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Paraguay, 11 campesinos muertos. ¡Basta de represión y militarización contra los sin tierra!

El “progresista” Lugo defiende el latifundio

21/06/2012

Por Diego Dalai

Cientos de campesinos sin tierras que ocupaban unas 2.000 hectáreas de una finca del empresario Blas Riquelme en la localidad paraguaya de Curuguaty fueron salvajemente reprimidos por la policía del presidente “progresista” Fernando Lugo el día 15/6.
El sangriento desalojo se cobró la vida de 11 campesinos, entre ellos uno de sus dirigentes Adelino Espínola, y 6 policías además de decenas de heridos y detenidos (Última Hora, 16/6). El hecho se convirtió en una nueva crisis para el gobierno de Lugo que tuvo que echar a dos de sus mayores colaboradores, el ministro de Interior y el jefe de la policía, y ha redundado en un nuevo avance para la derecha enquistada en todas las instituciones del Estado.

Lucha contra el latifundio…

Esta masacre no es un hecho aislado. En el mes de febrero hubo una gran tensión, que aún continúa, en la zona del Alto Paraná, también en el Este paraguayo, por la lucha del movimiento “carpero” (por las carpas que montan a las puertas o dentro de las fincas de los terratenientes) contra Tranquilino Favero, terrateniente y mayor empresario sojero de Paraguay.
Los sin tierra reclamaban 170.000 hectáreas ilegalmente apropiadas por Favero. Pero se calcula que solo este empresario posee 1 millón de hectáreas en todo el país (Brecha, 3/2/12), la mayor parte de ellas en las zonas más fértiles. Es parte del minúsculo 4% de la población que posee el 85% de las tierras. Una gran parte de estos latifundistas son empresarios brasileros, llamados “brasiguayos” que producen soja para exportar a China. El “oro verde” es la gran locomotora de la economía de los últimos años cuyo PBI sólo en 2010 llegó a crecer 15%.
La contracara de esto son 400.000 familias, indígenas y campesinas pobres, sin tierras y sumergidas en la pobreza que se ven obligadas a migrar a las ciudades (donde vive el 60% de la población total) y hacinarse en las villas miserias. Los que se quedan, sufren el constante hostigamiento de los latifundistas (muchos deben emplearse como peones rurales) y la creciente contaminación del agua y la tierra por los agrotóxicos de la moderna industria sojera. La violencia armada contra los sin tierra, que ejercen los matones de los terratenientes junto a la policía y la impunidad que les da el Estado y su “justicia”, ya se ha cobrado la vida de 77 compañeros entre ellos decenas de referentes campesinos.

…y la “Reforma Agraria” de Lugo

En este marco, el movimiento “carpero” había tomado fuerza a partir de una medida “progresista” de Lugo que pretendía contener la bronca campesina y recuperar legitimidad en un sector que es parte de su base social, que está harto de esperar cambios reales y exige que el presidente cumpla sus promesas de campaña. La medida consistía en marcar los límites hasta donde se pueden vender tierras a extranjeros (hasta 50 km de la frontera) y exigir los títulos de propiedad de las vastas extensiones para comprobar su “legitimidad”. Se calculan en 8 millones de hectáreas las “tierras malhabidas”.
Pero las grandes propiedades “legalmente documentadas”, no se tocaban en absoluto. Por el contrario, una vez realizada la demarcación se terminan legalizando los grandes latifundios. En concreto, consistía en una limitada restricción a la libre apropiación y expoliación de tierras y recursos que realizan los terratenientes y agroempresarios nacionales y extranjeros desde hace décadas. A esta tímida medida que mantiene la herencia latifundista de la sangrienta dictadura de Stroesner (1954-1989), el gobierno de Lugo la presentaba como la “Reforma Agraria” que tanto había prometido antes de ganar las elecciones con el apoyo fundamental de los movimientos sociales en particular del campo.

Pero poco le duró la “Reforma Agraria” a Lugo. Los latifundistas rápidamente salieron a enfrentar el “atropello” y reforzaron sus guardias blancas. Son bandas armadas de matones contratados en forma directa por los terratenientes para expulsar y amedrentar a los sin tierras. Cuentan con la “vista gorda” de la policía, los militares y funcionarios de los gobiernos tanto locales y como el nacional. Por su parte, la diplomacia de Itamaratí, de la también “progresista” presidenta brasilera Dilma Rouseff, se movió rápidamente a través de su embajador en Paraguay exigiendo seguridad para sus ciudadanos (hay casi medio millón de brasileros radicados en tierra guaraní). ¿Resultado? Lugo suspendió sin fecha la “demarcación” y garantizó la “seguridad” y “respeto” a la propiedad privada. Así la “reforma agraria” de Lugo no duró ni dos semanas y no tuvo ningún resultado concreto.

