanguardia: la estrategia frentepopulista del MAS, con las variantes de “apoyo crítico” para presionarlo con la ilusión de que vaya más a la izquierda, sólo puede llevar a derrotas y frustraciones, como en el pasado con el MNR, los generales nacionalistas o la UDP. Frente a ello, hay que defender una estrategia obrera independiente, para que la clase trabajadora encabece la alianza obrera, campesina, indígena y popular con un programa que incluya medidas como las que arriba se plantean, por el poder revolucionario de obreros y campesinos, para abrir el camino a una Bolivia Socialista, en los marcos de una Confederación de Repúblicas Socialistas de América Latina. Para pelear en esta perspectiva hay que forjar una izquierda obrera, socialista, revolucionaria e internacionalista, un nuevo partido de trabajadores revolucionarios.