Pero el movimiento de los sin tierra ya estaba en marcha, aún lo está y será difícil desmontarlo, como demuestra la ocupación en Curuguaty que la policía del ex Obispo reprimió a sangre y fuego.

El latifundio, sostén del capitalismo local

En Paraguay, la reforma agraria es una demanda histórica de los campesinos pobres y los pueblos originarios contra uno de los mayores flagelos del capitalismo paraguayo: el latifundio. Esta actividad, que hoy está orientada centralmente hacia la producción de soja transgénica (y en menor medida de ganado), es una de las bases de la economía junto a la exportación de energía eléctrica y el negocio maderero. Miles de empresarios, sobre todo brasileros, toman legal o ilegalmente tierras fiscales, las desmontan haciendo un primer jugoso negocio vendiendo la madera del bosque chaqueño (continuación del Amazonas que se extiende por Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia), y luego son destinadas al pastoreo de ganado (Paraguay es el 9no exportador mundial de carne) y la plantación de soja (4to productor mundial). En este perverso proceso los capitalistas desplazan a las comunidades indígenas y campesinas que tratan de sobrevivir en la pobreza y además contaminan con agrotóxicos el entorno de las tierras que ocupan. Alrededor de 100.000 familias de pueblos originarios se encuentran amenazadas por la extensión del latifundio en el Chaco y el Este paraguayos.

Este proceso comenzó hace décadas con la sangrienta dictadura de Stroessner que vendió millones de hectáreas a precio de remate (un dólar la hectárea) y regalaba a sus soldados 10 hectáreas cuando terminaban sus servicios, tierras que éstos vendían a empresario y terratenientes. Así el latifundio pasó a ser parte fundamental de la estructura capitalista semicolonial paraguaya orientada hacia la exportación de alimentos y energía (Paraguay es el 2do exportador mundial de energía eléctrica).

Lugo, apariencia y realidad

En realidad, el gobierno del ex Obispo nunca pasó de un “progresismo de palabra” que en los hechos no aplicó ninguna medida para resolver los problemas sociales a favor del pueblo pobre y trabajador. Era una figura “renovadora” porque se había mantenido por fuera de las estructuras de los partidos tradicionales y en 2006 había estado al frente de las movilizaciones contra el intento de reelección del odiado presidente colorado Nicanor Duarte. Pero nunca fue más allá de eso. En el plano político, mantuvo intacto todo el andamiaje del régimen “democrático” surgido de la dictadura de Stroessner. Tal es así que ya en 2008, para triunfar en las elecciones, se alió con el Partido Liberal (PLRA, del vicepresidente Federico Franco) un partido burgués tradicional que siempre convivió con los colorados, tanto en la dictadura como en los años neoliberales de los ‘90. Este partido, históricamente segunda fuerza después de los colorados, tiene el apoyo de muchos terratenientes y patrones y es parte del viejo régimen. Subíendose al carro del “cambio” negoció con Lugo facilitarle su aparato nacional (indispensable para evitar el fraude) a cambio de la vicepresidencia y la mayoría de los ministerios. Como se ve, nada distinto al funcionamiento de los partidos tradicionales.
Cabe aclarar que antes de lanzarse a la carrera por la presidencia, Lugo fue durante muchos años un alto miembro de la jerarquía de la Iglesia Católica que está furiosamente en contra del derecho al aborto bajo cualquier circunstancia, del sexo extramatrimonial, del uso del preservativo y un largo etcétera de concepciones oscurantistas. Durante la propia campaña electoral (ya por fuera de la Iglesia) siguió defendiendo públicamente esas ideas reaccionarias.
Pocos meses después de asumir, este “progresista” lanzó el mayor operativo policial-militar que se recuerde en la historia reciente. Durante 3 meses miles de efectivos rastrillaron los departamentos Concepción y San Pedro donde supuestamente operaba una guerrilla denominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). No encontraron nada, pero militarizaron la región y detuvieron a varios militantes campesinos que luego denunciaron torturas (M. Fassi, 2010).

La derecha aprovecha la crisis

El régimen político paraguayo mantiene una fuerte derecha, otra herencia de la dictadura, que controla no sólo el Congreso donde tienen una cómoda mayoría, sino fundamentalmente las fuerzas represivas, los grandes medios de comunicación y hasta las propias instituciones estatales y de gobierno. Es que el dictador Stroessner, por medio del histórico Partido Colorado, creó un régimen que prácticamente fusionaba las FFAA, las demás instituciones del estado y la organización partidaria, todo controlado firmemente por él y su entorno más estrecho. Los gobiernos colorados que sustituyeron a la dictadura a partir de 1989 con una restringida democracia basada en el fraude electoral, la extorsión y corrupción (en tiempos de Stroesner por ejemplo, para conseguir trabajo uno debía presentar su carnet de afiliado al Partido Colorado) mantuvieron intacto todo el sistema construido por el dictador. De esta forma, la burguesía mantuvo su control con un extendido aparato en todo el país.
El asenso de Lugo en 2008 fue la expresión de que esa herencia de la dictadura estaba en crisis y totalmente deslegitimada frente a las masas. El régimen necesitaba “oxigenarse” frente al hartazgo de millones y el riesgo de un desarrollo de la movilización. Esto permitió que una figura aislada y sin partido, pero libre de la pesada imagen de corrupción que rodea a los políticos tradicionales, lograra atraer el apoyo de amplios sectores de las masas desposeídas, de los movimientos sociales y los sindicatos. Esta figura de recambio fue el ex Obispo Lugo quien armando una precaria coalición de partidos (basada en el Partido Liberal del vicepresidente Franco) ganó las elecciones presidenciales, terminando con más de 60 años de gobiernos colorados.

Pese a que Lugo nunca apuntó contra los intereses capitalistas ni intentó desarmar la estructura del régimen político heredado de la dictadura, ni siquiera rompió los acuerdos con Estados Unidos para el uso de una base aérea en el Chaco, la derecha representada por el Partido Colorado y UNACE (del golpista Lino Oviedo) le “hizo la guerra” desde le primer momento. Intentó paralizar y desestabilizar su gobierno principalmente bloqueando cada proyecto de ley desde el Congreso, estrechando su alianza con los hacendados y burgueses frente a cualquier intento de limitar sus negocios y aprovechando (y hasta a veces inventando) los escándalos maritales protagonizados por el ex Obispo. En este intento permanente de desgastar al presidente, contribuyó incluso el PRLA y Franco en particular quien siempre manifestó estar dispuesto a “asumir la presidencia cuando sea necesario”.

Ahora, ni bien se conoció la noticia de la sangrienta represión en Curuguaty, la derecha que controla el Congreso, pidió el juicio político contra Lugo. Agitaron a los cuatro vientos que el presidente era incapaz de controlar la situación y que no había combatido al supuesto EPP que ahora estaba infiltrado entre los campesinos. Más tarde se demostró por las propias investigaciones policiales que eso era una farsa total. Por su parte, el empresario Blas Riquelme (que amasó su fortuna durante la dictadura) declaró "no vamos a ceder, vamos a usar todas nuestras fuerzas para que prime el derecho a la propiedad privada”.

El “progresismo” cede

Lugo, una vez más, cedió a la derecha y terminó defendiendo los intereses de los terratenientes y empresarios. Enseguida dio su “respaldo total” a la policía que “procedieron de acuerdo a la Constitución y la Ley” y envió más tropas del ejército. Luego, para descomprimir la presión del Congreso, echó al ministro del Interior y al jefe de la Policía que eran sus aliados, y puso en su lugar a hombres de confianza de la derecha como el nuevo ministro del Interior, Rubén Candia Amarilla, del Partido Colorado, amigo del anterior presidente derechista Nicanor Duarte Frutos y ex miembro del Grupo de Acción Anticomunista creado en los ’80 en los últimos tiempos de la dictadura. El nuevo jefe de policía declaró por su parte que iban a “pacificar la región” siguiendo las órdenes de Lugo.
Estas primeras consecuencias del sangriento desalojo a los sin tierra constituye un claro triunfo para la derecha.

Por una estrategia obrera independiente

El de Lugo es un “reformismo sin reformas” donde ninguno de los grandes problemas sociales y políticos ha sido resuelto. Su política de conciliación de clases, como se viene demostrando, termina fortaleciendo en los hechos a los elementos reaccionarios que van ganando terreno de cara a las elecciones de 2013.

Las corrientes reformistas y populistas (como el Partido Comunista Paraguayo y otras) que apoyan este tipo de gobiernos “progresistas” cada vez más quedan “en orsai” frente a la creciente contradicción entre la lucha de las masas y los gobierno que, con discursos progres, defienden los intereses capitalistas. Es el caso, por ejemplo del Frente Darío Santillán de Argentina que ha repudiado la represión en Curuguaty pero sin decir una palabra de que el principal responsable es el presidente Fernando Lugo.

Nos solidarizamos con la lucha indígena y de los campesinos pobres por la tierra y repudiamos la represión y militarización de las regiones.
Sólo la movilización independiente de las masas, donde la clase obrera está llamada a aglutinar a los millones de explotados y oprimidos de las ciudades y el campo, puede enfrentar seriamente a la oligarquía terrateniente y la gran burguesía e imponer una salida revolucionaria, obrera y socialista.

El proletariado y las masas pobres de Brasil y Argentina son sus hermanos de clase, entre los cuales viven y trabajan (en las peores condiciones) cientos de miles de emigrantes paraguayos. La unidad de la clase obrera por sobre las fronteras nacionales es la clave para echar al imperialismo y los monopolios, vencer a las propias burguesías locales y sentar las bases de una nueva sociedad verdaderamente libre, sin explotados y explotadores, el socialismo. Ese es nuestro norte.

20-06-2012

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